LA SEXTA ENMIENDA

La sexta enmienda  de la Constitución de los Estados Unidos establece cinco principios en relación con los derechos del acusado en un juicio penal: el derecho a un juicio rápido y público, el derecho a ser juzgado por un jurado imparcial, el derecho a ser informado sobre los cargos, el derecho a convocar a testigos y enfrentarlos, y el derecho a un abogado.

JUICIO RÁPIDO Y PÚBLICO

Todo acusado tiene derecho a un juicio rápido. Aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos no trata esta cuestión con frecuencia, toma como referencia una prueba que se centra en cuatro aspectos, a fin de determinar si el derecho de un acusado a un juicio rápido ha sido violado. Estos cuatro aspectos son: la duración de la demora, los motivos de ésta, si el acusado hizo valer su derecho y de qué manera lo perjudicó la demora.

Además, la Corte Suprema ha dictaminado que, cuando se viola el derecho de un acusado a un juicio rápido, el único recurso correcto es la desestimación total de los cargos. Como se trata de un recurso extraordinario, los casos en los que un tribunal determina que este derecho ha sido violado son casi inexistentes.

Con respecto al requisito del juicio público, la Corte Suprema ha dictaminado que este derecho tiene limitaciones. Por ejemplo, se justifica que un tribunal limite el acceso a un juicio cuando existe la posibilidad de que la publicidad perjudique el derecho al debido proceso que tiene todo acusado. Además, un acusado puede solicitar un juicio a puertas cerradas. En este caso, debe demostrar que un juicio público perjudicaría su derecho a una audiencia justa y que no existen opciones razonables que puedan garantizar un juicio justo. Debido al requisito de la sexta enmienda y a las circunstancias inusuales que justifican un juicio a puertas cerradas, este tipo de juicio es poco común.

JURADO IMPARCIAL

En la mayoría de los juicios, el acusado tiene derecho a un jurado. Sin embargo, si el delito conlleva una condena de seis meses o menos, el acusado puede ser juzgado sólo por un juez. No obstante, en muchos estados se lleva a cabo el juicio por jurado, independientemente del delito o del castigo.

El acusado tiene derecho no sólo a un jurado, sino también a que ese jurado sea imparcial. Fundamentalmente, esto significa que los miembros del jurado deben ser imparciales y que el grupo de personas del cual son seleccionados (lista de candidatos a miembros del jurado) debe representar a los distintos estratos de la comunidad.

Durante el proceso en el que se interroga al jurado, conocido como voir dire, tanto la fiscalía como la defensa pueden hacer preguntas a los potenciales miembros del jurado, cuyas respuestas podrían revelar parcialidad. Los miembros del jurado que demuestren ser parciales pueden ser excusados del juicio “con causa”.

Además, las partes pueden ejercitar la recusación sin causa un número limitado de veces, lo que significa que pueden rechazar la participación de un potencial miembro del jurado sin causa alguna. Sin embargo, la Corte Suprema ha dictaminado que las recusaciones sin causa no pueden basarse en la raza o el género.

NOTIFICACIÓN DE LOS CARGOS

El requisito que establece que un acusado debe ser notificado de la “naturaleza y causa de la acusación” significa simplemente que el gobierno debe presentar formalmente cargos contra el acusado. En el caso de un delito grave, esto se lleva a cabo mediante una acusación formulada por el gran jurado, que consiste en una descripción detallada de los cargos contra el acusado. Generalmente, la acusación formal presentada por el gran jurado se lee en audiencia pública, y el juez le pregunta al acusado si la entiende.

En los casos de delitos menores, en general, la acusación formal de cargos la hace un fiscal. El proceso es similar a los casos en que interviene el gran jurado: la acusación formal se lee al acusado en audiencia pública.

Según este requisito constitucional, las acusaciones formales presentadas por el gran jurado y por el fiscal deben ser específicas y establecer todos los elementos del delito que se le imputa a la persona.

CONVOCAR A TESTIGOS Y ENFRENTARLOS

Esta sección de la enmienda se denomina “cláusula de confrontación”. Todo acusado debe tener la oportunidad de enfrentar a los testigos que declaren en su contra y hacerles repreguntas, para asegurarse de que se respete su derecho al debido proceso y que se tome declaración a los testigos en audiencia pública, a diferencia de los testimonios de oídas, cuya exactitud no puede determinarse.

A un acusado también se le permite convocar a testigos que declaren a su favor. Muchos testigos de la defensa se presentan voluntariamente. Sin embargo, si los acusados temen que algún testigo no se presente, pueden solicitar al tribunal que le envíe una cédula de citación judicial.

EL DERECHO A UN ABOGADO

La quinta enmienda (al establecer que al arrestar a una persona, el oficial de policía debe leerle sus derechos) y la sexta enmienda le otorgan a un acusado el derecho a un abogado. Sin embargo, el requisito de la sexta enmienda sólo “aplica” una vez que la persona haya sido acusada de cometer un delito.

Por ejemplo, si una persona es arrestada por violación de domicilio y pasa las siguientes 24 horas en prisión, luego de transcurrido este tiempo, se la lleva ante un juez y se le informan los cargos en su contra y sus derechos. Recién después de estos procedimientos judiciales, la persona tiene derecho a un abogado. Según la sexta enmienda, antes de dichos procedimientos, la persona no tiene este derecho.

Después de varios años, la Corte Suprema dictaminó que todo acusado tiene derecho a un abogado y que los tribunales inferiores deben designarles abogados a los acusados pobres. Aunque hoy en día ésta es esencialmente la norma, existe una excepción: si el delito del que la persona está acusada no conlleva condena de encarcelamiento, ésta no goza del derecho constitucional a un abogado. Sin embargo, muchos estados designan un abogado para todos los acusados, aunque el delito no conlleve este tipo de condena.

Dado que se les garantiza un abogado a la mayoría de los acusados, la Corte Suprema ha dictaminado que los abogados deben ser razonablemente eficientes al representarlos. Demostrar que un abogado fue ineficiente es difícil, ya que se supone que los abogados siguen una estrategia judicial efectiva al representar a un acusado.

Por eso, si un acusado quiere demostrar que su abogado no tuvo un desempeño eficaz, debe demostrar que (1) su abogado fue ineficiente y que (2) dicha ineficiencia no permite suponer que haya seguido una estrategia judicial efectiva y, (3) que si no fuera por el mal desempeño del abogado, probablemente el resultado hubiese sido diferente. Aunque se han anulado casos por la representación deficiente de un abogado, esto muy rara vez sucede.

Finalmente, la Corte Suprema ha dictaminado que un acusado tiene derecho a representarse a sí mismo; sin embargo, un juez puede rechazar la solicitud si el acusado sufre una enfermedad mental o si, por otra razón, se lo declara incapaz de defenderse a sí mismo. Si un acusado solicita representarse a sí mismo, el juez debe advertirle sobre los riesgos y desventajas de hacerlo.