Derecho a la privacidad: Autonomía de las personas

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Derecho a la privacidad: Autonomía de las personas

El derecho a la privacidad ha evolucionado y protege la libertad de los individuos de realizar determinadas acciones y someterse a ciertas experiencias. Esta autonomía de la persona ha crecido hasta convertirse en un derecho fundamental protegido por la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda. Sin embargo, este derecho está estrechamente delimitado y, en general, protege sólo la privacidad de la familia, el matrimonio, la maternidad, la procreación y la crianza de los niños.

La dimensión de la autonomía de la persona en el derecho a la privacidad se desarrolló especialmente en casos relacionados con los derechos reproductivos. Por eso, está afianzada en esta área. La Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció por primera vez el derecho independiente a la privacidad en el marco de la protección implícita en las primeras diez enmiendas de la Constitucion de los Estados Unidos o Bill of Rights en el caso Griswold contra Connecticut. En este caso, se invocó el derecho de privacidad de las personas casadas para anular una ley que prohibía la anticoncepción. Casos posteriores ampliaron este derecho fundamental y, en el caso Roe contra Wade, se estableció definitivamente el derecho de privacidad conforme a la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda. La Corte clasificó este derecho como fundamental y, de ese modo, solicitó que toda violación por parte del gobierno estuviese justificada por intereses apremiantes del estado.

Roe estableció que el interés apremiante del estado en evitar el aborto y proteger la vida de la madre era más importante que su autonomía personal únicamente después de que el feto fuese viable. Antes de la viabilidad del feto, el derecho fundamental a la privacidad personal de la madre limita la intervención del estado, ya que no existe un interés apremiante.

El aspecto de la autonomía personal en el derecho a la privacidad tiene límites, aunque éstos siempre cambian. En 1986, por ejemplo, una ley que penalizaba la sodomía entre personas del mismo sexo fue ratificada en el caso Bowers contra Hardwick. La Corte consideró que no toda actividad sexual privada y consensual está fuera del control del estado. En ese momento, las actividades en cuestión entre personas del mismo sexo no estaban incluidas en las categorías de relaciones que protege el debido proceso. Sin embargo, las opiniones han cambiado. Bowers fue anulado en el caso Lawrence contra Texas en 2003 y se reconoció un cambio en la opinión pública sobre las relaciones entre personas del mismo sexo.

El derecho a la privacidad se debilita a medida que nos alejamos de las actividades relacionadas con la reproducción y la intimidad. La pornografía es un área en la cual la Corte aún se niega a otorgar la total libertad de autonomía personal, aunque se permite cierto grado de privacidad.

Las primera, cuarta y quinta enmiendas se utilizan, con diferentes grados de éxito, para proteger la privacidad en estas áreas de actividad confusas. Debido a la preferencia de la Corte en analizar individualmente cada caso sobre derecho a la privacidad siempre y cuando se proteja la autonomía personal, y los cambios constantes en la opinión pública sobre las relaciones y las actividades, resulta prácticamente imposible establecer los límites del derecho a la privacidad.

El contenido de esta página fue desarrollado junto con el Instituto de Información Legal de la Facultad de Derecho de Cornell.

La primera enmienda

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La primera enmienda

La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión respecto de la interferencia del gobierno.

Dos cláusulas de la primera enmienda garantizan la libertad de religión. La cláusula de establecimiento (Establishment Clause) prohíbe que el gobierno apruebe leyes que establezcan una religión oficial o muestren preferencia por una religión sobre otra. La Corte, sin embargo, declaró constitucionales algunas actividades del gobierno relacionadas con la religión, como por ejemplo, brindar transporte en autobuses para estudiantes de escuelas parroquiales y permitir la aplicación de las “leyes de descanso dominical”. La cláusula del libre ejercicio prohíbe que el gobierno, en la mayoría de los casos, intervenga en la práctica religiosa de las personas.

La libertad de expresión incluye los derechos a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición (que es el derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante el gobierno una compensación por agravios). También incluye los derechos implícitos a la libertad de asociación y creencia. La Corte Suprema de los Estados Unidos consideró que el alcance de estos derechos se aplica al gobierno federal, aunque sólo se menciona expresamente al Congreso. Además, la Corte interpretó que la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda protege los derechos enumerados en la primera enmienda respecto de la intervención de los gobiernos estatales.

El componente más básico de la libertad de expresión es el derecho a la libertad de palabra. Este derecho permite que los individuos se expresen sin intervención ni restricción del gobierno. La Corte exige que el gobierno brinde una justificación sólida para intervenir. Para las leyes de contenido neutral, se aplica una prueba menos estricta. La Corte también reconoció que el gobierno puede prohibir toda expresión que altere la paz o provoque violencia. El derecho a la libertad de palabra incluye otras formas de comunicar un mensaje.

El derecho a la libertad de prensa permite que las personas se expresen a través de una publicación u otro medio de difusión. No otorga a los miembros de los medios de comunicación ningún derecho o privilegio especial que no tengan los ciudadanos en general.

El derecho a reunión permite que las personas se reúnan con fines pacíficos y legales. La Corte reconoció abiertamente que los derechos a la libertad de asociación y de creencia están implícitos en la primera, quinta y decimocuarta enmiendas. La libertad de reunión no incluye un derecho de asociación. El gobierno puede prohibir que las personas se asocien con otras para participar y promover actividades ilegales en forma deliberada.

El derecho de asociación prohíbe que el gobierno exija que un grupo se registre o divulgue la identidad de sus miembros. Tampoco puede negarles a personas beneficios oficiales por pertenecer o haber pertenecido a determinado grupo. La Corte estableció que existen excepciones a esta regla: se trata de los casos en que los intereses del gobierno de divulgar o registrar se consideran suficientes para no respetar los derechos de la primera enmienda.

El derecho de petición garantiza el derecho de reclamar ante el gobierno una compensación por violaciones a derechos mediante un litigio u otra medida que disponga el gobierno. Junto con el derecho de reunión, permite que las personas se junten con el fin de obtener cambios en el gobierno.

El contenido de esta página fue desarrollado junto con el Instituto de Información Legal de la Facultad de Derecho de Cornell.

Delitos Menores

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Delitos menores definidos

Misdemeanor CrimesComo regla general, un delito menor es un delito que lleva una pena de hasta un año de detención. En la mayoría de los casos, el encarcelamiento se encuentra en una cárcel del condado o instalación similar, en lugar de una prisión. La mayoría de las condenas de delito menor también requieren el pago de una multa. Se puede ordenar libertad condicional, servicio comunitario y restitución (reembolso de las pérdidas de la víctima). Si usted ha sido acusado de un delito menor, usted tiene derecho a juicio establecido por la Constitución de los Estados Unidos.

Ejemplos de cargos por delitos menores

A menudo, lo que diferencia un delito menor de un delito grave es la gravedad del crimen. Por ejemplo, los crímenes de robo bajo cierta cantidad de dólares -normalmente identificados como robo pequeño o hurto pequeño- generalmente son delitos menores, pero los crímenes de robo sobre una cierta cantidad en dólares -el robo grande o el hurto mayor- serán juzgados como delitos graves. Algunos delitos menores de drogas, como la posesión, son usualmente delitos menores, a menos que la evidencia sugiera que la posesión fue con la intención de vender, lo que puede hacer que el cargo sea un delito mayor.

Otros delitos considerados delitos menores incluyen:

  • La mayoría de las cargas de DUI / DWI
  • Hurto
  • Vandalismo
  • Prostitución

A pesar de que un delito menor resulta en un castigo menor, todavía aparecerá en su registro criminal.

CONFISCACIÓN PENAL

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Criminal ForfeitureLa confiscación, la incautación por el gobierno de bienes relacionados con actividades ilegales, ha sido un arma importante en la guerra del gobierno federal contra las drogas desde la década de 1980. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos estableció el Fondo para el confinamiento de bienes en 1985 y se incautó de 27 millones de dólares en concepto de decomisos relacionados con las drogas ese año. A medida que los valores en dólares de los bienes incautados se dispararon durante la próxima década, muchos estados siguieron el ejemplo estableciendo sus propios programas de decomiso civil. Las ciudades y otros gobiernos municipales cooperan regularmente en las acciones de confiscación bajo leyes federales y estatales de drogas, y han promulgado sus propias leyes de decomiso para tratar una amplia gama de asuntos locales, desde vivienda insegura hasta prostitución y conducción bajo ebrio.

La autoridad del gobierno para confiscar bienes de esta manera no es inherente, sino que generalmente se establece por ley. Está limitada por las leyes autorizadoras y por la Constitución. La expansión de la actividad de decomiso no ha continuado sin desafío constitucional. La Corte Suprema escuchó por lo menos media docena de casos de decomiso durante los años 90, pero sus decisiones no han hecho mucho para frenar la práctica.

Las diferentes formas de confiscación

El decomiso toma dos formas distintas: penal y civil.

El decomiso penal funciona como castigo por un crimen. Por lo tanto, requiere una condena, tras lo cual el Estado toma los bienes en cuestión del criminal.

Casi todos los decomisos contemporáneos son civiles. El decomiso civil descansa en la idea de que la propiedad misma, no el propietario, ha violado la ley. Por lo tanto, el procedimiento se dirige contra la propiedad, o la cosa involucrada en alguna actividad ilegal especificada por la ley. A diferencia del decomiso penal, el decomiso civil no requiere una condena o incluso una acusación criminal oficial contra el dueño. Esta es la fuente de su atractivo para la aplicación de la ley y su amenaza para los que se preocupan por el abuso o la elusión de las protecciones constitucionales.

Expunciones

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expunctionsUn registro criminal previo puede perseguirle durante años, lo que hace difícil conseguir un trabajo, obtener crédito o encontrar un lugar decente para vivir. En determinadas circunstancias, sin embargo, puede eliminar una detención o condena previa, de modo que, a todos los efectos prácticos, ya no existe.

Calificasiones para Expunciones

Aunque las reglas específicas varían de un estado a otro, la determinación de elegibilidad generalmente involucra dos preguntas principales:

  • ¿Es esta una ofensa por la cual se permite el Expuncion? Algunos estados sólo permiten el expunciones de convicciones del crimenes menores, o de tipos específicos de convicciones del misdemeanor / felony. Los delitos juveniles están entre los más fáciles de eliminar, siempre que no haya sido arrestado o condenado por crímenes como adulto.
  • ¿Cuándo es elegible para lasExpunciones? Como regla general, usted debe haber cumplido cualquier condena, incluyendo la libertad condicional, antes de que usted pueda buscar la expungement. La mayoría de las jurisdicciones también requieren que usted no sea acusado o condenado por cualquier otro delito por un período mínimo … por ejemplo, durante cinco años. En ciertos casos, usted puede calificar para el expungement si participa con éxito en un programa de diversión, como un abuso de sustancias o una escuela de manejo después de un cargo por DUI.

Aunque un abogado puede ayudar enormemente en el proceso de expungement, contratar uno no es obligatorio en la mayoría de los estados. Puede obtener los formularios necesarios y completarlos usted mismo.

Es importante saber que, a pesar de que puede tener éxito en sus esfuerzos de expunciones, todavía puede ser encontrado por una junta de licencias o departamento de aplicación de la ley en algún momento en el futuro.

Certificados de Inocencia

Algunos estados le permitirán obtener un certificado de inocencia, un documento emitido por el tribunal que indica que usted fue condenado y encarcelado por un crimen que no cometió. Si obtiene con éxito un certificado de inocencia, rara vez es difícil obtener el registro criminal borrado.

CITAS DE TRÁFICO

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Traffic TicketsAunque muchos individuos pueden considerarlos poco más que una molestia, las citas del tráfico se consideran generalmente delincuentes criminales. Las multas para ciertos tipos de infracciones pueden ser sustanciales, y pueden dar lugar a aumentos significativos en el costo de las primas de seguros de automóviles. En algunas circunstancias, las condenas de tráfico pueden agregar puntos a su historial de manejo, y ponerlo en riesgo de la pérdida de privilegios de conducir.

Los Diferentes Tipos de Citas de Tráfico

Las citas de tráfico se dividen habitualmente en violaciones en movimiento y no móviles. Las infracciones que involucran vehículos en tránsito (violaciones en movimiento) son generalmente las ofensas más serias.

  • Violaciones en movimiento – Las violaciones en movimiento incluyen una amplia gama de actos, incluyendo el exceso de velocidad, conducción imprudente, DWI (conducir embriagado), DUI (conducción bajo la influencia), cambios de carril ilegales, no detenerse en una luz roja o señal de tránsito y Operar un vehículo con licencia o seguro válido.
  • Violaciones no móviles: se trata principalmente de infracciones de estacionamiento

Cómo se clasifican las Citas de Tráfico

La mayoría de las citas de tráfico se consideran infracciones. Si son algo más serios, pueden ser designados o acusados como delitos menores, con un posible castigo de hasta un año de cárcel, o multas significativamente más altas que una mera infracción. En circunstancias limitadas, una infracción de tráfico (como una repetición de DUI, golpear y correr, o carga de homicidio vehicular, puede ser procesada como un delito grave.

OPINION: Los acuerdos de arbitraje anulan los derechos de los pacientes


OPINION: Los acuerdos de arbitraje anulan los derechos de los pacientes

Los médicos exigen que pacientes renuncien su derecho a un juicio por jurado en demandas por negligencia. ¿Cómo deben de protegerse los pacientes?

Thomas J. Williams, J.D.

7 de julio de 2008

En la columna “The Ethicist” de The New York Times Magazine se publicó el planteo de una lectora sobre una nueva metodología adoptada por su médico. La paciente debía firmar una renuncia a su derecho de demandar al médico y aceptar un arbitraje obligatorio ante cualquier disputa. Básicamente, se le pidió que renuncie a su derecho a juicio por jurado a cambio de atención médica. Al retirarse del consultorio de ese médico para buscar otro que no pidiera firmar la renuncia, descubrió que todos los médicos de su área exigían lo mismo.

No se deben aceptar estos acuerdos. El hecho de que un médico proponga un acuerdo de esa naturaleza es inmoral, por lo menos, por dos motivos. En primer lugar, la renuncia pone en duda si el médico se compromete a brindar la mejor calidad de atención posible. Los médicos le temen a las demandas por negligencia ya que pueden manchar su reputación y aumentar las primas de los seguros por mala practica. En algunos casos, la compañía de seguros por negligencia requiere que el médico solicite al paciente el acuerdo de arbitraje.

En segundo lugar, la renuncia se aprovecha de la falta de poder de negociación del paciente. Un paciente va al consultorio de un profesional de la salud porque necesita atención médica. El médico condiciona dicha atención al hecho de que el paciente abandone la posibilidad de recurrir a un tribunal de justicia si el médico actúa en forma negligente. Las leyes que regulan la responsabilidad extra-contractual (Tort System) fueron establecidas para tratar los reclamos por la prestación de servicios que no cumplen con un nivel de atención satisfactorio. Los montos de indemnización que establecen los árbitros son generalmente menores que los otorgados por los jurados. Y las sentencias de los arbitrajes no establecen precedentes que puedan proteger a otros pacientes en situaciones similares.

De todas maneras, el consumidor tiene recursos: en algunos estados existen leyes que regulan este tipo de acuerdos. En Ohio existe una ley que establece que no se puede negar tratamiento médico a un paciente que se niega a firmar un acuerdo de arbitraje y exige que el paciente sea informado sobre sus derechos antes de firmar. De acuerdo con la ley, si se firma el acuerdo, el paciente tiene 30 días para rescindirlo sin que ello implique la una sanción. Los consumidores deben investigar las leyes locales para informarse sobre sus derechos. Puede obtener información a través del procurador general de su estado o el Departamento de Asuntos del Consumidor, también a nivel estatal. Si su estado no cuenta con leyes de protección, pídale a su representante legislativo que presente un proyecto de ley.

El Congreso propuso una ley para brindar protección a los consumidores respecto de los acuerdos de arbitraje obligatorios en varias áreas. La ley sobre equidad en los arbitrajes de 2007 (Arbitration Fairness Act) impediría la existencia de los acuerdos obligatorios entre médicos y pacientes celebrados antes de que surja un conflicto. La ley preserva los derechos de las partes a someter el conflicto a arbitraje en forma voluntaria. Si se aprueba, esta ley brindaría protecciones similares a las de la ley de Ohio.

Si no existen leyes federales o estatales, estos acuerdos pueden ser anulados por un tribunal por constituir un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión es un tipo de contrato en el que el consumidor no tiene poder de negociación y debe “tomarlo o dejarlo”. En un caso de 1992, en Arizona, se determinó que un acuerdo de arbitraje entre un médico y un paciente no se podía hacer valer judicialmente por constituir un contrato de adhesión. En este caso, el obstetra exigía que el paciente firmara un acuerdo de arbitraje obligatorio que requería que los árbitros fuesen obstetras. Si no se firmaba dicho acuerdo, el obstetra no brindaba atención médica.

El consumidor se puede negar a firmar el acuerdo desde el principio. Aunque algunos médicos tienen requisitos de las compañías de seguros, no pueden negarse a brindar tratamiento, por más que no se firme el acuerdo. Un estudio realizado por el Rand Institute for Civil Justice, en 1999, descubrió que el 80% de los médicos brindan tratamiento aunque no se firme el acuerdo de arbitraje. Esta encuesta también mostró que si el paciente se niega, el médico no insiste. Este recurso no es tan simple como contar con una ley: implica que el paciente entre en un conflicto potencial con el médico. De todas maneras, preguntar qué ocurre si no se firma el acuerdo, al menos, puede motivar al médico a considerar evitarlo.

La reforma de la legislación sobre actos ilícitos se ha convertido en un tema controversial en el ámbito estatal y federal. No tiene nada de malo limitar los recursos disponibles en un tribunal, pero hay una gran diferencia entre la legislación y estos acuerdos de arbitraje. La legislación es abierta y pública. Los ciudadanos pueden dar sus opiniones y los legisladores están sujetos a la influencia de sus electores. Los acuerdos de arbitraje se celebran en forma privada sin que los pacientes tengan una verdadera oportunidad de discutir, modificar o incluso rechazar el acuerdo, a menos que estén dispuestos a marcharse sin recibir atención médica. Estos acuerdos deben rechazarse rotundamente y declararse sin efecto legal.

Thomas J. Williams es escritor, politólogo y abogado en Columbus, Ohio. Se especializa en derechos constitucionales y derechos del ciudadano.

Referencias

American Association for Justice. Mandatory Arbitration News.

Binding Arbitration Is Not Frequently Used to Resolve Health Care Disputes. RAND Institute for Civil Justice, 1999. http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9030/index1.html.

Broemmer v. Abortion Services of Phoenix, LTD. 840 P.2d 1013 (Ariz. 1992).

Cohen, Randy. “Doctor, Bully.” The Ethicist. The New York Times Magazine, 30 de marzo de 2008. http://www.nytimes.com/2008/03/30/magazine/30wwln-ethicist-t.html?_r=1&scp=13&sq=ethics&st=nyt&oref=slogin.

Ohio Rev. Code Ann. § 2711.01.

U.S. Congress, House. Arbitration Fairness Act of 2007. HR 3010, § 1710.

Los abogados descubren oportunidades en la ‘blogosfera’


Los abogados descubren oportunidades en la ‘blogosfera

Por Tami Kamin-Meyer, abogada

15 de julio de 2008

El blogging, inicialmente el ámbito de comunicación de los jóvenes con conocimientos en tecnología, se ha convertido en lo contrario al Trix, que se promociona como el cereal “para niños”. Cada vez son más los abogados que crean blogs sobre sus prácticas legales, fallos judiciales o cualquier otra cosa que se les ocurra.

“El blogging no sólo representa una oportunidad para expresarse, sino que también es una excelente forma de comunicar experiencias”, dice Larry Bodine, presidente del estudio Larry Bodine Marketing con sede en Chicago. Bodine, un abogado que interrumpió el ejercicio del derecho en 1982 para dedicarse a su pasión, el asesoramiento en la promoción de estudios jurídicos, cree que todos los abogados deberían participar en los blogs.

“Entre otras cosas, un blog es un excelente método para generar nuevos negocios, crear conexiones de clientes u obtener remisiones de otros abogados”, explica. “Los blogs son fáciles de crear y además son económicos”.

El blogging ha ayudado al abogado Ernie Svenson, de Nueva Orleáns, de varias maneras. “No lo puedo calcular”, sostiene. Aunque no sabe con certeza si los clientes lo llaman por el blog, él asegura: “Sé que consigo trabajo gracias al blog porque tengo un mayor reconocimiento”.

Bodine, sin embargo, dice estar convencido de que el blogging ha sido de gran ayuda en su carrera. “Recibo una llamada por semana de periodistas que visitaron mi blog y eso me ha brindado una mayor exposición mediática”.

Las ventajas y desventajas del blogging

Svenson cuenta que el blogging lo conecta con el mundo. Le encanta recibir opiniones, comentarios y correos electrónicos de los lectores de su blog, quienes lo conocen en el ciberespacio como “Ernie, el abogado”.

Para el abogado dedicado a los litigios empresariales, el blogging ha expandido su universo. “El hecho de tener un weblog me cambió la visión del mundo”, sostiene. Por ejemplo, cuenta que solía preocuparse cuando dejaban comentarios negativos en su blog, pero ahora lo toma con calma. “En algunos casos es difícil de tolerar pero también me ha ayudado a ser indiferente a las críticas”, explica.

Hace cuatro años que Tony Colleluori tiene su blog, pero a veces no puede realizar nuevas publicaciones de forma constante. Según el abogado defensor penalista de Long Island, “es difícil acostumbrarse a mantener un ritmo”. Es tan fanático de los blogs que generalmente hace comentarios en los blogs de otros escritores y termina ocupando el tiempo que necesita para su propio blog.

Es importante que los abogados que tienen blogs no divulguen información confidencial de sus clientes en los comentarios que publican allí. Para evitar que esto suceda, Colleluori obedece una regla: no publica material en su blog mientras participa en un juicio. De esta forma, no hay posibilidades de divulgar accidentalmente información que no debe hacerse pública.

Svenson publica material en su blog con un criterio similar. Cumple estrictamente con la obligación de no divulgar información confidencial. “No hablo sobre mis casos o mis clientes”, afirma. Su cuidadosa elección de palabras también es estratégica. “No quiero que la parte contraria llegue a comprender bien mi manera de pensar”, explica.

Consejo para leer o escribir un blog de abogado

Independientemente de si usted es un cliente potencial en busca de un abogado que lo represente en un asunto legal o un abogado que desea entrar al mundo de los blogs, tenga en cuenta ciertos factores en el momento de decidir qué leer o sobre qué escribir.

A los abogados bloggers, Bodine les aconseja: “establezcan el área [del derecho] que genera más dinero [al estudio jurídico] y luego publiquen material sobre eso”. Si necesitan más ideas, él propone publicar material sobre leyes estatales nuevas, decisiones de la corte tomadas recientemente e incluso sobre las novedades en la legislatura estatal. Y propone una idea todavía mejor: “escriban sobre un caso que ganaron; una historia de éxito”.

Antes de escribir en un blog, Svenson recomienda investigar el procedimiento. Muchos programas de software alojan blogs; algunos lo hacen sin cargo. Los bloggers potenciales deben decidir si desean vender publicidad en sus blogs o permitir que los lectores hagan comentarios sobre las publicaciones.

A las personas que buscan información específica en un blog, Bodine les recomienda limitar la búsqueda lo máximo posible. Por ejemplo, si buscan un abogado que se especialice en un área del derecho específica, recuerden incluir la palabra “abogado” o “letrado” en la descripción de su búsqueda en el blog.

Colleluori está de acuerdo. “Si usted busca información general, existen muchos blogs para consultar”, explica. “Pero si busca información particular, visite un sitio escrito por personas con conocimiento específico sobre el tema”.

Bodine recomienda a los lectores verificar si se ha publicado material recientemente en el blog. “Elija un blog que se mantiene activo en lugar de un blog que parece muerto”, explica. Un blog pasa a ser obsoleto rápidamente, por lo tanto, si no se agregan nuevas publicaciones de forma constante, los lectores no tendrán motivación para volver a ingresar.

Tami Kamin-Meyer es una abogada de Ohio. También posee licencia para ejercer en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es una escritora independiente cuyo nombre ha encabezado varias publicaciones del campo legal.

Las placas de automóviles con inscripciones cristianas crean un problema constitucional


Columna: La ley en la vida cotidiana

Por Linda Holmes, abogada

14 de julio de 2008

Las placas de automóviles con inscripciones cristianas crean un problema constitucional

Antes, las placas de auto eran cosas simples. Un niño podía tratar de aprender en un viaje cómo eran las placas de los 50 estados y anotarlas en una lista. Pero esto ya no es posible.

License PlateMuchos estados han reemplazado sus placas comunes con galerías que contienen una gran variedad de placas especiales que promueven organizaciones, universidades, instituciones benéficas y la importancia de salvar al manatí. Los programas de placas especiales no sólo alimentan nuestro deseo ilimitado de expresarnos como individuos sino que también generan ganancias, tanto para las organizaciones que los patrocinan como para los estados.

También colocan a los estados en una situación problemática. Carolina del Sur lo está aprendiendo luego de aprobar una legislación que autoriza la fabricación de placas que exhiben la frase “I Believe” (yo creo, en español), que expresamente promueve el cristianismo. El mensaje que exhibe la frase “I Believe” en la placa también contiene una cruz y un vitral. Éste no es un intento de provocar un compromiso universal, que incluya a toda fe y creencia. Es una imagen de la iglesia cristiana. Como era de esperarse, no se ofrecen otras placas con la frase “I Believe” que promuevan otras religiones. Tampoco se ofrecen placas que exhiben la frase “I Don’t Believe” (“Yo no creo”, en español). Y como también era de esperarse, ya se entabló un juicio al estado. Aunque los tribunales han adoptado diferentes enfoques en los casos relacionados con placas de automóviles en el pasado, el futuro de las placas con la frase “I Believe” parece desalentador, más allá del enfoque que triunfe.

¿Quién representa a quién?

Lo que hace que estas placas sean controvertidas desde el punto de vista legal es que no está claro a quién pertenecen las opiniones que expresan. Por un lado, la popularidad de la vanidad y de las placas especiales demuestra el deseo compulsivo de expresar nuestro individualismo en todos los ámbitos. Por otro lado, en el diseño de una placa especial aparece el nombre del estado. Es un identificador emitido por el gobierno que un conductor debe exponer para cumplir con la ley. Por lo tanto, adquiere el aspecto de un documento del gobierno.

De hecho, la cuestión sobre las escrituras de las placas como “expresión privada” o “expresión del gobierno” ha sido el tema central en controversias previas de este tipo. Cuando el gobierno habla por sí mismo, generalmente, puede favorecer un punto de vista en lugar de otro. En cambio, cuando el estado regula la expresión privada a través de un medio de debate público, eso no es posible.

Cuando, hace algunos años, varios estados ofrecieron la placa especial que exhibía la frase “Choose Life” (“Elige la vida”, en español) a pedido de los que se oponen al aborto, estalló la controversia. Las placas superaron el escrutinio de todos los tribunales, en general, porque los demandantes no tenían buena reputación. La excepción, curiosamente, fue el programa de Carolina del Sur, que fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito.

El tribunal declaró que representaba una violación a la constitución y concluyó que la placa constituía, al menos en parte, una expresión privada. El fallo estableció que el programa de placas especiales constituía un medio de debate público para que los ciudadanos se expresen. Luego, el tribunal aplicó la jurisprudencia existente sobre medios de debate público. Concluyó que el estado no puede crear un medio de debate de este tipo al fabricar una placa que permita que un participante del debate exprese su punto de vista y los que opinan diferente no tengan la misma posibilidad.

El estado, sin embargo, argumentó que las placas que exhibían la frase “Choose Life” representaban la expresión del gobierno. Por lo tanto, así como pueden promover mensajes como “no abandonen la escuela” o “no contaminen”, pueden elegir defender a una parte sobre una cuestión de política pública, como la cuestión del aborto y de la adopción, pero no a la otra parte.

Cómo llegaron las placas a la prensa

Para comprender por qué las placas que exhiben la frase “I Believe” representan un problema, es importante saber que hay dos formas de aprobar una placa especial en Carolina del Sur. La primera no involucra a la legislatura. Una organización no lucrativa (por ejemplo, un grupo que se dedica a luchar contra una enfermedad) presenta una solicitud para que se realice una placa con el nombre y el emblema de la organización ante el Departamento de Vehículos Motorizados (Department of Motor Vehicles o DMV, por sus siglas en inglés). La organización prueba que existen 400 personas comprometidas a comprar la placa o deposita $4,000. Si se aprueba la placa, comienza a fabricarse.

La otra forma de crear placas comienza en la legislatura, que aprueba un proyecto de ley. Una vez aprobada la ley, la placa puede circular en las calles tan pronto como se reciban las 400 solicitudes o los $4,000 de la organización patrocinadora. De esta forma se aprobó la placa que exhibe la frase “I Believe”. La legislación autorizó el mensaje y la cruz. Incluso, autorizó el vitral.

Los dos procesos presentan diferencias importantes. El método del DMV tiene limitaciones estrictas sobre lo que puede exhibir la placa. Específicamente, la organización sólo puede exhibir su nombre y su emblema, pero no otro tipo de texto. Esta es la razón por la que una organización de ateos no puede crear una placa que diga “I Don’t Believe”. También es la razón por la que, si otra organización religiosa crea una placa que proclama sus creencias, necesariamente será menos complicada que la placa que expresa “I Believe”. Por ejemplo, una placa que promueva una organización judía podría exhibir su emblema pero no podría crear una escena completa parecida a la de la cruz, el vitral y el esquema de color de la placa cristiana.

La legislatura autorizó las placas que expresan “I Believe” por cuenta propia. Sin embargo, cuando la creación de una placa comienza con una solicitud de una organización, el DMV tiene una amplia facultad para rechazar la solicitud de la organización por razones tan elásticas como “no promueve una imagen positiva para el estado”, “no tiene aprobación estatal”, “volumen de trabajo” (es decir, el volumen de trabajo del departamento), “litigios en otros estados” o, aunque parezca sorprendente, “es controversial”. Debido a que el DMV aparentemente puede rechazar el diseño por cualquier motivo, desde “a algunas personas puede disgustarle” hasta “estamos muy ocupados”, indudablemente no hay garantía de que una organización de ateos (o musulmanes, judíos, wiccanos o cuáqueros) pueda obtener una placa especial, incluso la placa limitada sin texto.

La placa cristiana, en pocas palabras, tiene una ventaja, con aval legislativo, sobre el resto de las placas que pueden exhibir las personas en desacuerdo con el mensaje “I Believe” (implícitamente con el mensaje “Yo creo en el cristianismo”).

Fundamentos legales cuestionables

Lo interesante de la placa que exhibe la frase “I Believe” es que tiene la apariencia de ser ilegal más allá de cómo se la analice. Si las placas especiales representan una expresión privada, son parte de un medio de debate público limitado. Si ese es el caso, indudablemente el gobierno no puede otorgarles solamente a los cristianos la posibilidad de expresar su religión en la parte trasera de sus vehículos. No puede dar ventajas a los titulares de placas cristianas sobre el resto. Por otro lado, si las placas especiales representan la expresión del gobierno, esto quiere decir que el gobierno apoya directamente al cristianismo y esto viola la cláusula de establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos, que impone la separación de la iglesia y el estado.

No se sabe por qué es tan importante para las personas colocar mensajes en sus placas como si fueran calcomanías, cuando todos somos libres de transmitir esos mensajes a través de, justamente, las calcomanías. Lo que sí queda claro es que, a menos que haya un cambio importante en la forma en que se aplica la ley, la placa que exhibe la frase “I Believe” no perdurará.

Linda Holmes es una escritora independiente en Washington, D.C. Previamente ejerció el derecho en el estado de Minnesota y se especializó en derecho laboral y redacción legislativa.

Referencias

Complaint, Summers v. Adams, Case No. 3:2008cv02265 (D.S.C. 19 de junio de 2008).

Planned Parenthood of South Carolina, Inc. v. Rose. 361 F.3d 786 (4th Cir. 1994).

S.C. Rev. Code Ann. § 56-3-8000, -8100 and -630.

La seguridad de Lugar de trabajo

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La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional

Workplace SafetyEn 1970, el Congreso promulgó la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, estableciendo leyes para gobernar la salud y la seguridad en el sector privado, así como el gobierno federal. La ley exige que los empleadores calificados mantengan ambientes de trabajo libres de peligros específicos, incluyendo químicos tóxicos, peligros mecánicos, calor o frío excesivo, niveles de ruido peligrosos y ciertas condiciones insalubres. La ley también autorizó la creación de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), la agencia federal encargada de establecer, monitorear y hacer cumplir las regulaciones y procedimientos de seguridad en el lugar de trabajo.

Empleadores cubiertos por OSHA

Bajo la ley, se identifica a un empleador como cualquier “persona involucrada en un negocio que afecta al comercio que tiene empleados, [excluyendo] los Estados Unidos o cualquier estado o subdivisión política de un estado”. Se excluyen específicamente las explotaciones familiares, Empleados y lugares de trabajo regidos por leyes federales (como aerolíneas o ferrocarriles). Hay disposiciones específicas que aplican cobertura a todas las agencias federales, incluyendo la Oficina de Correos de los Estados Unidos.

El deber bajo la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional

La ley impone un deber general a los empleadores de:

  • Mantener condiciones o adoptar prácticas razonablemente necesarias y apropiadas para proteger a los trabajadores en el trabajo
  • Conocer y cumplir con todas las normas aplicables a sus establecimientos
  • Asegurar que los empleados tengan y usen equipo de protección personal cuando sea necesario para seguridad y salud.

OSHA ha establecido regulaciones que identifican cuándo puede tomar acción contra un empleador bajo las provisiones de deber general del acto. Hay cuatro criterios que deben cumplirse:

  • Debe haber un peligro presente
  • El empleador sabía o debería haber sabido del peligro
  • El peligro es el que puede causar daños graves o la muerte
  • El peligro debe ser corregible

Requisitos de información bajo la Ley

La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional establece requisitos estrictos de información para los empleadores cubiertos:

Un accidente de trabajo debe ser reportado a OSHA dentro de 8 horas de la hora de la muerte, y todos los ataques cardiacos fatales en el lugar de trabajo también deben ser reportados

Un accidente hospitalizando al menos tres empleados debe ser reportado dentro de las 8 horas del incidente

Los empleadores deben notificar prontamente y razonablemente a los empleados de todos los peligros conocidos, y deben mantener registros que documenten los peligros conocidos

La prohibición de actos represivos

Un empleador no puede tomar ninguna acción interpretada como represalia contra cualquier empleado que ejerce derechos bajo la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional. Esto incluye la terminación, la discriminación u otros tipos de acciones similares.