Visitas de hijos menores


Visitas de hijos menores

Los derechos de régimen de visitas se le otorgan al padre o madre que no tiene la custodia plena niño o los niños, y consisten en el derecho a visitas por períodos limitados. Este no sería el caso si los padres tienen la custodia conjunta. Los derechos de régimen de visitas son períodos de tiempo limitados que los padres acuerdan o que se establecen por medio de la mediación judicial. Si el tribunal halla motivos de preocupación acerca de los niños, se puede obtener un régimen de visitas designado por el tribunal para el niño y el padre o madre.

Anillos de compromiso y la regla objetiva

Se llama regla objetiva a la regla que establece que cuando exista ruptura del compromiso, la novia debe devolver el anillo de compromiso, independientemente de cuál de las partes haya roto dicho compromiso. En general, el compromiso comienza cuando el hombre le propone casamiento a la mujer; si la mujer acepta, recibe un anillo de compromiso. El período de compromiso dura hasta que se celebra la boda o hasta su ruptura.

Accionistas ordinarios

Las personas que poseen acciones ordinarias se llaman accionistas ordinarios. La inversión de un accionista ordinario en una corporación está representada por un certificado de acción ordinaria. Los accionistas ordinarios tienen derecho a elegir a los directivos y a votar sobre las fusiones y otros asuntos importantes. A cambio de su inversión, los accionistas ordinarios reciben dividendos declarados por el directorio.

2 de enero de 1935 – Comienza el juicio por el secuestro de Charles Lindbergh Jr.

El 2 de enero de 1935, comenzó el ”juicio del siglo” por el caso de secuestro y asesinato del bebé de 20 meses de vida, Charles Lindbergh Jr. Bruno Hauptmann, un inmigrante ilegal y ex soldado alemán en la Primera Guerra Mundial, fue acusado por el secuestro y asesinato del bebé Lindbergh después de recibir, en 1932, un rescate de $50,000. En septiembre de 1934, se encontró un certificado de oro por el valor del dinero del rescate con el número de placa del automóvil que pertenecía a Hauptmann. El juicio, ampliamente difundido y de corte sensacionalista, duró más de un mes y terminó con la condena a pena de muerte de Hauptmann.

1º de enero de 1863 – Entra en vigencia la proclamación de emancipación

El 1º de enero de 1863, entró en vigencia el segundo decreto que formaba parte de la Proclamación de Emancipación y que especificaba los estados en los que ésta se aplicaba. El primer decreto, dictado por el Presidente Abraham Lincoln el 22 de septiembre de 1862, había declarado la libertad de todos los esclavos en los Estados Confederados de América no controlados por la Unión antes del 1º de enero.

Inicialmente, la Proclamación sólo se aplicaba a los esclavos que habían escapado al territorio de la Unión. Sin embargo, como las fuerzas de la Unión fueron tomando paulatinamente el control de la Confederación, se concedió libertad a todos los esclavos existentes. Para el año 1865, alrededor de cuatro millones de esclavos habían sido liberados.

Derecho impositivo


Derecho impositivo

En los Estados Unidos, el cuerpo de leyes que regula los gravámenes que el gobierno impone a las transacciones económicas se denomina derecho impositivo.

Las cargas fiscales se aplican a las propiedades e ingresos adquiridos mediante el esfuerzo personal y profesional, y a una amplia serie de otras áreas que incluyen ventas, propiedad, ganancias de capital, sucesiones, herencia, donaciones y cuentas de jubilación, por mencionar sólo unos pocos ejemplos.

Desde la primera ley federal que impuso la obligación legal de pagar el impuesto federal sobre el ingreso, que el Congreso promulgó en 1862, el Código Tributario de los Estados Unidos ha crecido enormemente hasta alcanzar proporciones legendarias. Los impuestos municipales, locales y estatales han ido expandiéndose de modo similar desde los impuestos sobre la propiedad y escuela hasta la imposición de gravámenes que se aplican a la venta de alimentos, vestimenta, equipamiento, cigarrillos, licores y entretenimiento. Si usted debe enfrentar controversias o delitos en relación con el derecho impositivo, es fundamental que consulte a un abogado para que proteja sus derechos.

Los abogados de derecho impositivo brindan servicios legales a las personas y clientes empresariales en relación a cuestiones civiles y penales que surjan de las demandas por impuestos locales, estatales y federales. Comúnmente, los conflictos, auditorías y litigios de los impuestos municipales, estatales y federales surgen de las complejidades del código tributario. También surgen imputaciones penales que incluyen delitos, como la evasión impositiva y el fraude fiscal u otras violaciones penales en relación con los componentes impositivos, como lavado de dinero, tráfico de drogas e informes de divisas.

Nada puede sustituir a un abogado competente especializado en derecho impositivo que lo asista desde las primeras etapas de una auditoría, en las apelaciones posteriores a la auditoría hasta en cualquier litigio sucesivo que implique la evaluación del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y de los organismos fiscales locales y estatales como las ciudades y condados, o bien que lo asesore si usted ha sido acusado de un delito fiscal.

Si debe resolver un problema legal relacionado con un asunto fiscal civil o penal, un abogado con experiencia en el derecho impositivo lo ayudará a comprender y proteger sus derechos, le brindará asesoramiento legal e influirá notablemente en el resultado de su caso.

Vínculos a recursos impositivos

Historia tributaria
Cargas fiscales en los Estados Unidos
Servicio de Impuestos Internos, Departamento de Hacienda
Tax Analysts

 

Uso de terreno y planificación urbana

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Uso de terreno y planificación urbana

El planeamiento urbano se refiere a las leyes que dividen a las ciudades en diferentes áreas según el uso, el cual varía desde viviendas unifamiliares hasta plantas industriales. Las ordenanzas de planeamiento urbano controlan la dimensión, la ubicación y el uso de los edificios dentro de estas diferentes áreas.

El planeamiento urbano sirve para dividir a un municipio adecuadamente en diferentes distritos o áreas, y asignar así distintos usos de tierras para cada distrito. Generalmente, una comisión de planeamiento urbano se encarga de separar el uso de tierras en varias categorías (residencial, industrial, comercial o agrícola). En algunos casos, se hacen aún más distinciones como la división de los distritos industriales en industrias livianas o pesadas, o la división de los distritos residenciales en:

  • viviendas unifamiliares
  • viviendas familiares múltiples de baja densidad
  • viviendas familiares múltiples de mediana densidad
  • viviendas familiares múltiples de alta densidad

Regulación del planeamiento urbano

Debido a que las regulaciones de planeamiento urbano a veces restringen los derechos del propietario a usar su propiedad como realmente le gustaría, pueden llegar a ser controvertidas. Los juzgados han establecido que la regulación del planeamiento urbano es permisible siempre que sea razonable y que no sea arbitraria. Debe guardar una relación sustancial con la salud pública, la seguridad, la moral y el bienestar general.

¿Hasta dónde puede llegar la regulación del uso de tierras antes de que tenga lugar una medida cautelar constitucional contra la apropiación de la propiedad privada para uso público sin una compensación justa? Como consecuencia de decisiones judiciales recientes, resulta más difícil para los municipios solicitar a los promotores inmobiliarios que renuncien a parte de su propiedad para destinarla al uso público. Estos casos ayudan a delimitar hasta qué punto el gobierno puede ejercer el control de la tierra y cuándo debe compensar al propietario por el dominio eminente y expropiación de la propiedad.

El planeamiento urbano y el derecho

Una ordenanza de planeamiento urbano debe cumplir con las disposiciones de planeamiento urbano que establece la Constitución de los Estados Unidos. Una ordenanza de planeamiento urbano puede ser ilegal si equivale a la apropiación inconstitucional de la propiedad violando de ese modo la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esto sucede si un municipio promulga una ley que prohíbe ciertos tipos de desarrollo en una parcela de tierra y limita, por ende, las posibilidades de desarrollo permisible. En dichos casos, un juzgado considerará si la ley perjudicó de manera considerable el uso de la propiedad por parte del dueño sin proporcionar una compensación justa por el valor disminuido de la tierra. El propietario debe, por consiguiente, probar que la tierra se desvalorizó.

Una ley de planeamiento urbano puede considerarse inconstitucional aduciendo al debido proceso sustantivo, si la ley no persigue un propósito público legítimo. Además, una ley también puede considerarse inconstitucional si el estado o el municipio no respetaron los procedimientos establecidos para promulgar la ley de planeamiento urbano.

Derecho de propietario e inquilino


Derecho de propietario e inquilino

Muchos estados han basado sus leyes sobre propietarios e inquilinos en la Ley residencial uniforme de propietarios e inquilinos (URLTA, Uniform Residential Landlord and Tenant Act) y en el Código residencial modelo de propietarios e inquilinos (Model Residential Landlord-Tenant Code). Las leyes estatales comparten algunos principios generales del derecho de propietarios e inquilinos, como el derecho contractual y el derecho de propiedad que regulan las relaciones entre los propietarios e inquilinos.

Si bien las leyes estatales regulan principalmente los derechos y responsabilidades de los propietarios e inquilinos, las leyes federales también contemplan aspectos de los alquileres y locaciones residenciales y comerciales. La Ley de derechos civiles de 1866 (Civil Rights Act) y la Ley federal de igualdad de acceso a la vivienda (Federal Fair Housing Act) prohíben la discriminación en el mercado de venta y alquileres de viviendas.

La ley federal prohíbe la discriminación por motivos de:

  • Raza
  • Color
  • Religión
  • Nacionalidad
  • Sexo
  • Edad
  • Incapacidad física
  • Incapacidad mental
  • Situación familiar

Responsabilidades del inquilino

El inquilino debe pagar puntualmente el alquiler conforme a lo establecido en el contrato de locación. Si el inquilino no paga el alquiler, el propietario puede recurrir al juzgado para proceder al desalojo del inquilino. Durante el proceso de desalojo, el propietario debe acatar las leyes estatales y abstenerse de tomar medidas por su cuenta. “Por su cuenta” se refiere a desalojar al inquilino por la fuerza, desalojar los bienes del inquilino o cambiar las cerraduras de la propiedad.

El inquilino es responsable de mantener la propiedad en un estado razonable. Los detalles de dicha responsabilidad se suelen establecer de común acuerdo en el contrato de locación. Si el contrato de locación no establece los detalles de las responsabilidades de mantenimiento, el inquilino debe mantener el inmueble. Al finalizar el período de locación, el inquilino debe dejar la propiedad en las mismas condiciones en que la recibió, a excepción del desgaste y depreciación razonables. En caso de que la propiedad haya sido dejada en buenas condiciones, el propietario debe devolver el depósito de garantía pagado por el inquilino.

Responsabilidades del propietario

Al celebrar un contrato de alquiler, el propietario debe entregar la posesión física del inmueble al inquilino. Una vez que la propiedad es arrendada, el propietario tiene derecho a inspeccionar la propiedad sólo luego de dar aviso con 24 horas de antelación, excepto en casos de emergencia. Es posible que el propietario no pueda ingresar al inmueble cuando lo desee.

Los inquilinos tienen derecho al uso y goce del inmueble sin la intromisión del propietario. Este derecho se viola si el propietario desaloja injustamente al inquilino de la propiedad. También se viola el derecho cuando un problema en el inmueble continuamente interfiere en la capacidad del inquilino de usar la propiedad y el propietario no soluciona el problema luego de que el inquilino le informara al respecto.

En los casos de locación residencial, el propietario es responsable de hacer que la propiedad sea mínimamente habitable. Los estándares de vivienda se especifican en las leyes estatales y en los códigos de vivienda municipales. Si el código de vivienda no se cumple, el inquilino puede negarse a pagar el alquiler u obtener una indemnización por daños de parte del propietario. El propietario no puede desalojar o sancionar al inquilino por denunciar el incumplimiento del código de vivienda.

Duración del alquiler

El plazo de duración de un alquiler puede variar de acuerdo con el contrato de locación. Una locación puede acordarse por un período de tiempo específico, como una locación anual o mensual, o puede terminarse por cualquiera de las partes en cualquier momento. La locación extinguible se conoce como locación “por tiempo indeterminado”. Cuando el inquilino se niega a dejar la propiedad cuando se ha llegado al tiempo especificado, el alquiler se denomina “precario”. Cuando esto sucede, el inquilino sigue siendo responsable de pagar el alquiler hasta que sea desalojado o se llegue a un nuevo acuerdo de alquiler.

En el caso del alquiler “por tiempo indeterminado” se requiere un aviso oportuno, mientras que no se requiere aviso alguno para terminar una locación que tiene una fecha de finalización predeterminada. El Common Law (derecho consuetudinario) establece que el propietario o el inquilino deben dar aviso con un tiempo de anticipación equivalente al período de tiempo del alquiler. Esto significa que si un alquiler se paga mensualmente, entonces se requiere un aviso previo de un mes para terminar el contrato de locación.

Bienes raíces

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Derecho de bienes raíces

El derecho de bienes raíces se refiere a las leyes relacionadas con el uso, control y la disposición de las tierras y de todo lo que sea de carácter permanente por arriba y debajo de ellas, incluso las estructuras y minerales.

En estas páginas, FuenteLegal le brinda información legal relacionada con las transacciones y el uso de bienes raíces.

Errores hospitalarios

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Errores hospitalarios y negligencia médica

La negligencia cometida por médicos, enfermeras y profesionales de la salud en los hospitales puede causar lesiones en el paciente o incluso su muerte. Los estudios han demostrado que los errores hospitalarios provocan aproximadamente 200,000 muertes por año en todo el país. Una lesión como consecuencia de un error médico en un hospital puede generar futuros problemas de salud, nuevos gastos hospitalarios y trastornos emocionales innecesarios.

Existe una serie de diferentes errores que podrían ocurrir en el hospital. Algunos de los ejemplos de errores hospitalarios que pueden ser consecuencia de negligencia médica incluyen los siguientes:

  • Lesión perinatal: sucede cuando las prácticas de parto incorrectas provocan lesiones al recién nacido, que a veces derivan en condiciones médicas como parálisis cerebral o parálisis de Erb.
  • Errores en la medicación: esto puede incluir una sobremedicación o una medicación insuficiente, la administración del medicamento equivocado o un diagnóstico incorrecto.
  • Diagnóstico incorrecto: sucede cuando un paciente recibe un tratamiento por una enfermedad que no tiene o cuando una enfermedad no se trata porque el médico no reconoció una condición médica amenazante.
  • Errores quirúrgicos: esto incluye negligencia que provoca infección, cirugía en el sitio equivocado o cirugía en el paciente equivocado.

En el peor de los casos, un error hospitalario provoca la muerte de un paciente, lo cual causa profunda pena y tensión económica en la familia del difunto. En muchos de estos casos, puede entablarse una demanda por homicidio culposo para reclamar una indemnización de daños por los salarios perdidos y el dolor y sufrimiento ocasionados.

Millones de personas por año depositan su confianza en los hospitales y profesionales de la salud para que les brinden la atención médica que necesitan. Por desgracia, esto no siempre sucede, y la negligencia del personal hospitalario provoca lesiones o el homicidio culposo de pacientes.