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Confiscación

La confiscación, la apropiación por parte del gobierno de bienes relacionados con una actividad ilegal, ha sido una de las armas principales en la guerra del gobierno federal contra las drogas desde la década del ochenta. Se trata de un poderoso elemento disuasivo y, a su vez, una fuente de ingresos de la que depende, cada vez más, el sistema de aplicación de la ley. Sin embargo, es un procedimiento que tiene muchas menos garantías procesales que el derecho penal.

La mayoría de las actividades de confiscación se encuadran en la ley federal y gran parte está relacionada con el tráfico de drogas ilegales. El Departamento de Justicia creó el National Assets Seizure and Forfeiture Fund en 1985 y reunió $27 millones a partir de confiscaciones relacionadas con drogas durante ese año. Para el año 1992, la suma total confiscada había ascendido a $875 millones. Muchos estados siguieron el ejemplo y crearon sus propios programas civiles de confiscación. Las ciudades y otros gobiernos municipales cooperaron con las medidas de confiscación conforme a las leyes sobre drogas, tanto federales como estatales. Utilizaron dichas leyes para tratar temas locales: desde viviendas inseguras hasta la prostitución y ahora también el problema de los conductores en estado de ebriedad.

La facultad de confiscar propiedades de esta manera no es inherente. Por el contrario, se establece por ley. Está limitada por las leyes que otorgan esa facultad y por la Constitución de los Estados Unidos. La expansión de la actividad de confiscación propone constantes desafíos constitucionales. La Corte Suprema se ocupó, como mínimo, de media docena de casos de confiscación durante la década del noventa, pero sus fallos no lograron establecer una dirección en este aspecto. Este breve estudio sobre la ley de confiscaciones se basa en estos fallos de la Corte. La introducción a las disposiciones legales esenciales se centra en las leyes federales. Las disposiciones estatales y locales tienden a ser similares.

La confiscación puede ser penal o civil. En la actualidad, casi todas las confiscaciones son civiles. La confiscación penal funciona como castigo de un delito. Por lo tanto, requiere una condena y la posterior incautación por parte del estado de los bienes en cuestión del delincuente. La confiscación civil se basa en el concepto legal (una ficción jurídica) de que la propiedad misma, y no el propietario, ha violado la ley. Por ende, el procedimiento se realiza contra el objeto o la cosa implicada en alguna actividad ilegal, especificada por la ley. A diferencia de la confiscación penal, la confiscación in rem no requiere una condena ni un cargo penal oficial contra el propietario. Aquí radica la fuente de su atractivo para los encargados del cumplimiento de la ley y, a su vez, la amenaza para aquellos preocupados por resguardar las protecciones constitucionales.

El contenido de esta página fue desarrollado junto con el Instituto de Información Legal de la Facultad de Derecho de Cornell.

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