El consentimiento implícito sigue la lógica de que el privilegio de conducir un vehículo por la carretera concede el derecho a los agentes de policía de someter a pruebas a aquellos sospechados de estar conduciendo bajo los efectos de alcohol o drogas. En muchos estados, negar el consentimiento puede traer aparejadas penas obligatorias, como la suspensión del registro por un período de hasta un año, o penas más rigurosas si la persona es condenada por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.