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Derechos fundamentales del acusado

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Los derechos más elementales del acusado se detallan en las primeras diez enmiendas de la Constitución estadounidense. Esta parte de la Constitución se conoce como el "Bill of Rights."

La cuarta enmienda describe algunas de las protecciones más importantes. Aquí se establece que las personas están protegidas contra los allanamientos y las confiscaciones injustificadas de parte del gobierno. Además, dispone que la policía no puede emitir una orden de arresto sin tener causa probable y que no "estén ratificadas mediante juramento o declaración solemne, y describan específicamente el lugar que debe ser allanado y las personas o cosas que han de ser detenidas o confiscadas".

La quinta enmienda otorga a las personas no sólo el derecho a negarse a incriminarse a sí mismas, sino también el de presentarse ante un gran jurado. Además, garantiza que ninguna persona puede ser acusada dos veces del mismo delito "ni ser privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal".

La sexta enmienda garantiza el derecho a un juicio frente a un jurado de pares en una manera oportuna. También establece que el acusado "debe ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación" que está enfrentando. Entre otras protecciones de la sexta enmienda estan: el derecho a enfrentar a testigos que declaren en contra del acusado; el derecho a que se "se obligue a presentarse" a aquellos testigos que han de declarar a favor de éste, y el derecho a contar con el consejo de un abogado.

La séptima enmienda garantiza un juicio por jurado en determinadas circunstancias, y la octava enmienda prohíbe la imposición de fianzas excesivas o castigos que sean crueles e inusuales.

Todos estos derechos se reinterpretan constantemente. Y, en algunos casos, se amplían o se limitan, según las nuevas decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Uno de los casos más importantes de la Corte Suprema que garantiza los derechos fundamentales de una persona acusada es el de Miranda contra Arizona. Con ésta decisión, la Corte declaró que, al arrestar una persona, el oficial de policía debe de explicarle sus derechos, conocidos en inglés como "Miranda Rights", informándole lo siguiente:

  • Tiene derecho a permanecer callado.
  • Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal.
  • Tiene derecho a ser representado por un abogado.
  • Si no puede pagar un abogado, se le designará uno.

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