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Sistema de justicia juvenil

         
Cuando un menor es acusado de cometer un delito penal o un delito que resulta de una condición (status offense), el funcionario responsable de recibir a los juveniles en el tribunal de menores decide cómo procederá a través de las etapas del sistema de justicia penal. El funcionario evalúa muchos factores, como por ejemplo:

  • El grado de probabilidad de que el joven haya cometido el hecho.
  • La gravedad de la ofensa o el nivel de violencia del hecho. Por ejemplo, ¿es la primera vez que se ausenta de la escuela?
  • La posibilidad de que el menor haya tenido algún contacto previo con el sistema de justicia juvenil que justifique una medida severa, como por ejemplo la libertad probatoria o presentar una solicitud de supervisión en un tribunal de menores.
  • La necesidad de que el menor sea detenido temporalmente en un centro de justicia juvenil.
  • Los posibles beneficios de presentarse ante un tribunal especializado.
  • La aplicación de medidas extrajudiciales o la utilización de programas alternativos como la respuesta adecuada al caso. Por ejemplo, si un menor fue visto destruyendo la propiedad de una persona, ¿el tribunal debería exigirle al menor que indemnice a la víctima por los daños y que también asista a sesiones deterapia?

 
Si la parte denunciante no es uno de sus padres, cuando el menor es llevado al interrogatorio, es necesario contactar al padre que tiene la custodia del menor o al tutor. Durante las primeras 24 horas en custodia, el menor debe presentarse ante un oficial de libertad probatoria, juez o árbitro judicial. A esto se le llama comparecencia inicial o preliminar.

Incluso, si un oficial de policía o un funcionario escolar presenció el acto ilícito, existe la posibilidad de que el menor sea liberado, con la condición de que regrese para la audiencia de adjudicación en el tribunal de menores. Si el tribunal decide que el menor debe ser juzgado, se debe realizar una audiencia de detención. En algunos estados, esta audiencia debe celebrarse antes del segundo día hábil luego de la detención del menor.

¿Juzgado como adulto o como menor?

Una vez que se solicita la petición, el juez o árbitro judicial debe decidir si el joven será juzgado ante un tribunal de menores o si será sometido a una audiencia de transferencia o de renuncia de jurisdicción con el fin de establecer si el caso debe ser tratado en el sistema de justicia penal de adultos.

Cuando las autoridades del tribunal de menores deciden transferir un menor a un tribunal de adultos, generalmente analizan los siguientes criterios establecidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Kent contra Estados Unidos:

  • ¿Ha cometido algún delito anteriormente?
  • ¿Fue el presunto delito un acto intencional cometido de manera violenta?
  • ¿Se beneficiaría más con la rehabilitación que ofrecen los tribunales de menores o las disponibles en los tribunales de adultos?
  • ¿Cuán grave fue el delito? ¿La seguridad de la comunidad exige que el menor sea juzgado por el sistema judicial de adultos?
  • ¿Se trata de un delito contra la propiedad o contra una persona? Si el delito fue cometido contra una persona, es más probable que el menor sea juzgado por el tribunal de adultos cuando la víctima sufrió lesiones físicas.
  • ¿Qué grado de madurez social tiene el menor? ¿Vivía solo y se mantenía económicamente en el momento de cometer el delito?
  • ¿Qué grado de madurez y qué rasgos de personalidad tienen las personas que presuntamente cometieron el delito con el menor? Si se trata de adultos, es probable que el tribunal considere que lo más justo sería juzgar a todos los delincuentes en un tribunal de adultos.
  • ¿El acusado tiene posibilidad de ser declarado culpable si es juzgado en un tribunal penal de adultos?

 

Un menor juzgado como adulto puede:

  • Ser declarado inocente y liberado, o se puede establecer que no se reúnen las pruebas suficientes para continuar el juicio u otro procedimiento legal.
  • Aceptar una declaración de culpabilidad ofrecida por el fiscal o procurador del estado. En la mayoría de los casos, la “declaración de culpabilidad” consiste en que el acusado se declare culpable a cambio de recibir una condena más leve.
  • Ser declarado culpable y recibir una condena de libertad probatoria o ser enviado a un programa alternativo apropiado, como por ejemplo rehabilitación de drogas.
  • Ser declarado culpable y condenado a cárcel o prisión.
  • Ser declarado culpable y recibir una “sentencia determinada” (blended sentencing). Esto ocurre cuando un menor es juzgado por un tribunal de adultos pero tiene derecho a recibir un castigo como menor o cuando es juzgado por un tribunal de menores pero es elegible para recibir una condena de adultos.

Sentencia determinada (blended sentencing)

 

La sentencia determinada se utiliza cuando las opciones del sistema judicial de adultos y de menores, analizadas por separado, resultan inadecuadas o incorrectas. Por ejemplo, si un menor cometió varias agresiones agravadas y las víctimas sufrieron lesiones importantes, es probable que el tribunal de menores decida que no puede satisfacer adecuadamente las necesidades de rehabilitación del menor ni garantizar el derecho de la sociedad a ser protegida de ese menor.

Un tipo de sentencia determinada le permitiría al menor pasar los primeros años de encarcelamiento en un correccional de menores. En el momento de la audiencia de liberación oficial, el estado podría:

  • Liberar al menor si considera que está completamente rehabilitado.
  • Decidir que debe permanecer en un correccional de menores hasta cumplir 21 años de edad. En ese momento, se realiza otra audiencia para ser liberado o transferido al sistema correccional de adultos por el resto de la condena.

Los delincuentes menores de edad y la pena de muerte

 

A pesar de las discusiones basadas en la octava y en la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíben los castigos crueles e inusuales, la pena de muerte se aplicaba a menores hasta hace muy poco, durante la última década. En marzo de 2005, la Corte Suprema, en el caso de Roper contra Simmons, anuló la pena de muerte para personas menores de 18 años que cometen actos de violencia.