Fraude telefónico y por telemarketing


Fraude telefónico y por telemarketing

El fraude telefónico y por telemarketing es cualquier tipo de engaño en el que un criminal se comunica con una posible víctima a través del teléfono. Como muchas compañías de renombre utilizan el telemarketing para operar, los delincuentes, a menudo, logran obtener de manera efectiva la información de la tarjeta de crédito de la víctima y usarla para realizar compras no autorizadas.

Un tipo común de fraude por telemarketing es conocido como estafa de anticipo de dinero (advanced-fee scam). Son aquellas en que se recomienda que la víctima pague por adelantado grandes sumas de dinero con la promesa de recibir grandes beneficios por el anticipo inicial. Una de las estafas más conocidas es la estafa de la carta nigeriana. El delincuente seduce a la víctima para que le dé la información de su tarjeta de crédito para ayudar a un “príncipe nigeriano” perseguido a comprar pasajes y escapar hacia los Estados Unidos. A cambio, le promete un gran porcentaje de la fortuna del príncipe. El delincuente usa la información de la tarjeta de crédito para realizar compras no autorizadas, y la víctima no recibe ni un centavo.

Con frecuencia, los delincuentes también usan sistemas de estafa piramidal por teléfono. Con la estafa piramidal, se le pide a la víctima que pague una cantidad de dinero inicial para recibir dinero de diferentes personas que aumentarán exponencialmente la inversión inicial. Mientras que los que están en la parte superior de la pirámide obtienen las ganancias, los que se encuentran en la parte inferior y no pueden encontrar seguidores no reciben ningún beneficio.

Los sobrepagos requieren que un comprador extienda un cheque a un vendedor por más dinero del que se le debe. El comprador le informa al vendedor que pagó accidentalmente una suma superior y le pide que envíe la diferencia. Luego, el cheque del comprador es rechazado, y el comprador se beneficia con la transferencia bancaria del vendedor.

Los telemarketers que comenten fraudes también realizan llamadas en nombre de instituciones benéficas. Le piden a la víctima que haga una donación por teléfono a la institución. Luego, el delincuente toma la información de la tarjeta de crédito y realiza compras no autorizadas con ella.

El contenido de esta página fue desarrollado junto con e Instituto de Información Legal de la Facultad de Derecho de Cornell.

Fraude en la atención médica


Fraude en la atención médica

El fraude en la atención médica implica la presentación de reclamos de atención de salud para obtener un beneficio. Existen varios sistemas de fraude en la atención médica. Los pacientes cometen fraude cuando comercializan en el mercado negro medicamentos con recetas subsidiados o totalmente cubiertos, usan los beneficios de transporte con fines que no son médicos o falsifican información en la solicitud de servicios médicos. Los profesionales cometen fraude cuando facturan servicios de atención médica que nunca prestaron, presentan reclamos duplicados por un mismo servicio o anulan copagos de pacientes.

En los casos de fraude de atención médica, el proveedor transfiere los costos a sus pacientes. Las estadísticas indican que debido a la gran cantidad de casos de fraude en la atención médica, por cada dólar gastado en atención de salud se destinan 10 centavos para pagar reclamos fraudulentos.

La ley exige que los seguros de salud paguen los reclamos legítimos dentro de los 30 días. El FBI, el Servicio Postal de los Estados Unidos y la Oficina del Inspector General investigan los fraudes de atención médica. Pero, debido a la reglamentación de los 30 días, estas agencias rara vez tienen el tiempo suficiente para realizar una investigación adecuada antes de que un compañía de seguros realice el pago.

Las consecuencias de una acción legal exitosa contra un proveedor de atención médica pueden ser graves. El proveedor enfrenta encarcelamiento, multas y la pérdida del derecho a ejercer su profesión en la industria médica.
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Fraude con tarjeta de crédito


Fraude con tarjeta de crédito

El fraude con tarjeta de crédito implica el uso no autorizado de la información de la tarjeta de crédito de una persona con el propósito de cargar compras en la cuenta de la víctima o extraer fondos de su cuenta. El fraude con tarjeta de crédito es considerado una forma de robo de identidad. Debido a la popularidad de las compras en línea y el fraude por Intenet, los delincuentes ya no necesitan una tarjeta de crédito física. Con el nombre del titular, el número de la tarjeta de crédito y la fecha de vencimiento es suficiente. Cuando un pirata informático (hacker) abre una base de datos o hay una falla en el sistema y se libera la información de las tarjetas de crédito de sus usuarios, inmediatamente millones de cuentas se convierten en potenciales víctimas de este delito. Sin embargo, la ley federal limita la responsabilidad de los titulares de las tarjetas a $50 en caso de robo. Cuando una tarjeta de credito robada es usada, la mayoría de los bancos exoneran este monto si el titular firma una declaración jurada con la descripción del robo.

Los sistemas de fraude con tarjetas de crédito se clasifican en dos categorías generales: solicitud fraudulenta de tarjeta y apropiación fraudulenta de cuenta. En el primer caso, los estafadores abren cuentas de tarjetas de crédito a nombre de otra persona. Esto ocurre cuando el delincuente tiene suficiente información sobre la víctima para completar la solicitud de la tarjeta de crédito. Por otro lado, el delincuente puede falsificar documentación. Este sistema representa un grave problema porque el delincuente puede realizar numerosas compras sin que la víctima se entere. El estado de cuenta puede tardar un mes en llegar, si alguna vez llega.

En general, las apropiaciones fraudulentas de cuentas implican que el delincuente se apodera de una cuenta existente. Con suficiente información personal sobre la víctima, el delincuente se comunica con el banco o con la compañía de la tarjeta de crédito y solicita que se cambie la dirección de facturación. Luego, denuncia la pérdida o el robo de la tarjeta de crédito y solicita que se envíe otra tarjeta a la nueva dirección. De esta manera, el delincuente puede realizar compras fraudulentas con la tarjeta. 
Otro método de apropiación fraudulenta de cuenta es la duplicación de tarjetas de crédito. Los empleados que tienen acceso a las tarjetas de crédito de los clientes toman nota de la información de la tarjeta y la utilizan de manera fraudulenta.

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Fraude cibernético


Fraude cibernético

El fraude cibernético e informático se refiere al fraude realizado a través del uso de una computadora o de Internet. La piratería informática (hacking) es una forma común de fraude: el delincuente usa herramientas tecnológicas sofisticadas para acceder a distancia a una computadora con información confidencial. Otra forma de fraude involucra la intercepción de una transmisión electrónica. Esto puede ocasionar el robo de la contraseña, el número de cuenta de una tarjeta de crédito u otra información confidencial sobre la identidad de una persona.

La ley federal define al fraude electrónico como el uso de una computadora con el objetivo de distorsionar datos para inducir a otra persona a que haga o deje de hacer algo que ocasiona una pérdida. Los delincuentes pueden distorsionar los datos de diferentes maneras. Primero, pueden alterar sin autorización los datos ingresados en la computadora. Los empleados pueden usar fácilmente este método para alterar esta información y malversar fondos. En segundo lugar, los delincuentes pueden alterar o borrar información almacenada. Tercero, los delincuentes sofisticados pueden reescribir los códigos de software y cargarlos en la computadora central del banco para que éste les suministre las identidades de los usuarios. Los estafadores luego pueden usar esta información para realizar compras no autorizadas con tarjetas de crédito.

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El caso de las muñecas genera preocupación por parcialidad en el jurado


COLUMNA: La ley en la vida
cotidiana

Linda Holmes,
doctora en leyes

El caso de
las muñecas genera preocupación por parcialidad en el jurado

11 agosto de 2008

Cuando estamos en
manos de otras personas, ¿qué tan justos podemos esperar que sean?

Parece una
pregunta abstracta, pero resultó muy oportuna después del último giro
inesperado que dio la feroz batalla entre Mattel, fabricante de la emblemática
muñeca Barbie, y su rival, MGA, que hace la famosa muñeca Bratz. En el año 2004,
Mattel demandó a Carter Bryant, un ex empleado que, según la compañía, creó la
muñeca Bratz mientras aún tenía un contrato con Mattel, en el que le cedía los
derechos de sus inventos o ideas. Sin embargo, más tarde, llevó la idea a MGA, la cual ganó miles de millones de
dólares con las muñecas Bratz. Desde entonces, Mattel y MGA han estado en litigio constante. El CEO de MGA, Isaac Larian, quien resulta ser iraní,
fue una figura clave en el caso.

Mattel obtuvo una
victoria casi completa gracias a la votación del jurado, compuesto por 10
personas, que determinó que la mayoría de los bocetos de las muñecas Bratz
fueron creados mientras el contrato entre Bryant y Mattel aún estaba vigente.
Sin embargo, antes de la etapa del juicio en la que se estiman los daños, un
miembro del jurado envió una nota al juez en la que le contaba una perturbadora
historia sobre las deliberaciones.

Finalmente, el
tribunal habló con todos los miembros del jurado y supo que “el miembro Nº
8”, una mujer que afortunadamente se mantiene anónima, le había contado al
grupo que su esposo, abogado, había representado a clientes iraníes y que éstos
“son tercos, groseros, avaros, ladrones y que roban ideas de otros”.
De acuerdo con la orden del juez, mediante la cual el miembro del jurado Nº 8
fue expulsado, la mujer hizo estos comentarios después de que el jurado había
llegado a un acuerdo respecto de todas las cuestiones que se tomaron en cuenta
para decidir el veredicto final, pero antes de que el jurado emitiera dicho
veredicto.

Además, la orden
del juez destaca que, de acuerdo con su investigación, el jurado criticó
duramente al miembro Nº 8. El presidente del jurado criticó los comentarios en
ese mismo momento, y “varios de los otros miembros del jurado también
mostraron su desaprobación respecto de los comentarios hechos por el miembro Nº
8, algunos de ellos, muy enfáticamente”. La mayor preocupación de uno de
los miembros del jurado no era si debía desconfiar de Larian; sino más bien el
hecho de terminar solidarizándose con MGA, por el enojo que le causaban los comentarios.

MGA y
Larian, que había sido nombrado personalmente en la demanda, no se quedaron
satisfechos con la expulsión del miembro del jurado y solicitaron la anulación
del juicio. El juez decidió no otorgarla, en parte porque el jurado parecía
haber desaprobado en bloque la actitud del miembro del jurado Nº 8. El juez
comentó: “Si todos los jurados de este país reaccionaran ante el racismo
del modo que lo hizo este jurado, tendríamos un mejor sistema judicial”.

La respuesta de
Mattel ante la petición de anulación de MGA ofrece una visión inquietante sobre la posición
de un demandante victorioso que defiende un veredicto ciertamente viciado por
la conducta de uno de los 10 miembros del jurado. Debido a los comentarios del
miembro del jurado Nº 8, es imposible estar seguros de que MGA haya sido tratada de manera justa. Eso no
significa que los otros nueve miembros del jurado no actuaron con justicia al
emitir el veredicto unánime, ni tampoco que el resultado habría sido diferente
si el otro miembro hubiese tratado a la compañía justamente, pero una compañía
que lucha por su vida, ¿no se merece un trato justo de cada uno de los miembros
del jurado?

Responder a esta
pregunta y, sobre todo, decidir qué hacer con la respuesta, no es fácil. Dado
que los miembros del jurado informaron que llegaron a un acuerdo sobre los
aspectos que hicieron que MGA perdiera el caso antes de que el miembro del
jurado Nº 8 dijera algo, sería difícil argumentar que sus comentarios
influyeron en el veredicto. Lo único que pudo alegar MGA fue que el comentario del miembro Nº 8
era prueba de la parcialidad que reveló tener en el juzgado: no que el
comentario condicionó a los otros miembros, sino que dicho comentario demuestra
que no pudo haber sido justo.

En pocas
palabras, el problema con la posición de MGA es que los tribunales odian absolutamente meterse
en las salas del jurado, sin importar los problemas que surjan en ellas. Tomemos
el caso Tanner contra los Estados Unidos, en el cual un miembro del
jurado declaró que varios de sus compañeros estaban ebrios, consumían drogas y
se dormían durante el juicio. Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados
Unidos aplicó una norma probatoria existente que excluye terminantemente toda
declaración de un miembro del jurado sobre la calidad de los procesos internos
de los demás miembros. Si hubiese ocurrido algo externo, como una
manipulación, amenazas o la introducción de información externa (p. ej. un
periódico llevado por uno de los miembros del jurado), la cuestión sería
diferente. Pero la norma excluye, en gran parte, a los tribunales de cuestiones
tales como considerar si un miembro del jurado era inteligente o torpe, ingenuo
o astuto, si prestaba atención o miraba al techo, e incluso si estaba ebrio o
sobrio. La cuestión en el caso de MGA es si la norma probatoria también excluye la
evaluación de los prejuicios raciales de un miembro del jurado.

Tengamos en
cuenta que todo esto puede investigarse durante el proceso en el que se
interroga al jurado (voir dire), es decir, cuando el tribunal y los
abogados les hacen preguntas a los potenciales miembros del jurado. Aquellos
pueden tratar descubrir el grado de inteligencia de un miembro del jurado o la
probabilidad de que éste beba durante el juicio. El problema surge cuando el
carácter irrevocable del veredicto se ve alterado por el intento de volver a
evaluar la calidad de las opiniones de los miembros del jurado, al tener en
cuenta las declaraciones que éstos hayan hecho. Las consecuencias posibles son
obvias: los miembros del jurado son acosados después del hecho, para que hagan
declaraciones sobre las deliberaciones; se intenta determinar cuál es límite
entre la experiencia de vida de un miembro y sus prejuicios… casos que nunca
terminan.

Es interesante
preguntarse: ¿Qué prefiere, un miembro del jurado torpe o racista? ¿Un miembro que se
duerme durante el juicio o uno que es parcial y tiene prejuicios contra usted?
Quizá un miembro del jurado parcial puede dejar de lado sus prejuicios y
concentrarse en las pruebas; de hecho, esto es lo que se le pide a toda persona
que integra un jurado. Un miembro que no presta atención no puede siquiera
considerar las pruebas. De cualquier modo, no ha sucedido lo que a todos nos
gustaría: un grupo de personas que toman decisiones sobre un caso basándose sólo en
las pruebas.

Sin embargo, a
diferencia de los jurados que tienen sueño o están ebrios, los que tienen
prejuicios raciales no afectan a todos del mismo modo. En una situación
legalmente menos comprometedora, todos corremos el riesgo de que nos toque en
suerte un miembro del jurado que se duerma, beba o no entienda los argumentos
simples. Pero un miembro con prejuicios raciales perjudica particularmente a
los grupos raciales más comúnmente discriminados. En teoría, a todos nos puede
tocar ser juzgados por un miembro del jurado racialmente hostil, pero el
resultado no será el mismo si el acusado es irlandés o iraní.

El caso Bratz no
es tan alarmante, porque sólo un miembro del jurado de un grupo unánime de 10
estaba comprometido, y porque los otros jurados parecen haber reaccionado
apropiadamente. Pero no queda claro, basándonos en el caso Tanner, si el
resultado sería diferente, si varios de los miembros del jurado, o los demás,
hubiesen aprobado sus comentarios en lugar de condenarlos. Si surge un caso
famoso de ese tipo, la prudencia de seguir tratando los prejuicios raciales de
un miembro del jurado del mismo modo en que se trata la falta de atención o la
mera insensatez, indudablemente, será sometida a un análisis más riguroso.

Referencias

Bryant v. Mattel, Inc., No. CV 04-9049 (C.D. Cal.
2008).

Keating, Gina. “Bratz juror dismissed, MGA
seeks mistrial”
. Reuters.com, 25 de julio de
2008.

Mattel’s Opp. to Defs.’ Mot. for
Mistrial
, Bryant v. Mattel,
Inc.
, (C.D. Cal. 31 de julio de 2008) No. CV 04-9049.

Tanner v. United States, 483 U.S. 107 (1987).

U.S.
District Court Southern District of California. Civil
minutes: order regarding juror No. 8
. 25 de julio de 2008.

 

La Sexta Enmienda


LA SEXTA ENMIENDA

La sexta enmienda  de la Constitución de los Estados Unidos establece cinco principios en relación con los derechos del acusado en un juicio penal: el derecho a un juicio rápido y público, el derecho a ser juzgado por un jurado imparcial, el derecho a ser informado sobre los cargos, el derecho a convocar a testigos y enfrentarlos, y el derecho a un abogado.

JUICIO RÁPIDO Y PÚBLICO

Todo acusado tiene derecho a un juicio rápido. Aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos no trata esta cuestión con frecuencia, toma como referencia una prueba que se centra en cuatro aspectos, a fin de determinar si el derecho de un acusado a un juicio rápido ha sido violado. Estos cuatro aspectos son: la duración de la demora, los motivos de ésta, si el acusado hizo valer su derecho y de qué manera lo perjudicó la demora.

Además, la Corte Suprema ha dictaminado que, cuando se viola el derecho de un acusado a un juicio rápido, el único recurso correcto es la desestimación total de los cargos. Como se trata de un recurso extraordinario, los casos en los que un tribunal determina que este derecho ha sido violado son casi inexistentes.

Con respecto al requisito del juicio público, la Corte Suprema ha dictaminado que este derecho tiene limitaciones. Por ejemplo, se justifica que un tribunal limite el acceso a un juicio cuando existe la posibilidad de que la publicidad perjudique el derecho al debido proceso que tiene todo acusado. Además, un acusado puede solicitar un juicio a puertas cerradas. En este caso, debe demostrar que un juicio público perjudicaría su derecho a una audiencia justa y que no existen opciones razonables que puedan garantizar un juicio justo. Debido al requisito de la sexta enmienda y a las circunstancias inusuales que justifican un juicio a puertas cerradas, este tipo de juicio es poco común.

JURADO IMPARCIAL

En la mayoría de los juicios, el acusado tiene derecho a un jurado. Sin embargo, si el delito conlleva una condena de seis meses o menos, el acusado puede ser juzgado sólo por un juez. No obstante, en muchos estados se lleva a cabo el juicio por jurado, independientemente del delito o del castigo.

El acusado tiene derecho no sólo a un jurado, sino también a que ese jurado sea imparcial. Fundamentalmente, esto significa que los miembros del jurado deben ser imparciales y que el grupo de personas del cual son seleccionados (lista de candidatos a miembros del jurado) debe representar a los distintos estratos de la comunidad.

Durante el proceso en el que se interroga al jurado, conocido como voir dire, tanto la fiscalía como la defensa pueden hacer preguntas a los potenciales miembros del jurado, cuyas respuestas podrían revelar parcialidad. Los miembros del jurado que demuestren ser parciales pueden ser excusados del juicio “con causa”.

Además, las partes pueden ejercitar la recusación sin causa un número limitado de veces, lo que significa que pueden rechazar la participación de un potencial miembro del jurado sin causa alguna. Sin embargo, la Corte Suprema ha dictaminado que las recusaciones sin causa no pueden basarse en la raza o el género.

NOTIFICACIÓN DE LOS CARGOS

El requisito que establece que un acusado debe ser notificado de la “naturaleza y causa de la acusación” significa simplemente que el gobierno debe presentar formalmente cargos contra el acusado. En el caso de un delito grave, esto se lleva a cabo mediante una acusación formulada por el gran jurado, que consiste en una descripción detallada de los cargos contra el acusado. Generalmente, la acusación formal presentada por el gran jurado se lee en audiencia pública, y el juez le pregunta al acusado si la entiende.

En los casos de delitos menores, en general, la acusación formal de cargos la hace un fiscal. El proceso es similar a los casos en que interviene el gran jurado: la acusación formal se lee al acusado en audiencia pública.

Según este requisito constitucional, las acusaciones formales presentadas por el gran jurado y por el fiscal deben ser específicas y establecer todos los elementos del delito que se le imputa a la persona.

CONVOCAR A TESTIGOS Y ENFRENTARLOS

Esta sección de la enmienda se denomina “cláusula de confrontación”. Todo acusado debe tener la oportunidad de enfrentar a los testigos que declaren en su contra y hacerles repreguntas, para asegurarse de que se respete su derecho al debido proceso y que se tome declaración a los testigos en audiencia pública, a diferencia de los testimonios de oídas, cuya exactitud no puede determinarse.

A un acusado también se le permite convocar a testigos que declaren a su favor. Muchos testigos de la defensa se presentan voluntariamente. Sin embargo, si los acusados temen que algún testigo no se presente, pueden solicitar al tribunal que le envíe una cédula de citación judicial.

EL DERECHO A UN ABOGADO

La quinta enmienda (al establecer que al arrestar a una persona, el oficial de policía debe leerle sus derechos) y la sexta enmienda le otorgan a un acusado el derecho a un abogado. Sin embargo, el requisito de la sexta enmienda sólo “aplica” una vez que la persona haya sido acusada de cometer un delito.

Por ejemplo, si una persona es arrestada por violación de domicilio y pasa las siguientes 24 horas en prisión, luego de transcurrido este tiempo, se la lleva ante un juez y se le informan los cargos en su contra y sus derechos. Recién después de estos procedimientos judiciales, la persona tiene derecho a un abogado. Según la sexta enmienda, antes de dichos procedimientos, la persona no tiene este derecho.

Después de varios años, la Corte Suprema dictaminó que todo acusado tiene derecho a un abogado y que los tribunales inferiores deben designarles abogados a los acusados pobres. Aunque hoy en día ésta es esencialmente la norma, existe una excepción: si el delito del que la persona está acusada no conlleva condena de encarcelamiento, ésta no goza del derecho constitucional a un abogado. Sin embargo, muchos estados designan un abogado para todos los acusados, aunque el delito no conlleve este tipo de condena.

Dado que se les garantiza un abogado a la mayoría de los acusados, la Corte Suprema ha dictaminado que los abogados deben ser razonablemente eficientes al representarlos. Demostrar que un abogado fue ineficiente es difícil, ya que se supone que los abogados siguen una estrategia judicial efectiva al representar a un acusado.

Por eso, si un acusado quiere demostrar que su abogado no tuvo un desempeño eficaz, debe demostrar que (1) su abogado fue ineficiente y que (2) dicha ineficiencia no permite suponer que haya seguido una estrategia judicial efectiva y, (3) que si no fuera por el mal desempeño del abogado, probablemente el resultado hubiese sido diferente. Aunque se han anulado casos por la representación deficiente de un abogado, esto muy rara vez sucede.

Finalmente, la Corte Suprema ha dictaminado que un acusado tiene derecho a representarse a sí mismo; sin embargo, un juez puede rechazar la solicitud si el acusado sufre una enfermedad mental o si, por otra razón, se lo declara incapaz de defenderse a sí mismo. Si un acusado solicita representarse a sí mismo, el juez debe advertirle sobre los riesgos y desventajas de hacerlo.

Las medidas contra la moda de usar pantalones caídos son un abuso de autoridad y violan los derechos civiles


COLUMNA: La ley en la vida cotidiana

Por Linda Holmes, abogada

29 de julio de 2008

Cuando un jefe de policía anuncia que tomará medidas contra el uso de pantalones caídos se convierte en un blanco fácil. Quizás entenderás, pues, porque me pregunto: ¿Qué no tiene algo más importante que hacer?

El 26 de junio, el jefe de policía de Flint, Michigan, David Dicks, emitió un memorándum en el que les informo a los oficiales que citaran a toda persona que “use pantalones y/o ropa interior por debajo de la cintura de manera tal que sus nalgas queden al descubierto”. Agregó: “Esta expresión propia de inmoralidad va más allá de la libertad de expresión. Constituye exposición indecente y conducta contraria al orden público”.

Literalmente, el memorándum sólo se refiere a las personas que “exhiben sus nalgas”, lo cual concuerda con la ordenanza municipal que prohíbe “la exposición de los genitales, el pubis y las nalgas del hombre o la mujer, o los senos de la mujer” en público. Hasta aquí, todo bien. Si exhibes las nalgas en público, la policía podrá enfrentarte.

Interpretación incoherente

Pero, Dicks piensa que la ley abarca aun más. Quiere que cualquier pantalón caído sea delito, aunque lo único que se vea debajo de éstos sea ropa. Ni piel, ni nalgas: ropa. Por ejemplo, un hombre puede usar un calzoncillo corto, y arriba de éste, otro calzoncillo tipo boxer y, por encima, un pantalón prendido a la altura de la cadera de tal manera que el boxer queda al descubierto. Aunque las nalgas del hombre no están expuestas, sino más bien cubiertas totalmente por dos capas de ropa (el calzoncillo corto y el boxer), Dicks lo citaría por exposición indecente, ya que usar pantalones que cuelguen por debajo de la cadera es una “expresión propia de inmoralidad”. (Seguramente, el calzoncillo corto  y el boxer serían aceptables. Es el agregado del pantalón que cae por debajo de la cadera y deja asomar las nalgas lo que va en contra de lo que se espera).

A medida que la controversia aumentaba, el diario Detroit Free Press publicó un video en Internet que muestra cuando Dicks detiene a cuatro jóvenes que usan pantalones caídos. Tres de ellos no exhiben ni la piel de las nalgas ni ropa interior, ya que las largas camisas que llevan puestas cubren la cintura del pantalón. Dicks tiene que detenerlos y subirles la camisa para poder ver algo. El cuarto joven lleva un calzoncillo tipo boxer que sobresale sólo una pulgada de la cintura del pantalón. A todos, Dicks les dice que llevar ropa interior que sobresalga de los pantalones, aunque esté debajo de la camisa, es exposición indecente y les advierte que pueden ser arrestados por ello. Uno de los jóvenes le pregunta incrédulamente: “¿Cómo es ilegal esto?” Dicks le responde: “Solamente te lo digo”.

No existe manera lógica de concluir que la ordenanza autoriza la conducta de Dicks en el video. Hasta su propio memorándum se refiere a citar sólo a las personas que “exhiben las nalgas”. Asimismo el diario Detroit Free Press informó que la explicación que Dicks dio respecto de la norma fue la siguiente: “Usar pantalones por debajo de las nalgas de manera que la ropa interior quede a la vista es una conducta contraria al orden público. Usar pantalones caídos que dejen asomar la piel de las nalgas es exposición indecente. Y, usar pantalones caídos que no cuelguen completamente por debajo de las nalgas, pero que dejen la ropa interior a la vista conlleva una advertencia de parte de la policía”. Sin embargo, en el video, aunque ninguno de los jóvenes está exhibiendo la piel de las nalgas, Dicks les dice que están cometiendo exposición indecente. Ni siquiera respeta su propia interpretación. Tampoco está claro cómo, desde el punto de vista legal, la cintura de un calzoncillo tipo boxer que sobresale de la cintura de un pantalón puede dar lugar a una advertencia, si ni siquiera se trata de exposición indecente o conducta contraria al orden público. Las advertencias sólo se hacen ante un presunto delito real. No existe algo como “Esto no nos gusta, pero como no es un delito realmente, le hacemos una advertencia”. Su interpretación parece no tener un fundamento legal coherente. Y, en el video, Dicks ni siquiera la respeta.

Violación de derechos constitucionales y civiles

De hecho, probablemente todos los cacheos que se muestran en el video sean inconstitucionales. Según el caso Terry contra Ohio, la policía debe tener sospecha razonable de un delito para poder esculcar a una persona en la calle. Dado que estos jóvenes no violan la ordenanza que prohíbe la exposición indecente, no existe sospecha razonable de un delito. En consecuencia, todas las detenciones que se registran en el video violan la prohibición de realizar búsquedas y confiscaciones arbitrarias establecida en la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense. Asimismo es imposible que los ciudadanos puedan entender qué es supuestamente ilegal y qué no, si el mismo Dick pasa por alto las dudosas normas que él explicó ante la prensa.

Como si la violación de los derechos constitucionales no fuera suficiente, existen, además, otros problemas. El “uso de pantalones caídos” generalizado entre los jóvenes negros plantea cuestiones obvias relacionadas con los perfiles raciales y la discriminación de ciudadanos por razones de edad y género.

Al principio, hasta suena gracioso: a un jefe de policía le molesta el uso de los pantalones caídos. Sin embrago, el video es perturbador. En és te se ve a un jefe de policía que detiene y registra a ciudadanos por una conducta que no es ilegal, diciéndoles que sí lo es y amenazándolos con arrestarlos, si no obedecen sus órdenes sobre inmoralidad. Incluso a uno de los jóvenes le da a entender que para cumplir la ley debe usar cinturón. Los jóvenes no saben que la ley se aplica sólo a “la exhibición de las nalgas”. Cuando el jefe de policía les explica de qué se trata esta ley, probablemente le creen, en este caso, en perjuicio de ellos mismos.

Alertada por el video, la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union o ACLU, por sus siglas en inglés) le escribió a Dicks, y le pidió que dejara de acosar a los jóvenes que no cometieron ningún delito. Entre otras cosas, Dicks respondió que no considera que su política sea ilegal, en parte, porque él simplemente advierte a las personas, y dijo: “No entiendo por qué hacer una advertencia constituye una violación de los derechos civiles”. Al menos, Dicks debería recordar que no se puede detener y hacer advertencias a las personas que no han hecho nada ilegal, del mismo modo que no puede citárselas por eso.

Dicks se ocupa de hacer cumplir la ley, pero no es la ley. Puede detener a los ciudadanos sólo para hacer cumplir leyes que existen. Tenga razón o no en querer prohibir el “uso de pantalones caídos”, no está autorizado a hacerlo. A menos que se modifique la ley o Dicks proponga alguna otra teoría, el “uso de pantalones caídos” constituye un delito sólo si existe exhibición de las nalgas. Esto significa mostrar la piel, no la ropa interior. Además, dicha exhibición debe ser en público, no delante de un oficial de policía que te ponga contra un automóvil y te suba la camisa.

No se trata de determinar si los pantalones caídos son de mal gusto, ridículos o una falta de respeto. Tampoco se trata de si una persona tiene ganas de ver la ropa interior de otra. No existe ninguna ley que nos obligue a usar sólo lo que otras personas deseen ver. La ordenanza que prohíbe la exposición indecente es específica. No permite que la policía defina “indecente” como le parezca. En todo caso, si Dicks cree que debería existir una ley que prohíba los pantalones caídos, puede proponer una. Mientras tanto, detener a los jóvenes por “expresión propia de inmoralidad”, cuando, en realidad, no están violando ninguna ordenanza, constituye una violación de los derechos constitucionales y un abuso de autoridad.

Linda Holmes es una escritora independiente en Washington, D.C. Previamente ejerció el derecho en Minnesota y se especializó en derecho laboral y redacción legislativa.

Referencias

American Civil Liberties Union of Michigan. Letter to Flint, Mich., police Chief David R. Dicks. 14 de julio de 2008.

Dicks, David R. Memo to all sworn personnel of the Flint, Mich., police department. 26 de junio de 2008.

Flint, Mich., Code of Ordinances § 31-12 (1978).

Guardian.co.uk. “Police chief refuses to yield on saggy pants crackdown.” 21 de julio de 2008.

Schmitt, Ben. “Flint cops crack down on sagging pants.” Detroit Free Press, 8 de julio de 2008.

Schmitt, Ben, and Marcin Szczepanksi. “Flints top cop battles saggy pants.” Detroit Free Press, video en línea (acceso del 24 de julio de 2008).

Terry v. Ohio, 391 U.S. 1 (1968).

¿Que debo saber sobre la certificación de documentos por un notario?


¿Que debo saber sobre la certificación de documentos por un notario?

Tami Kamin-Meyer, abogada

31 de julio de 2008

Probablemente, usted hizo certificar documentos, ¿Pero, sabe por qué? La certificación de documentos, ¿Tiene algún fin o beneficio?

“Absolutamente”, dice Tim Reiniger, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Notarios de los Estados Unidos (National Notary Association). Una firma certificada por el sello o timbre de un notario público es una “poderosa herramienta de gestión de riesgo para prevenir el fraude y el robo de identidad”, agrega.

Un notario público actúa como testigo independiente no sólo de la firma de un documento, sino también del hecho de que todas las partes firmaron voluntariamente y por sus propios medios.

La certificación de un documento no significa necesariamente que las partes que lo firman entienden lo que dice. Sin embargo, Marc Aronson, presidente de la Asociación de Notarios de Pennsylvania  (Pennsylvania Association of Notaries), afirma que la responsabilidad de un notario no debe limitarse a la mera certificación de firmas. “La mayoría de las leyes notariales no establecen que los notarios tienen la responsabilidad de saber si las partes son competentes. Pero, pienso que todo notario es responsable de que las personas que participan en una transacción sepan de qué se trata”, dice.

Y agrega: “un notario público no es un policía”.

Por qué es importante la certificación

“La razón principal por la que es importante la certificación de determinados documentos es que sirve para disuadir el fraude”, dice Marc Aronson. La certificación de contratos es una manera adicional de verificar que “las personas que firmaron el documento son quienes dicen ser”, afirma.   

La certificación no sólo garantiza que las personas que firman sean quienes dicen ser, sino que, además, es obligatoria en algunos estados para determinados acuerdos, como escrituras, hipotecas, servidumbres, poderes y testamentos vitales.

La certificación de ciertos documentos también es importante en el caso de litigios. Las declaraciones juradas (o afidávits) no serán aceptadas por un tribunal, a menos que estén certificadas. El abogado Stephen E. Chappelear, socio a cargo del estudio juridico de Hahn Loeser & Parks en Columbus, Ohio, recuerda un caso en el que el abogado de la parte contraria no había hecho certificar las declaraciones juradas. De todos modos, las presentó ante el tribunal, pero éste no las aceptó. El período para el intercambio de pruebas había pasado, así que el oponente de Chappelear tuvo que seguir adelante con el caso sin la información de dichas declaraciones juradas. Aunque Chappelear, abogado civil en tribunales federales y estatales, finalmente ganó ese caso, no está seguro si fue solamente porque las declaraciones juradas fueron rechazadas. Sin embargo, la experiencia le sirvió para aprender la importancia de las certificaciones.

Además, los documentos certificados se consideran auto-autenticados, esto significa que las personas firmantes no deben declarar ante un tribunal para verificar la autenticidad de las firmas. La certificación de documentos es “una enorme ventaja estratégica” en litigios, afirma Tim Reiniger.

Autoridad y regulación

Al igual que con otros aspectos relacionados con los notarios públicos, los estados tienen sus propias normas respecto de las atribuciones que le corresponden a un notario. Por ejemplo, en el estado de West Virginia, las facultades principales de un notario público son: verificar firmas, tomar juramento y declaraciones, y certificar que la copia de un documento es copia fiel de otro. Sin embargo, en Florida, un notario público puede, además, celebrar matrimonios, incluso de sus propios familiares, siempre que exista una licencia de matrimonio válida.

Para que un notario pueda certificar un documento, es preciso que la persona cuya firma debe certificarse firme el documento en su presencia. La persona no puede firmar el documento antes y después llevárselo al notario. En algunos estados, el notario debe especificar cómo identificó a las personas que firmaron el documento (por ejemplo, porque éstas presentaron una identificación con fotografía o porque el notario ya las conocía).

Los estados determinan si un notario debe tomar juramento a las personas que firman un documento. Aunque no existe una fórmula preestablecida, el juramento generalmente incluye una expresión mediante la cual la persona que firma un acuerdo jura o declara que lo establecido en éste es verdadero.

A menudo, se cobra un honorario para certificar un documento. Las leyes estatales establecen el monto máximo que un notario público puede cobrar por sus servicios. 

Ser notario público

Los estados tienen leyes que determinan quiénes pueden ser notarios públicos, los requisitos necesarios, qué oficina del gobierno estatal los supervisa y cuánto dura el cargo de notario público. Algunos estados exigen que los candidatos a notarios públicos realicen un examen escrito antes de ser nombrados en el cargo.

Tim Reiniger calcula que, en los Estados Unidos, trabajan aproximadamente 4.5 millones de notarios. Este número no incluye a los millones de abogados que también tienen conferida esta facultad por trabajar en determinados estados, como Luisiana, Nueva York, Ohio y Wisconsin. Aunque en estos estados los abogados no deben realizar un examen, y su nombramiento como notarios públicos no vence nunca, deben cumplir con las mismas normas que los notarios que no son abogados.       

Certificaciones electrónicas

En algunos estados, entre ellos California, Colorado, Florida, North Carolina y Pennsylvania, están permitidas las certificaciones electrónicas. En una certificación electrónica el notario adosa una firma digital a un documento electrónico. Las normas fundamentales que rigen la certificación son las mismas, incluso el requisito de que las personas que firman el documento deben presentarse ante el notario.

Un documento electrónico es el que consiste en un formato legible para computadoras, en lugar de meras palabras impresas en una hoja de papel. Algunos ejemplos son documentos hechos con procesador de textos, mensajes de correo electrónico, archivos PDF e incluso documentos escaneados y almacenados en el disco rígido de una computadora.

Tami Kamin-Meyer es una abogada de Ohio. Posee su licencia para ejercer en los tribunales federales y en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es escritora independiente y corresponsal en Ohio de Legalnewsline.com, un sitio en Internet dedicado a los procuradores generales de los estados y las Cortes Supremas estatales.

La quinta enmienda

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LA QUINTA ENMIENDA

Los principios establecidos en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos son fundamentales para una persona acusada de cometer un delito. Aunque son varias las disposiciones de esta enmienda, los elementos que protegen a una persona acusada de cometer un delito son cuatro: el derecho contra la auto-incriminación forzada; el derecho a un gran jurado; el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito (excepción de cosa juzgada) y el derecho al debido proceso.

AUTO-INCRIMINACIÓN

No puede obligarse a ninguna persona acusada de cometer un delito a declarar contra sí misma. La Suprema Corte de los Estados Unidos ha dictaminado que esto se aplica no sólo a los juicios, sino también a los interrogatorios policiales. Por lo tanto, una persona que ha sido detenida por la policía puede negarse a responder cualquier pregunta relacionada con el delito del cual se le acusa. Además, si la policía quiere interrogar a un sospechoso, primero debe leerle sus derechos (conocidos en inglés como “Mirandawarnings”).

Esta norma se aplica sólo en el caso del interrogatorio a un detenido, que es cuando la policía interroga a un sospechoso mientras se encuentra detenido. Si falta alguno de estos elementos, la policía no está obligada a leerle los derechos a la persona.

Existe una larga lista de casos de la Corte Suprema en los que se establece claramente qué significan “detenido” e “interrogatorio”. En resumen, “detenido” generalmente significa que el sospechoso ha sido arrestado. Sin embargo, existen casos en los que la Corte Suprema consideró que un sospechoso había sido detenido por la policía, sin haber sido arrestado o ni siquiera esposado. El tribunal aplica una norma objetiva, y pregunta si una persona promedio en circunstancias similares hubiese tenido la libertad de abandonar el lugar. Si la respuesta es “no”, entonces se considera que el sospecho estaba “detenido”. El término “interrogatorio” significa cualquier declaración hecha por la policía que posiblemente provoque una declaración incriminatoria.

Cuando se les leen los derechos a los sospechosos, éstos tienen dos opciones: responder las preguntas y, por consiguiente, renunciar a sus derechos, o invocar sus derechos según la enmienda. Los sospechosos pueden invocar su derecho a permanecer callados de dos maneras diferentes: permaneciendo callados y negándose a responder preguntas, o solicitando un abogado. Si los sospechosos invocan sus derechos, la policía debe suspender el interrogatorio de inmediato.

En un juicio, el derecho contra la auto-incriminación forzada significa que los acusados no pueden ser obligados a declarar. Sin embargo, si así lo desean, pueden hacerlo. Los testigos, en el juicio o durante los procedimientos del gran jurado, también pueden negarse a hablar si temen incriminarse a sí mismos. Esto se conoce como “invocar la quinta enmienda”.

GRAN JURADO

Un gran jurado es un grupo de personas que determinan si existen pruebas suficientes para acusar a un sospechoso. La Corte Suprema no ha dictaminado que este requisito se aplique en los estados. Por lo tanto, sólo cerca de la mitad de éstos utiliza el sistema del gran jurado. Sin embargo, el gran jurado es un requisito en los casos de delitos graves federales.

Durante un procedimiento del gran jurado, el fiscal presenta pruebas contra el sospechoso. Luego, el gran jurado decide formular la acusación o “denegarla”. En el primer caso, el sospechoso será acusado formalmente del delito. En el segundo caso, el sospecho no será acusado.

Aunque el requisito del gran jurado protege a un sospechoso de ser detenido sin pruebas suficientes, los procedimientos son convenientes para un fiscal por tres razones: Primero, los procedimientos son secretos. Sólo el fiscal y el jurado están presentes. Al abogado defensor no se le permite participar, a menos que el fiscal decida lo contrario, lo cual es poco común. Segundo, la regla de exclusión no se aplica a los procedimientos del gran jurado. Por lo tanto, es posible presentar pruebas obtenidas ilegalmente ante el jurado, aunque en el juicio sean rechazadas. Tercero, el fiscal puede elegir qué pruebas presentar ante el jurado. Por lo tanto, si las pruebas tienden a demostrar que posiblemente el sospechoso no cometió el delito, el fiscal puede negarse a presentar dichas pruebas.

Para acusar formalmente a un sospechoso, el gran jurado debe basarse en una causa probable, es decir, debe creer razonablemente que se ha cometido un delito y que el sospechoso lo cometió.

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA

“Excepción de cosa juzgada” significa que una persona no puede ser juzgada o castigada dos veces por el mismo delito. La excepción de cosa juzgada es un área compleja del derecho, incluso para la Corte Suprema. Básicamente, protege a un acusado de tres maneras:

Primero, un acusado no puede ser juzgado por un delito del cual ya ha sido absuelto. Segundo, un acusado no puede ser juzgado por un delito por el cual ya ha sido condenado. Tercero, un acusado no puede ser castigado más de una vez por el mismo delito.

Como en la mayoría de las áreas del derecho, existen excepciones a esta norma. La principal excepción es que un acusado puede ser juzgado y castigado dos veces, si se inician acciones penales en su contra a nivel federal y estatal por separado. Por ejemplo, si el gobierno estatal acusa a una persona de posesión de drogas, el gobierno federal también puede acusar a esa persona del mismo delito. Esto se debe a que, según la Constitución de los Estados Unidos, el gobierno estatal y federal son entidades separadas y soberanas, con libertad para iniciar una acción penal contra cualquier delito que viole sus respectivas leyes.

Otra excepción se da cuando el acusado solicita la anulación del juicio y ésta se le concede. De este modo, el acusado renuncia al derecho de excepción de cosa juzgada. Lo mismo ocurre en el caso de una apelación: si el acusado apela un veredicto de “culpable”, está renunciando al derecho de excepción de cosa juzgada. Por lo tanto, si el caso es anulado en la apelación, el acusado puede ser juzgado nuevamente por el mismo delito.

Finalmente, aunque no sea técnicamente una excepción, la excepción de cosa juzgada se aplica a las acciones penales únicamente. Una persona puede ser juzgada penal y civilmente por un mismo delito. Quizá el ejemplo más famoso sea el caso de homicidio en el que estaba involucrado O.J. Simpson. Simpson fue declarado inocente de los cargos de homicidio, pero más tarde fue demandado por homicidio culposo. Se lo declaró culpable y fue obligado a pagar los daños. Esta excepción existe porque el gobierno es quien inicia acciones penales ante un delito, mientras que en los casos civiles, una parte debe ser quien entable una demanda contra la otra.

EL DEBIDO PROCESO

La quinta enmienda establece que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso legal. El debido proceso es una garantía en dos aspectos: procesal y sustantivo.

En el primer aspecto, el debido proceso se basa en el concepto de equidad fundamental. Esto significa que se debe notificar a la persona de los cargos y procedimientos en su contra y ésta debe tener la debida oportunidad de responder. Esto se lleva a cabo a través de una acusación formal presentada por el gran jurado (o por el fiscal, en el caso de un delito menor), que consiste en un documento formal en el que se detallan los cargos. Además, durante el juicio, el juez debe asegurarse de que el acusado comprenda todas las etapas de los procedimientos y, así, proteger su derecho al debido proceso.

En el aspecto sustantivo, como en el procesal, el debido proceso se aplica a otras cuestiones, además de las relacionadas con las acciones penales. Por ejemplo, aunque no está explícitamente establecido en las primeras diez enmiendas de la Constitución estadounidense o Bill of Rights, el derecho a la privacidad es un derecho sustantivo de las personas que surge de la cláusula del debido proceso de la quinta enmienda. Sin embargo, en el área del derecho penal, “debido proceso sustantivo” significa que el gobierno no puede iniciar acciones penales contra una persona por una conducta que afecta ciertos derechos fundamentales. La Corte Suprema ha afirmado que los derechos fundamentales incluyen la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de religión.

Por lo tanto, si el gobierno quiere declarar ilegal cierta actividad que viola un derecho fundamental, debe demostrar que tiene una causa apremiante para hacerlo. Debido a esta norma, las leyes que restringen un derecho fundamental rara vez son ratificadas.

La Corte Suprema ha establecido otra norma para las leyes que infringen derechos que no son fundamentales, como el derecho al suicidio asistido por médico, al aborto tardío y a los viajes internacionales. Si el gobierno declara ilegales estas actividades, basta con que demuestre que tiene un fundamento razonable para hacerlo, lo cual es mucho más fácil de justificar. Por lo tanto, con frecuencia, las leyes que prohíben este tipo de actividades son ratificadas.

Mordeduras de perro

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Dog BitesComo regla general, cuando usted ha sido mordido por un perro o atacado por un animal doméstico, usted tiene derecho a pedir compensación por sus lesiones. Algunos estados miran si el perro tenía una historia de la violencia, pero muchos aplican una teoría de la responsabilidad objetiva, donde usted no tiene que demostrar que el dueño sabía o debió haber sabido que el perro pudo ser agresivo o violento.

En la mayoría de los estados, puede presentar una reclamación por lesiones sufridas en un ataque de perro bajo una teoría legal de la responsabilidad objetiva. Esto significa que usted no tiene que demostrar que el perro tenía antecedentes de violencia, o que el dueño del perro sabía o debía haber sabido que el perro podía ser agresivo o violento. Para recuperar una indemnización bajo una reclamación de responsabilidad estricta, sólo tiene que demostrar que el acusado era dueño del perro, y que el perro le mordió, causándole lesiones.

Algunos estados han promulgado lo que se conoce como la ley de “una mordida libre”. En esos estados, la primera vez que su perro muerde a alguien, usted no es responsable (a menos que tenga otras razones para esperar que su perro puede morder a alguien). Sin embargo, a partir de ese punto hacia adelante, usted está en el aviso de la inclinación de su perro a morder, y es probable que sea responsable de cualquier ataque futuro por su perro.

Indicaciones de que su perro puede tener una tendencia a morder o ser agresivo

Si su perro ya ha mordido a alguien (incluyendo usted o un miembro de la familia), usted está en el aviso de la propensión del perro a causar lesiones. Otras situaciones, sin embargo, no son tan claras:

  • Comportamiento agresivo con otros perros-Los tribunales han sostenido constantemente que la manera en que los perros se comportan hacia otros perros no es una indicación de cómo se comportarán hacia los seres humanos
  • La raza del perro-Algunas jurisdicciones han promulgado leyes que identifican a ciertas razas (pit bulls, rottweilers, pastores) como perros peligrosos. En general, sin embargo, los tribunales no consideran ninguna raza específica como un riesgo inherente.
  • Barking a extraños-Un perro que ladra a extraños no se considera un riesgo, si nunca ha amenazado a nadie.
  • Gruñir o chasquear a los extraños-Este comportamiento típicamente se considerará para poner a un dueño del perro en el aviso

Excepciones a la Regla

Incluso en los estados que tienen leyes de responsabilidad estricta que gobiernan mordeduras de perro, hay situaciones donde usted puede ser absuelto de la responsabilidad si su perro nips o ataca a otra persona:

  • La víctima estaba invadiendo su propiedad
  • La víctima provocó, provocó o provocó a su perro
  • Usted publicó advertencias adecuadas o avisó a la víctima sobre la naturaleza agresiva de su perro, y la víctima optó por no prestar atención a su advertencia. Por ejemplo, es posible que haya colocado un letrero que dice a otros que “Tenga cuidado con el perro”. Si es legible y claramente visible, y la víctima optó por ignorarlo, puede evitar la responsabilidad.
  • La víctima viola la ley de cualquier manera
  • La víctima fue negligente o descuidada, y esa negligencia causó o contribuyó al ataque