OPINION: La Corte Suprema evita riesgos al rechazar la pena de muerte por violación de menores

Jeff Stanglin, J.D.

3 de julio de 2008

Indudablemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha inclinado hacia el conservatismo durante los últimos 20 años. Pero, los casos de pena de muerte representan, en gran parte, una excepción. En los últimos seis años, la Corte ha prohibido la ejecución de menores de edad y discapacitados mentales al dictaminar que dichas ejecuciones violan la prohibición de castigos crueles e inusuales establecida por la octava enmienda. Utilizando este mismo fundamento, en el caso Kennedy contra Louisiana, la Corte reprendió el 25 de junio a una asamblea legislativa muy impaciente al dictaminar que los estados no pueden ejecutar a una persona culpable de violar a un menor.

Este caso tendrá consecuencias de tamaño monumental. En primer lugar, la decisión de la Corte detuvo la ejecución pendiente de una persona culpable de un crimen que no produjo una muerte. En segundo lugar, evitará que el poder legislativo apruebe más leyes que autoricen la pena capital por delitos que no sean homicidios, lo cual hubiera sido la consecuencia inevitable si la Corte hubiera llegado a otra conclusión sobre este caso.

Los “originalistas” de la Constitución (aquellos que insisten que la Constitución tiene exactamente el mismo significado que hace 200 años) rechazan el análisis de la Corte en casos de pena de muerte. Esto se debe a que la razón de la Corte en prohibir ciertas ejecuciones depende de “los cambiantes estándares de la decencia que señalan el progreso de una sociedad en desarrollo”. Por lo tanto, lo que puede no haber sido considerado un castigo cruel e inusual en 1971 (cuando se ratificó la octava enmienda) puede serlo en la actualidad.

En consecuencia, el fallo de la Corte expresa la idea de que es atroz que el estado de una sociedad iluminada mate a una persona por un crimen que no produjo una muerte. La Corte expresó la misma idea en 1977 cuando se negó a condenar a pena de muerte a un hombre culpable de violar a una mujer adulta en el caso Coker contra Georgia.

Si la Corte hubiera fallado en forma diferente en el caso Kennedy, se hubiera comprometido la decisión de la Corte en el caso Coker. El poder legislativo hubiera tenido luz verde para aprobar leyes que impongan la pena de muerte por delitos que no son homicidio, argumentando a los constituyentes que la muerte es el castigo adecuado para una persona que comete cualquier crimen violento, independientemente de si implican violación u homicidio. Y con una corte conservadora, esas nuevas leyes podrían haber logrado la aprobación constitucional.

Sin embargo, afortunadamente la Corte ha establecido un límite y ha extendido el alcance de lo que rechaza la octava enmienda. Por lo tanto, al menos por ahora, el razonamiento de la Corte continúa siendo el mismo respecto de los casos de pena de muerte: se permite imponer la pena capital únicamente en los delitos de homicidio. Esto significa que los castigos deben ser adecuados para los delitos cometidos. Hasta que la Corte no dictamine que la octava enmienda no permite la pena de muerte en ningún caso (si es que alguna vez falla de esa forma), la pena capital debe reservarse para los homicidios más graves. No debe imponerse por otros delitos de acuerdo con las leyes que fueron escritas tras argumentos vehementes de los legisladores, quienes deben aparentar ser “severos respecto de los delitos” si quieren conservar sus puestos.

La violación es un acto atroz, y la violación de menores es aún peor. Suele generar traumas físicos y psicológicos irreparables que perduran en la víctima por el resto de su vida. Pero este caso no se trataba de la violación de menores. Se trataba de que la Corte reconociera que matar a una persona por un acto que no fuera homicidio implicaría una regresión en nuestros valores sociales y nos dejaría haciendo equilibrio al borde de una cuesta resbalosa y peligrosa.

Jeff Stanglin es un escritor independiente en Dallas. Previamente ejerció el derecho penal y el derecho de lesiones personales en Texas.

Referencias

Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).

Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).

Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958).