OPINION: Derechos de matrimonio y el mito de los jueces activistas

Por Linda Holmes, abogada

Ayer fue el primer día en que las parejas del mismo sexo tuvieron permiso para casarse en California. La decisión de la Corte Suprema de California que les otorga este derecho, denominada imparcialmente En referencia a casos de matrimonio, ha iniciado (o reiniciado) debates sobre la privacidad, la familia y los derechos civiles. Pero también ha iniciado otra ronda de discusiones sobre los “jueces activistas”.

En este caso, la Corte concluyó que la ley de California que otorgaba a las parejas del mismo sexo casi todos los mismos derechos legales que a las parejas heterosexuales, pero denominaba “matrimonios” a las uniones de parejas heterosexuales y “sociedades domésticas” a las uniones de parejas del mismo sexo, violaba la constitución estatal por dos motivos: la ley privaba a los gais y a las lesbianas de su derecho fundamental a casarse que fue establecido en muchos otros casos, y los discriminaba debido a su orientación sexual violando la cláusula estatal de igualdad de protección.

El sitio ProtectMarriage.com, manejado por los partidarios de una iniciativa electoral inminente para enmendar la constitución de California a fin de prohibir el matrimonio homosexual y anular la decisión de la corte, demuestra que la enmienda se está fomentando como una defensa contra las acciones ilegítimas de la corte, más que como una auténtica buena idea. Lo que se destaca es que la corte ha actuado en forma antidemocrática: cuatro jueces contra de la voluntad del pueblo.

La controversia radica en que la autoridad legítima para anular la legislación es el único aspecto que no se le puede cuestionar a la Corte. Qué constituye una clase discriminada, qué constituye una causa apremiante y cuáles son los límites del derecho fundamental al matrimonio son preguntas abiertas. Pero la cuestión que plantea si un tribunal actúa imprudentemente o excediendo su autoridad al anular la legislación que fue democráticamente promulgada se resolvió hace más de 200 años.

Rara vez se vuelve a sostener una revisión judicial en forma directa, pero un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos logró establecerla. En 1803, en el caso Marbury contra Madison, el Juez Marshall, presidente de la Corte Suprema, manifestó lo siguiente:

Si existe discrepancia entre dos leyes, los tribunales deben determinar el alcance de cada una. Por lo tanto, si una ley se contradice con la constitución, si tanto la ley como la constitución se aplican a un caso en particular, por lo que el tribunal debe decidir si pronunciarse sobre el caso conforme a la ley sin tener en cuenta la constitución o conforme a la constitución sin tener en cuenta la ley, el tribunal debe determinar cuál de estas normas en conflicto regula el caso. Esta es la esencia del deber judicial.

Sin intención de arruinar el suspenso, Marshall concluyó que todo conflicto debe resolverse conforme a la constitución, “sin tener en cuenta la ley”.

Este es precisamente el principio que ProtectMarriage.com ridiculiza: la Corte (en este caso, los cuatro jueces que conforman la mayoría de la corte) no sólo puede sino que debe pronunciarse sobre un caso “conforme a la constitución, sin tener en cuenta la ley” cuando existe una discrepancia entre ellas. Y la Corte tiene el deber de decidir en qué casos existe discrepancia. Cuatro jueces contra la voluntad del pueblo. Y aunque que la decisión de la corte de California se apoya en la constitución estatal en lugar de la constitución federal, el concepto de que la corte puede invalidar legítimamente una ley promulgada no es menos aplicable.

La revisión judicial no sólo es legítima sino que también tiene un historial de decisiones que han hecho enojar al pueblo en el momento pero que ahora parecen ser completamente obvias. Hace apenas 40 años, un grupo de jueces anuló una ley de Virginia que establecía que el matrimonio interracial era punible con encarcelamiento. Los jueces han anulado leyes de segregación de estudiantes en las escuelas, igual a leyes que prohibían los anticonceptivos y que permitían que las mujeres de 19 años de edad beban cerveza con bajo contenido de alcohol, pero que no permitían que los hombres de 19 años de edad lo hagan. El reconocimiento legal de matrimonios del mismo sexo es un nuevo avance en los Estados Unidos, pero permitir que los jueces anulen leyes que consideran inconstitucionales, sin importar lo populares que sean entre “el pueblo”, no lo es.

De hecho, la Corte anticipó esta objeción en el fallo y citó al juez Jackson en la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso West Virginia State Board of Education contra Barnette:

El objetivo de la Declaración de Derechos fue eliminar ciertas cuestiones de las vicisitudes de la controversia política, colocarlas fuera del alcance de las mayorías y de los funcionarios y establecerlas como principios legales a ser aplicados por los tribunales. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de culto y de reunión y otros derechos fundamentales no pueden someterse a voto; no dependen del resultado de elecciones.

Lo más sorprendente del fallo de California es su falta de innovación. No propone una nueva evaluación o norma novedosa como la del análisis del primer trimestre de embarazo en el caso Roe contra Wade o el derecho a la privacidad en el caso Griswold contra Connecticut. En este caso, la corte hace las mismas preguntas que han guiado a los casos de discriminación por décadas.

Es una cuestión que no puede resolverse en función de quién es honesto y quién no lo es. Tiene poco que ver con qué poder es conferido por ley a los tribunales contra “el pueblo”. La revisión judicial de la legislación es legítima; la enmienda constitucional por iniciativa electoral también es legítima. El problema de la iniciativa ya no radica en si el terreno de la democracia fue invadido por los jueces, más que en si el terreno de la corte está siendo invadido por el proceso de la iniciativa.

El problema de la iniciativa electoral radica en sus méritos fundamentales: si negarle a dos personas del mismo sexo que se aman el derecho al matrimonio es lo suficientemente justo, correcto, constructivo y crítico como para consagrar la constitución.

Linda Holmes es una escritora independiente en Washington, D.C. Previamente ejerció el derecho en el estado de Minnesota y se especializó en derecho laboral y redacción legislativa.

Referencias

Carroll, Jon. “Gay in Both Senses”. San Francisco Chronicle, 19 de mayo de 2008.

Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).

Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967).

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).

W. Va. St. Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624, 638 (1943).