Derecho colaborativo

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Derecho Colaborativo

¿Qué es el derecho colaborativo?

El derecho colaborativo es un proceso que se utiliza para resolver asuntos legales sin llegar al tribunal. Es particularmente efectivo en los casos de derecho de familia que involucran hijos o matrimonios que llevan casados mucho tiempo, cuyos cónyuges deben mantener la relación después de que se resuelve el caso. Este proceso también es conveniente para los conflictos sucesorios, los asuntos de negocios y las negociaciones societarias, ya que fomenta las comunicaciones y relaciones futuras positivas.

Una alternativa para evitar litigios:

En un litigio tradicional, las partes preparan el caso para convencer al juez de que su punto de vista debe “ganar”. Se destruye toda posibilidad de una relación de confianza y respeto mutuos, ya que se saca a la luz las debilidades, fracasos, faltas y errores de la otra parte en un foro público como el tribunal. En las disputas, nadie es totalmente inocente ni totalmente culpable, y los abogados están capacitados para aprovechar al máximo lo peor de la otra parte. Esto forma parte del trabajo del abogado de litigios. Por eso, los abogados abordan los litigios como una situación donde una parte gana y la otra pierde, aunque, en general, el resultado es una situación donde ambas partes pierden. Y para agregar otra cuota de ansiedad, el juez que interviene en un caso de familia tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre los hijos, la propiedad inmueble y el dinero de personas que no conoce ni puede conocer realmente. El derecho colaborativo ofrece una alternativa al controvertido proceso del litigio.

El proceso del derecho colaborativo:

Para resolver un caso a través del derecho colaborativo se necesita un equipo formado por las partes, sus respectivos abogados, uno o más consejeros en comunicación y un asesor financiero imparcial. La composición del equipo varía según el estado.

El equipo participa en una serie de reuniones de conciliación en las que todos acuerdan aceptar normas de comunicación rigurosas ideadas para fomentar la cortesía y el respeto. Las partes y sus abogados pueden hablar libremente durante estas reuniones. El consejero en comunicación es un profesional de la salud mental que ayuda a controlar las emociones y a que las partes expresen, sin restricciones, sus necesidades e intereses. El asesor financiero imparcial ayuda a recopilar información financiera y a planificar las futuras opciones, en materia de finanzas, para las partes. Si se necesitan otros expertos, las partes acuerdan su contratación para el fin en cuestión, en lugar de contratar a dos expertos rivales. Las reuniones son confidenciales para garantizar una comunicación franca y eficiente.

Negociaciones que responden a los intereses de ambas partes:

Aun en los casos muy complicados, el proceso funciona, porque los profesionales que lo llevan adelante están entrenados para resolver problemas de acuerdo a los intereses de ambas partes. Durante el transcurso del proceso, se atienden y consideran las necesidades e intereses de ambas partes en un ámbito seguro, donde éstas cuentan con el apoyo de sus abogados. Esto lleva a abordar el caso como una situación en la que ambas partes ganan.

Generalmente, cuando las personas participan en un conflicto legal, existen numerosos problemas, y uno de los más grandes es la comunicación. El proceso colaborativo no es necesariamente algo sencillo: el divorcio y otros conflictos son siempre difíciles; sin embargo, con las negociaciones colaborativas, las partes pueden obtener mejores resultados.

La metáfora clásica para explicar la diferencia entre un litigio y las negociaciones colaborativas es el caso de la naranja: el juez se encuentra ante un caso en el que la parte uno y la parte dos quieren la misma naranja. El juez hace lo correcto conforme a las leyes: corta la naranja por la mitad y le da una mitad a cada parte. Pero a ninguna de las partes les sirve sólo la mitad de la naranja: esta es una situación en la que ambas partes pierden. Si el juez hubiese tenido tiempo para escuchar (generalmente no lo tienen), quizá se habría dado cuenta de que la parte uno quería la cáscara de la naranja para hornear un pastel, y la parte dos, el jugo para tratar un resfriado. El juez podría haber repartido la naranja para que las dos partes quedaran totalmente satisfechas y así lograr una situación en la que ambas partes ganan.

El derecho colaborativo puede ser la opción adecuada si las partes en conflicto desean reconstruir o continuar una relación, en lugar de romper totalmente el vínculo.

Si desea obtener más información sobre el derecho colaborativo visite www.necollab.com y www.collaborativepractice.com.

Cuando La Raza Influye En Las Propinas, Los Empleados… ¿Tienen Algún Recurso?


Cuando La Raza Influye En Las Propinas, Los Empleados… ¿Tienen Algún Recurso?

Por Linda Holmes, abogada
15 de abril de 2008

No existe nada más irritante que un estudio que demuestre que no somos tan racionales como creemos. Sería muchísimo más fácil ignorarlo.

Tome como ejemplo las propinas en los restaurantes. Usted le deja propina al camarero basándose en la amabilidad, el buen servicio y el extraño poder de la bondad humana que lo atraviesa en ese momento, ¿no es verdad? Redondea para arriba o redondea para abajo, pero esos son los principios que supuestamente deben aplicarse.

Bad Tip, The Attorney Store

Desafortunadamente, un estudio reciente realizado por el experto en propinas Michael Lynn, para el Journal of Applied Social Psychology, señala que los camareros reciben propinas considerablemente diferentes de acuerdo con un factor mucho menos lógico, pero tristemente familiar: la raza. Concretamente, no importa si los clientes son de raza blanca o de raza negra, los camareros de raza negra reciben propinas mucho más bajas que los camareros de raza blanca en el mismo restaurante, en el mismo turno.

Muy a su pesar, usted podría preguntarse si los camareros de raza negra, al menos en el restaurante donde se realizó el estudio, brindaron un servicio de peor calidad que sus colegas de raza blanca. Pero la calidad no parece ser la cuestión. A los camareros de raza negra cuyos servicios fueron calificados con un cinco perfecto en una escala de uno a cinco, se les dejó una propina del 16.6% de la cuenta, mientras que a los camareros de raza blanca con la misma calificación se les dejó el 23.4% de la cuenta. En pocas palabras, el camarero de raza negra que brindó lo que el cliente consideró un servicio perfecto, generalmente recibió una propina de casi un 30 por ciento menos que el camarero de raza blanca que brindó el mismo servicio. Estas cifras son difíciles de explicar.

Para empezar, la propina, desde luego, no representa una de nuestras transacciones económicas más sensatas. Independientemente de su postura en cuanto a si debería dejárseles propina a los baristas (personas que preparan el café) de Starbucks, es incomprensible que el recipiente para las propinas se encuentre en la caja registradora y no en el punto de entrega, lo que significa que usted deja la propina antes de recibir la mayor parte del servicio. Es posible que usted deje su vuelto en el recipiente y tres minutos después descubra que en lugar de su vanilla latte le prepararon un caramel macchiato. Las propinas se han convertido en un complemento habitual y caprichoso de los bajos salarios, en vez de ser una respuesta cuidadosamente analizada a la calidad del servicio recibido. Éste es un extraño lugar para buscar la igualdad.

Pero las diferencias raciales crean un nivel de preocupación completamente distinto. Como observa Lynn, la diferencia que descubrió no sólo es problemática desde las perspectivas de la lógica, la igualdad y la justicia social, sino que también es problemática a nivel jurídico. Si este estudio es correcto, los camareros de raza negra reciben un salario menor que el que reciben los camareros de raza blanca por realizar el mismo trabajo. En términos generales, conforme al Título VII de la Ley de derechos civiles (Civil Rights Act), es ilegal que un empleador ”discrimine a cualquier persona en relación con su remuneración, los términos, las condiciones o los privilegios del empleo debido a la raza de dicha persona”. Pero el empleador, claro está, no es quien deja las propinas. La parte que discrimina es el cliente. A nosotros no nos controlan. No estamos contemplados en la norma, por lo tanto, no pueden demandarnos.

Por supuesto, mientras que los empleadores no tengan que pagar por las propinas, ellos se sumergen en la economía y las cuestiones legales del manejo del restaurante. Según la ley federal y en la mayoría de los estados, un empleador puede pagarle a un empleado menos del salario mínimo si el empleado además obtiene propinas. De hecho, a menos que la ley estatal establezca lo contrario, un empleador puede pagarle a un empleado que recibe propinas tan sólo $2.13 por hora. Sí, eso es dos dólares y trece centavos. El comercio no distribuye las propinas, pero obtiene un importante beneficio de su existencia, por lo tanto, tampoco está totalmente al margen.

La ironía de hacer responsables a los restaurantes en este caso es que el derecho históricamente ha mantenido a los empleadores lo más lejos posible de las operaciones relacionadas con las propinas, ya que las propinas son del empleado que las recibe. Los empleadores deben actuar con mucho cuidado cuando se involucran en la distribución de las propinas. Sólo observe el caso de la empresa Starbucks, que actualmente está siendo atacada por compartir todo el dinero recolectado en el recipiente para propinas con los supervisores de turno. Hemos excluido las operaciones relacionadas con las propinas del análisis o de la participación del empleador, en un intento de proteger a los empleados del manejo deshonesto por parte de los empleadores. Sin embargo, esta falta de análisis ha dado como resultado condiciones de trabajo desfavorables al permitir que los prejuicios de los clientes afecten la remuneración de los empleados.

Parece inevitable que haya que objetarle a la Ley de derechos civiles el hecho de permitir la remuneración a través de propinas –una práctica que el empleador regula, aunque no tiene el control de las propinas individuales. Cuando esto suceda, es posible que obligue a una conversación incómoda acerca de si, al menos por el momento, es tan probable que los clientes discriminemos al dar propinas que, por ley, el empleador no podrá dejarlo completamente en nuestras manos.

Linda Holmes es una escritora independiente en Brooklyn, Nueva York. Previamente ejerció el derecho en el estado de Minnesota y se especializó en derecho laboral y redacción legislativa.

Ayres, Ian. ”The Racial Tipping Point.” New York Times, 28 de marzo de 2008.
http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2008/03/20/the-racial-tipping-point/.

Lynn, Michael, Michael Sturman, Christie Ganley, Elizabeth Adams, Mathew Douglas, y Jessica McNeil. ”Consumer Racial Discrimination in Tipping: A Replication and Extension.” Journal of Applied Social Psychology 38, no. 4 (2008): 1045–60.

Título VII de la Ley de derechos civiles (Civil Rights Act) de 1964, 42 U.S.C. §§ 2000e, y siguientes. (2006).

Pasos a seguir si se resbala y se cae en el supermercado


Pasos a seguir si se resbala y se cae en el supermercado

Por Margarita Gutiérrez, abogada

¡Oh, no! ¡Se resbaló y se cayó en el supermercado! Enseguida se da cuenta de que el dolor es muy fuerte. ¿Qué debe hacer?

Slip and Fall, The Attorney Store

Primero, levántese con mucho cuidado. O mejor aún, tranquilícese antes de levantarse del piso. Lo que haga en las próximas horas puede influir sobremanera en sus posibilidades de obtener compensación por daños del supermercado.

Mire a su alrededor. ¿Alguna otra persona lo vio caerse? Si es así, ¡consiga su nombre y número de teléfono ahora! A menos que estuviera caminando con una cámara filmadora sobre la cabeza, ésta es la manera más efectiva de demostrar que usted se resbaló y se cayó. Un testigo imparcial puede ser decisivo para su reclamo, así que rápido, mire a su alrededor, y mientras ese amable curioso lo esté ayudando, consiga su nombre y teléfono. Asegúrese de que note qué causó la caída, si fue algo que estaba en el suelo, una rasgadura en el linóleo o mala iluminación que le impidió ver bien.

Luego, hable con el gerente del supermercado. Asegúrese de conseguir el nombre y número de teléfono del gerente, porque también es un testigo importante, aunque no lo haya visto caerse. Piense detenidamente lo que le dice, lo más probable es que el gerente tome notas y escriba un informe del incidente. Sea honesto y diga la verdad de lo que pasó, con palabras simples. Probablemente enviarán a alguien para que limpie lo que sea que haya ocasionado su caída. Ningún problema. Sólo asegúrese de que otra persona haya visto lo que causó la caída y de que recuerde que el supermercado envió a alguien para limpiarlo o arreglarlo. Mientras se encarga de esto, también consiga el nombre de la persona a cargo de limpiar el piso o arreglar lo que causó la caída.

Después de la caída, consulte a un médico sin demora. En ocasiones, esto no es posible o usted se siente bien las primeras dos horas, pero después se da cuenta de que, en realidad, se siente muy mal. Recuerde: si espera unas horas, en algún momento tendrá que explicar por qué lo hizo, y no piense que ir a casa para programar su TiVo es una buena excusa ante el liquidador de reclamos del seguro. Cuando visite al médico, probablemente le preguntará cómo ocurrió el accidente. Piense en lo que le dijo al gerente del supermercado. Use palabras simples y mencione dónde le duele.

Consiga todo lo que pueda por escrito. Si el médico le indica quedarse en casa y hacer reposo, pídale una nota. Aunque tenga el mejor jefe del mundo, y no se lo exija, de todos modos consiga una nota del médico. Una nota de puño y letra de su médico le servirá en un año, cuando se siente a resolver el reclamo con el supermercado. Después de todo, usted debe probar que el accidente ocurrió y de qué manera se lesionó, y nadie le creerá si no tiene pruebas. Si se toma días en el trabajo y no recibe un talón del cheque de pago donde figure que usted tomó días por enfermedad o licencia médica, obtenga esa información por escrito de su empleador antes de comenzar la licencia.

¿A qué tipo de indemnización por daños tiene derecho? Querrá ser indemnizado por los costos y otros daños causados por la caída. Existen dos categorías de daños: especiales y generales.

Los daños especiales indemnizan las pérdidas monetarias cuantificables, e incluyen:

  • Sus cuentas de gastos médicos actuales y futuras relacionadas con la lesión.
  • Las ganancias perdidas por tomarse licencia en el trabajo, aunque le paguen la licencia por enfermedad. Tiene derecho a ser resarcido por haberse tomado licencia, porque de otra manera no hubiese tenido que tomarla.
  • Daños a la propiedad; esto incluye la ropa o zapatos que se arruinaron con la caída.

Los daños generales indemnizan los aspectos no monetarios de la lesión, e incluyen:

  • El dolor y el sufrimiento
  • Los posibles daños morales

Ahora, digamos que sus lesiones ya están curadas. Usted reposó en casa durante tres días y regresó al trabajo. ¿Qué opciones tiene?

Puede entablar la demanda del siglo, contratar un grupo de abogados para que litiguen y apelarla hasta llegar a la Corte Suprema. Este es el derecho de todo estadounidense. Pero, ¿cuándo fue la última vez que la Corte se ocupó de los alegatos por un accidente de resbalón y caída? Es poco probable.

En cambio, puede tratar de resolverlo usted mismo con el supermercado. Puede enviarles una carta donde relate lo que pasó, junto con copias de sus facturas, y en la que indique una fecha límite inamovible antes de la cual deben hacerle una oferta. El supermercado puede decidir llegar a un acuerdo sobre su reclamo y pagarle basándose en su excelente documentación y reclamo genuino.

¿Qué sucede si esto no funciona? En algunos estados, usted tiene sólo un año para entablar una demanda contra el supermercado. Si desea contratar a un abogado, lo mejor es conseguirlo mucho antes del transcurso de un año, así habrá tiempo suficiente para evaluar su caso. En TheAttorneyStore.com encontrará la ley de prescripción aplicable en cada estado.

Margarita Gutiérrez es abogada en San Francisco, California. Sus áreas de práctica incluyen los litigios por lesiones personales, el derecho público y el derecho de medios de comunicación.

Se Están Resolviendo y Archivando Los Casos Del Parche Anticonceptivo


Se Están Resolviendo y Archivando Los Casos Del Parche Anticonceptivo

Por Sandra Cassidy, asesora corporativa asociada de Counsel Financial Services
Sandra Cassidy Photo
Johnson & Johnson Inc. pagará $1.25 millones por la muerte de una joven de 14 años que sufrió la formación de coágulos sanguíneos en los pulmones después de usar el parche anticonceptivo Ortho Evra. Desde que fue lanzado al mercado en el año 2002, cinco millones de mujeres han usado el parche, y actualmente Johnson & Johnson se enfrenta a las demandas de 2,400 víctimas. Son veintitrés las muertes atribuidas a la utilización del parche, pero se cree que el número total de muertes es mucho más alto, dado que el 90% de los acontecimientos adversos no son denunciados. Hasta ahora, de las 23 muertes atribuidas al parche, 18 víctimas sufrieron la formación de coágulos sanguíneos y cinco, un ataque cardíaco o cerebrovascular.

De abril del 2002 a diciembre del 2004, 28,000 consumidoras informaron efectos secundarios asociados con el parche. En 2005, un médico forense atribuyó públicamente la primera muerte al parche, después de que una joven estudiante universitaria con dolor de cabeza y dolor en las piernas muriera camino al hospital. La autopsia reveló que un coágulo sanguíneo en la pierna había llegado hasta los pulmones. Después de este incidente, se inició la primera demanda colectiva a nivel nacional contra el fabricante Ortho-McNeil Inc. y la compañía matriz Johnson & Johnson Inc.

La mayoría de las demandas pendientes alegan que Johnson & Johnson no realizó las pruebas adecuadas al parche ni advirtió suficientemente sobre los peligros de éste. Además, alegan que los fabricantes estaban al tanto de los problemas de salud relacionados, ya que mucho antes de que el parche fuera comercializado se habían publicado resultados de ensayos clínicos desfavorables. Sin embargo, les restaron importancia a los riesgos y estuvieron dispuestos a seguir adelante a pesar del peligro.

Johnson & Johnson y Ortho-McNeil niegan haber tenido conocimiento sobre los problemas de salud y seguridad relacionados con el parche. No obstante, CBS News informa que los registros internos de la compañía, desde abril del 2002 hasta diciembre del 2004, demuestran que Johnson & Johnson tenía conocimiento de aproximadamente 500 incidentes por efectos secundarios graves relacionados con el parche.

En los últimos meses, Johnson & Johnson ha estado resolviendo casos y buscando la aprobación de los tribunales para archivar los expedientes judiciales conforme a una orden de confidencialidad. En mayo del 2006, un abogado corporativo anunció que la compañía estaba preparada para llegar a un acuerdo con todas las demandantes hospitalizadas por los efectos adversos del parche.

Corren riesgo mujeres de todas las edades, pero aquellas entre los 14 y los 35 años de edad tienen más probabilidades de sufrir un ataque cerebrovascular o de morir. Aparentemente, no existe un período de uso predecible antes de que se manifiesten los efectos secundarios. Algunas de las víctimas usaron los parches por muchos meses y otras, sólo unas semanas.

El parche anticonceptivo Ortho Evra es un cuadrado pequeño, de 1 3/4 pulgadas, con muchas capas, que se adhiere al cuerpo y libera las hormonas progestina y estrógeno a través de la piel hasta ingresar en el torrente sanguíneo. El parche se hizo popular porque se aplica, convenientemente, una vez por semana; sin embargo, se sabe que el estrógeno sintético liberado por el parche aumenta la coagulación sanguínea.

En 2005, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió que el método de liberación del parche puede causar coágulos y que libera 60% más de estrógeno que la píldora anticonceptiva. Un año más tarde, un estudio descubrió que el parche causa tres veces más coágulos sanguíneos que los anticonceptivos orales. Associated Press informa que un memorándum interno de Ortho-McNeil, escrito en el año 2003, muestra que la empresa se negó a financiar un estudio comparativo de la seguridad relativa entre diferentes métodos de liberación, dada la alta posibilidad de que el estudio descubriera las ventajas de la píldora sobre el parche.

Generalmente, los coágulos informados se forman en las pantorrillas, luego se desprenden y viajan a otras partes del cuerpo, donde se albergan y finalmente cortan el flujo sanguíneo. La FDA obligó a Ortho-McNeil a usar la máxima advertencia, de “recuadro negro”. Esta advertencia indica que el producto puede causar efectos secundarios graves o mortales. El gobierno federal todavía no ha sido persuadido para retirar el producto del mercado; sin embargo, muchos médicos están recomendando a las mujeres que dejen de usar el parche Ortho Evra. El Dr. Sidney Wolfe, director del Grupo de investigación de la salud de Public Citizen, sostiene que no existe evidencia médica válida que respalde el uso continuado de este parche.

Fuentes:

La delincuencia de cuello blanco


¿QUÉ ES EL DELITO DE CUELLO BLANCO?

Es un delito que se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos delitos no son violentos, pero ocasionan pérdidas a compañías, inversores y empleados. Estos delitos incluyen fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley.

Fraude penal

  • Fraude de computadoras: hurtar datos bancarios, tarjetas de crédito e información del propietario que se encuentra almacenada en computadoras.
  • Quiebra fraudulenta: ocultar activos, engañar a los acreedores o presionar ilegalmente a los deudores.
  • Fraude en el ámbito de la salud: aceptar coimas, facturar servicios no realizados, facturar equipos innecesarios o servicios prestados por una persona menos capacitada. Este tipo de fraude se comete en todas las áreas de la atención de salud, esto incluye hospitales, atención domiciliaria, servicios de ambulancia, médicos, quiroprácticos, hospitales psiquiátricos, laboratorios, farmacias y hogares de ancianos.
  • Fraude de seguros: falsificar, exagerar o ”inflar” los hechos de un reclamo.
  • Fraude postal: utilizar el correo de los Estados Unidos para cometer un delito.
  • Fraude gubernamental: participar en actividades fraudulentas relacionadas con la vivienda social, los programas de agricultura, la defensa, los programas educativos y otras actividades gubernamentales. Éstas incluyen: soborno en los contratos, confabulación entre contratistas, facturación doble o falsa, certificación falsa de la calidad de partes y sustitución de partes con irregularidades o falsificadas.
  • Fraude financiero: participar en actividades fraudulentas relacionadas con los préstamos comerciales, la falsificación de cheques o de instrumentos negociables, el fraude hipotecario, la circulación de cheques en descubierto, y las solicitudes o los formularios falsos.
  • Fraude de valores: manipular el mercado y hurtar cuentas de valores.
  • Fraude a través del telemarketing: usar el teléfono como medio principal para comunicarse con las potenciales víctimas. Los operadores de ventas telefónicas usan múltiples alias, números telefónicos y ubicaciones; además cambian su línea de productos y argumento de ventas con frecuencia.
  • Falsificación: impresión de dinero falso o fabricación de ropa, bolsos y relojes de diseñador falsos.

Hurto

  • Extorsión: exigir dinero a cambio de no causar daño físico, dañar la propiedad, acusar a alguien de un delito o revelar sus secretos.

Violación de leyes escritas

  • Violaciones leyes antimonopolio: fijar precios y crear monopolios.
  • Violaciones de leyes medioambientales: liberar sustancias tóxicas en el aire, agua o suelo que dañen a las personas, la propiedad o el medio ambiente; esto incluye la contaminación del aire, del agua y los vertederos ilegales.
  • Evasión impositiva: no presentar declaraciones de impuestos o presentar declaraciones de impuestos falsas.
  • Coima: remunerar a una persona o compañía con el propósito de influenciarla y obtener ganancias. Las comisiones ilícitas o coimas tienen como resultado una ventaja, un beneficio o una oportunidad desleal, ante otros que están mejor capacitados u ofrecen precios más competitivos. Las coimas dañan a las empresas, ya que interfieren con el funcionamiento correcto de la competencia en el mercado.
  • Abuso de información privilegiada: negociar con acciones u otros valores usando información confidencial sobre hechos importantes, a la que el público general no tiene acceso.
  • Soborno: ofrecer dinero, bienes, servicios o información con el propósito de influenciar las acciones o decisiones del destinatario.
  • Lavado de dinero: ocultar ingresos, obtenidos gracias a actividades ilegales, para que éstas no sean detectadas. Las actividades ilícitas se blanquean para que parezca que los fondos se generaron por medios legítimos.
  • Corrupción pública: funcionarios federales, estatales o locales que abusan de la confianza pública o de su poder, generalmente con cómplices del sector privado. Un funcionario del gobierno viola la ley cuando pide o acuerda recibir algo de valor a cambio de dejarse influenciar en el desempeño de sus obligaciones.

Defensa

Los delitos de cuello blanco están determinados por los principios generales de la responsabilidad penal. Cada delito incluye un acto ilícito, el dolo y una relación de causalidad. Muchas de las defensas contra los delitos de cuello blanco son las mismas que se usan con otros delitos e incluyen:

  • Demencia
  • Intoxicación
  • Incapacidad (el acusado no tenía la capacidad para cometer el delito)
  • Coacción (otra persona indujo al acusado a cometer el delito)
  • Inducción por agentes del gobierno a cometer un delito

Inducción por agentes del gobierno a cometer un delito

Una defensa habitual de los delitos de cuello blanco es este tipo de inducción, en la que personal del gobierno ofrece al acusado la oportunidad de cometer un delito que, de otra manera, él o ella no hubiese cometido. El acusado argumenta que no hubiese tenido la propensión de cometer el delito sin la inducción del gobierno. Un juez estudiará la situación desde el punto de vista del acusado para decidir si éste fue inducido a cometer el delito del que luego se lo acusa o no. Para tener éxito en una defensa por este delito, el acusado debe probar que el gobierno lo indujo a cometer el delito y que, además, no tenía la predisposición de cometerlo.

Esta defensa no prosperará si la persona tiene la intención de violar la ley y los agentes del gobierno meramente le proporcionan una oportunidad favorable para cometer el delito. Por ejemplo, no se considera una inducción por agentes del gobierno a cometer un delito del que luego se acusará a la persona cuando un agente del gobierno finge ser otro y se ofrece, ya sea directamente o a través de un informante u otro señuelo, para participar en una transacción ilegal con la persona. Aquí, no se considera una inducción a cometer un delito, ya que la persona está dispuesta y tiene la intención de cometerlo; los agentes del gobierno sólo le ofrecen una oportunidad de hacerlo. Por otro lado, deberá absolverse al acusado, si las pruebas dejan alguna duda fundada de la predisposición de éste a cometer el delito sin la inducción o persuasión por parte del funcionario u agente del gobierno.

Sentencia

Tanto las personas como las sociedades pueden ser acusadas de cometer delitos de cuello blanco. Las penas por delitos de cuello blanco son multas, arresto domiciliario, costas procesales, confiscaciones, indemnización, libertad bajo supervisión y prisión. Si el acusado ayuda a las autoridades en su investigación, la sentencia puede llegar a reducirse.

A Paso De Tortuga


A Paso De Tortuga

Análisis del aumento de casos demorados en la Corte Suprema de Texas

Preparado por el personal de la Texas Watch Foundation

5 de marzo de 2008

Cuando los individuos, los propietarios de empresas, los pacientes o las familias recurren a los tribunales en busca de ayuda para resolver conflictos e impartir justicia, esperan, con legítimo derecho, una solución rápida y eficiente. Lamentablemente, la rapidez y la eficiencia son difíciles de encontrar en la Corte Suprema de Texas. Sin duda, el más alto tribunal de nuestro estado funciona a paso de tortuga, y mientras la Corte acumula cada vez más casos, los individuos y los propietarios de empresas quedan en el olvido.

Hemos examinado registros judiciales durante los últimos tres períodos y descubrimos que los casos se demoran en la Corte porque los jueces no trabajan con prontitud y el Presidente de la Corte Suprema no garantiza que ésta funcione de manera eficiente.

La Corte ha acumulado un número récord de casos demorados; de hecho, las investigaciones muestran que el número de casos pendientes por año ha aumentado más del 300% en la última década. Nuestra investigación indica que los miembros de la Corte Suprema de Texas están fallando al momento de satisfacer las exigencias de su agenda de casos.

En los últimos tres períodos, el número promedio de casos terminados por cada juez disminuyó en un 25%, mientras que el lapso promedio para redactar opiniones aumentó en un 31%. De hecho, no es poco común que los jueces emitan menos de cuatro opiniones firmadas por año y tampoco es inusual que tarden, en promedio, más de 18 meses en redactar una opinión. Entonces, la Corte en su totalidad está trabajando menos y, a la vez, se está tomando más tiempo para hacerlo.

Texas Watch, una organización no partidista de defensa del consumidor, descubrió varias tendencias alarmantes que demuestran que, en la Corte Suprema de Texas, realmente se está demorando la justicia:

  • La Corte tardó un promedio de 852 días (2.3 años) en resolver un caso en el período 2006-2007, 24% más que en el período 2004-2005.
  • Después de la exposición de los argumentos orales ante la Corte, los jueces tardaron un promedio de 416 días en redactar una opinión. Esto representa un aumento del 31% entre los períodos 2004-2005 y 2006-2007.
  • Los casos demorados de la Corte han aumentado de manera vertiginosa: de 14 en el año fiscal 2000 a 60 en el año fiscal 2007, un aumento del 328%.
  • La Corte ha dejado 72 casos pendientes durante más de un año. Y otros 31 casos han estado pendientes por más de dos años.

La mayoría de los casos que la Corte acepta para revisión son aquellos en los que un consumidor ha ganado en el primer nivel de apelación. Al retener estos casos por tanto tiempo, la Corte aumenta la probabilidad de que los pacientes lesionados no reciban compensación por el salario perdido y los gastos médicos, que los individuos se vean forzados a declararse en quiebra y que los casos que involucran a menores se retrasen. Y no sólo los individuos salen perjudicados; la confianza del público en la Corte Suprema de Texas también se deteriora.

Los contribuyentes tienen derecho a saber que sus recursos se utilizan eficientemente, y los individuos y las empresas con casos pendientes ante la Corte tienen derecho a esperar, para éstos, una resolución oportuna. Cada vez son más los casos que se demoran, algunos de los cuales descansan sobre el escritorio de la Corte por más de un año, y los jueces no pueden seguir el ritmo de las exigencias de su trabajo. Esto hace que, sin lugar a dudas, la Corte Suprema de Texas no llegue a cumplir con la obligación que tiene con los contribuyentes y litigantes de Texas.

Fuentes:

Asunto De Divulgación De Los Abogados De Texas


Asunto De Divulgación De Los Abogados De Texas

Del equipo de editores de TheAttorneyStore.com

¿Sus clientes o el público en general deben tener conocimiento sobre su cobertura del seguro de responsabilidad profesional? La Corte Suprema de Texas está considerando este tema y le ha solicitado al Presidente del Colegio de Abogados del Estado, Gib Walton, que cree una comisión especial para la divulgación de la cobertura del seguro de responsabilidad de los abogados de Texas.

Además de Texas, varios estados están considerando las normas propuestas, y ya son alrededor de veinte los que han adoptado normas de divulgación.

Usted puede dar su opinión sobre este tema participando de la encuesta de abogados de la comisión especial.

La fecha límite para participar de la encuesta es el 27 de febrero de 2008.

OPINIÓN: Las leyes que restringen el uso del teléfono celular para conducir son excesivas


OPINIÓN: Las leyes que restringen el uso del teléfono celular para conducir son excesivas

Demos multas a los conductores negligentes; no supongamos que todos los que usan teléfonos celulares mientras conducen son negligentes.

Kathy Tatone, abogada

Cell Phone, The Attorney Store

Los teléfonos celulares desempeñan un papel esencial en la vida de la mayoría de las personas. Es difícil imaginarse caminar, trabajar o conducir sin nuestro teléfono cerca. La mayoría de los conductores creen que pueden hablar por teléfono mientras conducen sin distraerse, de la misma manera en que cambian la lista de reproducción en su iPod, almuerzan, se maquillan y atienden a sus hijos, todo ello mientras conducen. Pero ahora en muchos estados se decidió que el uso del teléfono celular mientras se conduce es mucho más peligroso que cualquier otra distracción.

Al menos veinticinco estados han promulgado leyes que regulan el uso de teléfonos celulares mientras se conduce. Estos estados han tomado diversas medidas, que incluyen regular el uso de teléfonos celulares para conductores menores de 18 años, prohibir el uso de estos aparatos a los conductores de autobuses y prohibir los teléfonos portátiles pero permitir el uso de teléfonos ”manos libres”.

  • En cinco estados (California, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Washington) y en Washington D.C. está prohibido conducir mientras se habla con teléfonos portátiles. [Las leyes de los estados de California y Washington no entran en vigencia sino hasta julio de 2008—ed.]
  • Diecisiete estados y Washington D.C. aprobaron leyes referidas al uso del teléfono celular mientras se conduce, que prohíben a los conductores principiantes usar sus teléfonos celulares mientras conducen.
  • Los conductores de autobuses escolares en catorce estados y en Washington D.C. tienen prohibido el uso de teléfonos celulares mientras llevan pasajeros, salvo en casos de emergencia.
  • En mayo de 2007, Washington se convirtió en el primer estado en prohibir el uso de mensajes de texto mientras se conduce. Nueva Jersey siguió el ejemplo en noviembre, y varios otros estados están considerando la aplicación de medidas similares.
  • Hasta ahora, ningún estado prohíbe completamente el uso de todas las clases de teléfonos celulares (portátiles y ”manos libres”) mientras se conduce.

Hay quienes opinan que conducir mientras se habla por teléfono celular es tan peligroso como conducir en estado de embriaguez. Eso parece ser una exageración. Es verdad que el uso del teléfono celular mientras se conduce puede provocar distracciones, especialmente si no se utiliza un aparato ”manos libres”. Sin embargo, conducir en estado de embriaguez implica una pérdida de juicio y coordinación que supera una simple distracción. Si el uso de teléfonos celulares realmente fuera tan peligroso como conducir en estado de embriaguez, en nuestras calles habría muchos más accidentes, muertes y lesiones relacionados con ellos. En realidad, la cantidad de accidentes es menor si se la compara con la cantidad de accidentes producidos por conducir en estado de embriaguez.

Sin duda el uso de teléfonos celulares mientras se conduce es motivo de preocupación, pero no se debe exagerar el daño en el afán de imponer restricciones. En un estudio realizado en 2006 por el Virginia Tech Transportation Institute y la National Highway Traffic Safety Administration se estudiaron las consecuencias del uso de teléfonos celulares en las calles. Si bien se demostró, como era de esperarse, que el uso de teléfonos celulares constituye una distracción, se determinó que la probabilidad de causar choques es menor que con otras distracciones comunes que tienen los conductores y que no están reguladas. Exagerar un peligro es la manera preferida de quienes quieren controlar la vida de los demás para imponer acciones legislativas. Crea una falsa sensación de temor que genera apoyo público para promulgar normas innecesarias.

Los estados de Utah y Nueva Hampshire adoptaron un enfoque equilibrado y aprobaron leyes que responsabilizan a los conductores por su falta de atención cuando cualquier distracción dentro de sus vehículos es causa de una infracción de tránsito. El uso del teléfono celular es aceptable dentro del ámbito de estas leyes, siempre y cuando no genere peligro al conducir. Estos dos estados han determinado que un conductor competente puede decidir qué actividades lo distraen cuando conduce.

¿Cómo podemos revertir la situación de los teléfonos celulares? Los teléfonos celulares han pasado a ser una parte tan importante de nuestra vida cotidiana que no podemos imaginarnos sin ellos en cualquier situación. En algunos casos, usar el teléfono celular puede hacer que conduzcamos de manera más segura. Por ejemplo, si usted tiene la posibilidad de llamar para avisar que llegará tarde, es más probable que conduzca despacio y con cuidado.

Aunque el uso del teléfono celular mientras se conduce fuera un problema importante — algo que las estadísticas no respaldan — debería ser abordado por leyes amplias para conductores que se distraen, como las que existen en Utah y Nueva Hampshire. Estas leyes para conductores imprudentes permiten a la policía detener a los usuarios de teléfonos celulares que conducen en forma peligrosa. Utilicemos estas leyes, que han funcionado durante décadas, para castigar a los conductores imprudentes.

Referencias

Governors Highway Safety Association. “Cell Phone Driving Laws” (accessed Feb. 2008).

National Highway Traffic Safety Administration. The Impact of Driver Inattention on Near-Crash/Crash Risk: An Analysis Using the 100-Car Naturalistic Driving Study Data. Washington, D.C.: National Highway Traffic Safety Administration, 2006.

¿El Sueño Americano?


Qué implica la crisis de los préstamos hipotecarios de alto riesgo (subprime) para los estadounidenses

James R. Nowlin III, Esq.

Lo que alguna vez fue el camino rápido para obtener la casa propia, ahora es uno de los puntos más débiles de la economía de los Estados Unidos. La crisis de los préstamos hipotecarios de alto riesgo (subprime) tiene un impacto drástico en la economía y continuará jugando un papel principal en el mercado nacional e internacional, en los valores de las propiedades inmuebles y en la capacidad de muchos estadounidenses para obtener financiación a fin de comprar una vivienda o, incluso, acceder a ciertas tarjetas de crédito. Sin embargo, con toda la atención centrada en la crisis de esta modalidad de préstamos, muchas personas se preguntan: “¿qué es, exactamente, un préstamo hipotecario de alto riesgo?”.
Los préstamos hipotecarios de alto riesgo, también conocidos en inglés como second chance lending, son una modalidad de préstamos que se conceden a personas que no pueden acceder a las tasas de interés preferenciales debido a sus historiales crediticios. Un historial crediticio poco sólido puede ser el resultado de pagos atrasados, quiebra, ejecuciones de hipotecas, readquisiciones, deudas incobrables o crédito extralimitado.

Los préstamos de alto riesgo, a menudo, constituyen una alternativa para que las personas con un historial crediticio deficiente puedan comprar una vivienda. Sin embargo, los fondos del préstamo tienen algunas desventajas. Tienen una tasa de interés más alta para compensar el riesgo elevado que corre el prestamista con el historial crediticio deficiente del prestatario.
Otra desventaja es que estos préstamos, con frecuencia, se otorgan como hipotecas con tasa ajustable o ARM (por sus siglas en inglés), aunque no todas las ARM son préstamos de alto riesgo. A diferencia de las hipotecas convencionales con tasa fija a 15 o 30 años, las hipotecas ARM inicialmente ofrecen tasas de interés bajas que aumentan después de un período determinado, a menudo de 2 a 5 años, según los términos del préstamo. Cuando la tasa de interés no es fija, se vuelve variable y, en general, se reajusta una vez al año por el tiempo que dure el préstamo. Las tasas de interés variables se ajustan a las tasas de interés federales, que son reguladas por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cuando las tasas federales aumentan o disminuyen, las tasas de interés variables de las hipotecas de los propietarios de viviendas también aumentan o disminuyen.

Aunque las hipotecas ARM de alto riesgo representan solamente el 6.8% de las hipotecas vigentes en los Estados Unidos, éstas constituyen el 43% de las ejecuciones hipotecarias. El ajuste de las tasas de interés variables toma por sorpresa a muchos prestatarios, que hasta ese momento esperaban que los pagos hipotecarios permanecieran estáticos o dentro de un nivel accesible. Luego del aumento de la tasa, los prestatarios que no puedan realizar los pagos mensuales se enfrentan a la ejecución hipotecaria y a la pérdida del patrimonio inmobiliario.
Cuando los mercados inmobiliarios están sólidos y el valor de las viviendas, en alza, los prestatarios pueden reparar su crédito al realizar pagos oportunos. También pueden refinanciar la hipoteca con una mejor tasa de interés o un préstamo con intereses fijos. Sin embargo, en el contexto del mercado inmobiliario actual, con precios de vivienda desvalorizados, a los prestatarios les resulta cada vez más difícil refinanciar las viviendas debido a la falta del capital propio.

Muchos analistas de mercado, economistas y políticos atribuyen la crisis de los préstamos hipotecarios de alto riesgo a distintos factores. Una de las críticas más difundidas es que, en esta industria de hipotecas de alto riesgo de $1.3 billones, tanto las instituciones de préstamo como los agentes hipotecarios estaban demasiado preocupados por obtener ganancias rápidas en lugar de evaluar correctamente si los prestatarios estaban calificados para devolver los préstamos. En algunos casos, se dice que los prestamistas o los agentes hipotecarios “condujeron” a los prestatarios a estos préstamos de alto riesgo, incluso en los casos en que los prestatarios hubieran calificado para mejores hipotecas, o hipotecas “preferenciales” (prime), con tasas de interés más bajas o fijas.

Otros críticos culpan a los prestatarios por no analizar cuidadosamente los términos de los préstamos o por sacar préstamos que sabían que no podían pagar. Otros sostienen que la inadecuada supervisión gubernamental fue el motivo principal que permitió que las instituciones de préstamo sacaran provecho de los préstamos de alto riesgo durante un período prolongado. Estos críticos aseguran que el gobierno federal estaba al tanto de las prácticas de préstamo y que debería haber intervenido para evitar la crisis actual.

Independientemente de cómo se distribuyen las culpas de la crisis de los préstamos hipotecarios de alto riesgo, una cosa es segura: un sinnúmero de familias estadounidenses han sido privadas de su patrimonio inmobiliario, un hecho que seguirá afectando la economía de los Estados Unidos. Como resultado de esta pérdida del patrimonio inmobiliario, los estadounidenses se sienten menos solventes y, en consecuencia, el consumo disminuye. Y lo peor de todo es que muchas familias que enfrentan las brutales consecuencias de la crisis de las hipotecas de alto riesgo confiaban en que la adquisición de su vivienda sería una inversión que los ayudaría a alcanzar un equilibrio financiero sólido.

Debido a estas circunstancias alarmantes, más de 30 estados han promulgado leyes que prevén mayor protección a los propietarios de viviendas y requisitos más estrictos para otorgar préstamos de manera responsable. Estas medidas pueden brindar a muchas familias una verdadera segunda oportunidad para aferrarse al sueño americano de la casa propia o estar en condiciones de alcanzarlo.

James R. Nowlin es abogado, está establecido en Dallas y es el fundador de Excel Global Legal Search Consultants. Anteriormente ejerció su profesión en las áreas del derecho inmobiliario y financiero.

Referencias

Center for Responsible Lending. “Predatory Mortgage Lending: Robs Homeowners & Devastates Communities.” Fact sheet, 2006.

Der Hovanesian, Mara and Matthew Goldstein. “The Mortgage Mess Spreads,” BusinessWeek, March 7, 2007.

Mortgage Bankers Association. “Delinquencies and Foreclosures Increase in Latest MBA National Delinquency Survey.” News release, Dec. 7, 2007.

Delitos financieros

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Delitos financieros

El delito financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos delitos no son violentos, pero ocasionan pérdidas a compañías, inversores y empleados. Estos delitos incluyen fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley.

Fraude penal

  • Fraude de computadoras: hurtar datos bancarios, tarjetas de crédito e información propietario que se encuentra almacenada en computadoras.
  • Quiebra fraudulenta:ocultar activos, engañar a los acreedores o presionar ilegalmente a los deudores.
  • Fraude en el ámbito de la salud:aceptar coimas, facturar servicios no realizados, facturar equipos innecesarios o servicios prestados por una persona menos capacitada. Este tipo de fraude se comete en todas las áreas de la atención de salud, esto incluye hospitales, atención domiciliaria, servicios de ambulancia, médicos, quiroprácticos, hospitales psiquiátricos, laboratorios, farmacias y hogares de ancianos.
  • Fraude de seguros:falsificar, exagerar o “inflar” los hechos de un reclamo.
  • Fraude postal: utilizar el correo de los Estados Unidos para cometer un delito.
  • Fraude gubernamental: participar en actividades fraudulentas relacionadas con la vivienda social, los programas de agricultura, la defensa, los programas educativos y otras actividades gubernamentales. Éstas incluyen: soborno en los contratos, confabulación entre contratistas, facturación doble o falsa, certificación falsa de la calidad de partes y sustitución de partes con irregularidades o falsificadas.
  • Fraude financiero: participar en actividades fraudulentas relacionadas con los préstamos comerciales, la falsificación de cheques o de instrumentos negociables, el fraude hipotecario, la circulación de cheques en descubierto, y las solicitudes o los formularios falsos.
  • Fraude de valores: manipular el mercado y hurtar cuentas de valores.
  • Fraude a través del telemarketing: usar el teléfono como medio principal para comunicarse con las potenciales víctimas. Los operadores de ventas telefónicas usan múltiples alias, números telefónicos y ubicaciones; además cambian su línea de productos y argumento de ventas con frecuencia.
  • Falsificación: impresión de dinero falso o fabricación de ropa, bolsos y relojes de diseñador falsos.

Hurto

  • Extorsión: exigir dinero a cambio de no causar daño físico, dañar la propiedad, acusar a alguien de un delito o revelar sus secretos.

Violación de leyes escritas

  • Violaciones leyes antimonopolio: fijar precios y crear monopolios.
  • Violaciones de leyes medioambientales: liberar sustancias tóxicas en el aire, agua o suelo que dañen a las personas, la propiedad o el medio ambiente; esto incluye la contaminación aire, del agua y los vertederos ilegales..
  • Evasión impositiva: no presentar declaraciones de impuestos o presentar declaraciones de impuestos falsas.
  • Coima: remunerar a una persona o compañía con el propósito de influenciarla y obtener ganancias. Las comisiones ilícitas o coimas tienen como resultado una ventaja, un beneficio o una oportunidad desleal, ante otros que están mejor capacitados u ofrecen precios más competitivos. Las coimas dañan a las empresas, ya que interfieren con el funcionamiento correcto de la competencia en el mercado.
  • Abuso de información privilegiada: negociar con acciones u otros valores usando información confidencial sobre hechos importantes, a la que el público general no tiene acceso.
  • Soborno: ofrecer dinero, bienes, servicios o información con el propósito de influenciar las acciones o decisiones del destinatario.
  • Lavado de dinero: ocultar ingresos, obtenidos gracias a actividades ilegales, para que éstas no sean detectadas. Las actividades ilícitas se blanquean para que parezca que los fondos se generaron por medios legítimos..
  • Corrupción pública: uncionarios federales, estatales o locales que abusan de la confianza pública o de su poder, generalmente con cómplices sector privado. Un funcionario del gobierno viola la ley cuando pide o acuerda recibir algo de valor a cambio de dejarse influenciar en el desempeño de sus obligaciones.

Defensa

Los delitos financieros están determinados por los principios generales de la responsabilidad penal. Cada delito incluye un acto ilícito, el dolo y una relación de causalidad. Muchas de las defensas contra los delitos financieros son las mismas que se usan con otros delitos e incluyen:

  • Demencia
  • Intoxicación
  • Incapacidad (el acusado no tenía la capacidad para cometer el delito)
  • Coacción (otra persona indujo al acusado a cometer el delito)
  • Inducción por agentes

Inducción por agentes del gobierno a cometer un delito

Una defensa habitual de los delitos financieros es este tipo de inducción, en la que personal gobierno ofrece al acusado la oportunidad de cometer un delito que, de otra manera, él o ella no hubiese cometido. El acusado argumenta que no hubiese tenido la propensión de cometer el delito sin la inducción gobierno. Un juez estudiará la situación desde el punto de vista acusado para decidir si éste fue inducido a cometer el delito que luego se lo acusa o no. Para tener éxito en una defensa por este delito, el acusado debe probar que el gobierno lo indujo a cometer el delito y que, además, no tenía la predisposición de cometerlo.

Esta defensa no prosperará si la persona tiene la intención de violar la ley y los agentes del gobierno meramente le proporcionan una oportunidad favorable para cometer el delito. Por ejemplo, no se considera una inducción por agentes del gobierno a cometer un delito del que luego se acusará a la persona cuando un agente del gobierno finge ser otro y se ofrece, ya sea directamente o a través de un informante u otro señuelo, para participar en una transacción ilegal con la persona. Aquí, no se considera una inducción a cometer un delito, ya que la persona está dispuesta y tiene la intención de cometerlo; los agentes del gobierno sólo le ofrecen una oportunidad de hacerlo. Por otro lado, deberá absolverse al acusado, si las pruebas dejan alguna duda fundada de la predisposición de éste a cometer el delito sin la inducción o persuasión por parte del funcionario u agente del gobierno.

Sentencia

Tanto las personas como las sociedades pueden ser acusadas de cometer delitos financieros. Las penas por delitos financieros son multas, arresto domiciliario, costas procesales, confiscaciones, indemnización, libertad bajo supervisión y prisión. Si el acusado ayuda a las autoridades en su investigación, la sentencia puede llegar a reducirse.