Discriminación laboral

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Discriminación laboral

discriminationEn líneas generales, la discriminación puede definirse como la distinción o diferenciación que se hace en favor o en contra de una persona o cosa en comparación con otras. Se discrimina socialmente cuando se hacen distinciones entre personas por motivos de clase o categoría sin considerar el mérito individual. Algunos ejemplos de categorías de discriminación social son la raza, el género, la edad, la nacionalidad, la religión, la incapacidad, la orientación sexual, la altura y el peso.

En los Estados Unidos, muchas formas de discriminación eran comunes en el lugar de trabajo antes de la segunda mitad del siglo XX. En la década de los 60, el movimiento que dio lugar a la promulgación de leyes contra la discriminación se inició con la Ley de igualdad de salarios (Equal Pay Act) de 1963, a la que le siguió la Ley de derechos civiles (Civil Rights Act) de 1964 que marcó un hito en la legislación. Pronto se promulgaron más leyes para intentar eliminar prácticamente toda forma de discriminación imaginable en las prácticas de empleo privadas y gubernamentales.

A pesar de la amplia variedad de leyes, la discriminación puede ocurrir en los avisos de empleo, en la selección, evaluación, contratación y despido del personal, en los términos y condiciones de empleo, así como también en la remuneración, los beneficios, y en las decisiones sobre quién recibe capacitación y qué tipo de capacitación se brinda. La discriminación también puede surgir al decidir a quién se tiene en cuenta y selecciona para traslados y ascensos y a quién se deja cesante durante una reducción de personal.

Entre las principales leyes federales que prohíben la discriminación en relación con el empleo figuran las siguientes:

  • Título VII de la Ley de derechos civiles (Civil Rights Act) de 1964 (Título VII), que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad.
  • Ley de igualdad de salarios de 1963 (EPA, Equal Pay Act), que protege a los hombres y las mujeres que realizan básicamente el mismo trabajo en el mismo establecimiento de la discriminación salarial por motivos de sexo.
  • Ley contra la discriminación laboral por cuestiones de edad de 1967 (ADEA, Age Discrimination in Employment Act), que protege a las personas de 40 años de edad o más.
  • Título I y Título V de la Ley para estadounidenses con discapacidades de 1990 (ADA, Americans with Disabilities Act), que prohíbe la discriminación laboral contra las personas con incapacidad calificadas en el sector privado y en los gobiernos locales y estatales.
  • Secciones 501 y 505 de la Ley de rehabilitación de 1973 (Rehabilitation Act), que prohíben la discriminación contra las personas con incapacidad calificadas que trabajan en el gobierno federal.
  • Ley de derechos civiles de 1991 (Civil Rights Act), que, entre otras cosas, dispone resarcimiento económico en caso de discriminación laboral intencional.
  • Ley de reforma de la administración pública de 1978 (CSRA, Civil Service Reform Act), que contiene prácticas prohibidas en relación con el personal, y que fue creada para promover total equidad en las acciones que involucren al personal federal.

La aplicación de todas las leyes anteriormente mencionadas le corresponde a la Comisión para la igualdad de oportunidades en el empleo de los Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés). La EEOC también supervisa y coordina todos los reglamentos, prácticas y políticas federales de igualdad de oportunidades de empleo. Si usted ha sido injustamente discriminado en su trabajo, puede presentar cargos ante la Comisión para la igualdad de oportunidades en el empleo de los Estados Unidos (EEOC), y ante la agencia estatal responsable de investigar demandas por discriminación. Un abogado de derecho laboral puede ayudarle a comprender las leyes relacionadas con su situación, asistirlo en su demanda y proteger sus derechos.

Vínculos útiles

¿Qué es la discriminación?
http://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination

Leyes federales que prohíben la discriminación
http://www.eeoc.gov/facts/qanda.html

Acerca de la discriminación laboral
http://jobsearchtech.about.com/od/laborlaws/l/aa060302.htm

Derecho laboral

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Derecho laboral

La ley laboral protege los derechos y hace cumplir las obligaciones entre empleados y empleadores. Una combinación de leyes estatales y federales se utiliza para regular asuntos de trabajo como: el sueldo mínimo, la cantidad de horas en una jornada semanal, el pago obligatorio por trabajar horas extras, beneficios del empleado, seguridad en el sitio de trabajo, discriminación, compensación por desempleo, y el seguro para trabajadores lesionados. Muchas leyes laborales se dictaron con el propósito de ser medidas protectivas para los trabajadores. Otras leyes sirven un seguro público para el trabajador.

Un empleado y su patrón pueden trabajar juntos para resolver problemas. Sin embargo, a veces surgen conflictos que requieren orientación legal para resolverse efectivamente. Muchas empresas tienen departamentos de personal y abogados contratados para representar sus intereses. Para proteger sus derechos, es recomendable que un trabajador también consulte a un abogado laboral.

En esta sección de FuenteLegal, encontrará información útil para los empleadores y empleados. Puede aprender más sobre el derecho laboral si lee las páginas de consejos legales y ve nuestros videos con explicaciones sobre la ley por abogados laborales.

Derecho de defensa del consumidor

Imagen de línea de montaje

Derecho de defensa del consumidor

La responsabilidad del producto es la responsabilidad que tiene cualquiera de las partes a lo largo de la cadena de fabricación de un producto en relación a los daños causados por el producto. Entre las partes responsables se encuentran los fabricantes del producto y los proveedores de éste. Los productos defectuosos que causan daño al consumidor del producto o a quien el producto haya sido prestado u otorgado son el objeto de los juicios por responsabilidad del producto. Son tres los tipos de defectos del producto que crean responsabilidad para los fabricantes y proveedores: defectos de diseño, defectos de fabricación y defectos de marketing.

Aunque la ley del limón es muy conocida y utilizada para la protección de los compradores de automóviles, puede incluir también otros productos como computadoras o televisores. La ley del limón es un área del derecho de defensa del consumidor que le permite al comprador de un automóvil devolver el automóvil nuevo defectuoso al fabricante. Si un fabricante de automóviles se niega a aceptar el automóvil devuelto, la persona puede intentar resolver el asunto iniciando una demanda.

Informes crediticios

Cada estado, junto con el Distrito de Columbia, tiene una ley del limón. Las leyes del limón establecen una norma para los casos en que el fabricante debe readquirir o reemplazar los vehículos. Las leyes del limón contienen requisitos de elegibilidad, requisitos de aviso, y además exponen los recursos específicos con los que cuenta el consumidor para obtener una recuperación en una acción legal contra el fabricante en caso de que no pueda lograrse que el vehículo se ajuste a la garantía luego de intentar su reparación una cantidad razonable de veces. Es importante que conozca sus derechos y responsabilidades.

Si usted es víctima de un fraude, es fundamental que se comunique con su departamento de policía local lo antes posible. También debe consultar a un abogado que se especialice en leyes de fraude.

La responsabilidad del producto se refiere a la responsabilidad que tiene cualquiera de las partes a lo largo de la cadena de fabricación de cualquier producto en relación a los daños causados por ese producto. Esto incluye al fabricante de las partes componentes (en un extremo de la cadena), al fabricante de ensamblaje, al mayorista y al dueño de la tienda minorista (en el otro extremo de la cadena). Los productos defectuosos que causan daño al consumidor del producto o a quien el producto haya sido prestado u otorgado son el objeto de las demandas legales por responsabilidad del producto. Si bien los productos generalmente se consideran bienes personales tangibles, la responsabilidad del producto ha ampliado la definición para incluir bienes intangibles (gas), naturales (mascotas), inmuebles (casa) y escritos (cartas de navegación).

Las demandas por responsabilidad del producto pueden basarse en negligencia, responsabilidad objetiva o incumplimiento de garantía de la aptitud de un producto para un uso particular según la jurisdicción en la que se entable la demanda. Muchos estados han promulgado leyes integrales de responsabilidad del producto. Estas disposiciones legales pueden ser tan diferentes que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha promulgado una Ley modelo uniforme de responsabilidad del producto (MUPLA, Model Uniform Products Liability Act) para uso voluntario de los estados. No existe una ley federal de responsabilidad del producto.

People Over Profits, patrocinado por la American Association for Justice (Asociación Estadounidense de Justicia), está comprometido en la lucha contra el ataque bien organizado y financiado que se hace al sistema de justicia civil y en la protección de los derechos civiles estadounidenses y del juicio por jurados.

En cualquier jurisdicción la persona debe probar que el producto es defectuoso. Son tres los tipos de defectos del producto que crean responsabilidad para los fabricantes y proveedores: defectos de diseño, defectos de fabricación y defectos de marketing. Los defectos de diseño son intrínsecos; existen antes de fabricar el producto. Si bien el producto puede cumplir con el objetivo para el que fue diseñado, su uso puede ser irrazonablemente peligroso debido a una falla en el diseño. Por otro lado, los defectos de fabricación ocurren durante la construcción o fabricación del producto. En este caso, sólo unos pocos productos de una gran cantidad de productos del mismo tipo resultan defectuosos. Los defectos de marketing se relacionan con instrucciones incorrectas y la omisión de advertir a los consumidores sobre los peligros latentes del producto.

Generalmente, la responsabilidad del producto se considera un delito de responsabilidad objetiva. El acto ilícito de responsabilidad objetiva no depende del grado de descuido por parte del demandado. En términos de responsabilidad del producto, el edemandado es responsable cuando se demuestra que el producto es defectuoso. Es irrelevante si el fabricante o el proveedor tuvieron especial cuidado; si existe un defecto en el producto que causa daño alguno, el fabricante o el proveedor serán responsables por ello.

La ley de responsabilidad del producto se encuentra principalmente en el derecho consuetudinario o common law (derecho estatal elaborado judicialmente) y en el Código Uniforme de Comercio. El artículo 2 del Código Uniforme de Comercio trata de la venta de mercancías y ha sido adoptado por la mayoría de los estados. En éste, las secciones más importantes sobre la responsabilidad del producto son las garantías implícitas y explícitas de comerciabilidad en la venta de mercancías: §§ 2-314 y 2-315. La responsabilidad del producto deriva principalmente del derecho de daños.

Cortesía de Cornell Law School

Contratos comerciales

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Contratos comerciales

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Un contrato comercial se refiere a un acuerdo legalmente vinculante entre las partes mediante el cual se obligan a realizar o a no realizar ciertas cosas. Los contratos pueden ser escritos o verbales y redactarse de manera formal o informal. La mayoría de las empresas celebran sus contratos por escrito para dejar en claro los términos del acuerdo, y, con frecuencia, buscan asesoramiento legal al celebrar contratos importantes. Los contratos pueden abarcar todos los aspectos comerciales como contrataciones, salarios, seguridad del empleado, locaciones, préstamos, etc.

Si una de las partes implicadas en un contrato no cumpliera con el acuerdo establecido mediante dicho contrato, se considerará que se ha producido un “incumplimiento de contrato”. En dicho caso, se requiere que el derecho proporcione un recurso, que en muchos casos puede implicar un sistema judicial que haga cumplir el contrato, o de lo contrario, solicitar a la parte en cuestión que pague una compensación por los daños ocasionados al incumplir el contrato.

Por lo general, las leyes de contratos son ejecutadas por el estado en el que se celebró el acuerdo conforme al sistema del Common Law (derecho consuetudinario) o bien al Código Uniforme de Comercio (UCC, por sus siglas en inglés). Según el sistema del Common Law, la mayoría de los contratos son regulados por el derecho consuetudinario de cada estado en particular, es decir, las leyes provenientes de los fallos judiciales que se vuelven parte del sistema local. Las leyes del Código Uniforme de Comercio se aplican a la venta de mercancías que no regula el Common Law.

Ley Jones

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¿Qué es la Ley Jones?

Promulgada en 1920, la Ley Jones (Jones Act) es una ley federal que establece que las embarcaciones que naveguen bajo la bandera de los Estados Unidos deberán ser propiedad de tripulaciones y compañías estadounidenses y estar registradas y tripuladas por éstas. Imagen de barco Si bien en un principio el objetivo de la Ley Jones era proteger la industria marítima de los Estados Unidos, también codificó ciertas tradiciones y prácticas marítimas antiguas que contemplan la recuperación económica en caso de que un tripulante sufra lesiones en el mar. En consecuencia, la Ley Jones exige a los empleadores compensar a los tripulantes por los gastos relacionados con los accidentes ocurridos en el mar o a bordo del barco durante el transcurso normal de las operaciones marítimas.

¿Qué derechos tienen los tripulantes lesionados conforme a la Ley Jones?

La Ley Jones exige a los empleadores compensar a los trabajadores marítimos lesionados por lo siguiente:

  • Traslado: los empleadores deben pagar los gastos en relación con el traslado de los trabajadores lesionados desde la embarcación hasta el centro de atención médica adecuado.
  • Salarios: en los casos en que la negligencia del empleador provoque un accidente que le produzca lesiones a un trabajador marítimo, los empleadores deben pagar los salarios perdidos. Según las circunstancias, puede exigírsele al empleador que pague los salarios perdidos pasados y futuros.
  • Mantenimiento: independientemente de quién tenga la culpa, el empleador debe pagar al tripulante lesionado el monto diario por vivir en tierra equivalente al monto que hubiera gastado viviendo a bordo (generalmente, entre $15 y $30). Sin embargo, si usted ha sufrido una lesión causada por la negligencia de su empleador, es posible que tenga derecho a obtener una indemnización mucho mayor.
  • Curación: un empleador marítimo debe pagar los gastos de la atención médica recibida por el tripulante lesionado, independientemente de quién haya sido el culpable de provocar la lesión. Sin embargo, la mayoría de los empleadores sólo deben pagar hasta un cierto límite, ya que al superar éste, no están más obligados a cubrir los gastos médicos del tripulante lesionado.

Negligencia y responsabilidad del empleador

Si bien la Ley Jones brinda protección y recursos básicos en el caso de lesiones sufridas en el mar, también permite a los tripulantes lesionados obtener una indemnización mucho mayor en caso de que el empleador haya cometido negligencia. En general, la negligencia se relaciona con el hecho de que una embarcación sea innavegable. Comúnmente, la calidad de “innavegable” se refiere a una embarcación en mal estado o a una tripulación que no está debidamente capacitada ni preparada. En general, los juzgados han interpretado la calidad de “innavegable” de una embarcación en una forma más liberal al considerar que una serie de fallas, peligros o incumplimientos del deber de diligencia son factores que contribuyen a ocasionar una lesión o la muerte en el mar.

Compensación para trabajadores y la Ley Jones

La Ley Jones es completamente diferente a los beneficios de compensación para trabajadores y está dirigida sólo a los trabajadores marítimos. Comúnmente, la compensación para trabajadores cubre los gastos médicos y parte de los salarios perdidos del empleado. Sin embargo, de acuerdo con los términos de la Ley Jones, los trabajadores marítimos lesionados pueden recuperar todos los gastos relacionados con las lesiones sufridas. Los tripulantes lesionados no sólo tienen derecho a recibir atención médica desde el principio y a recuperar una parte de sus salarios perdidos, sino que además pueden obtener una indemnización por daños que cubra los gastos médicos futuros, los ingresos perdidos y el dolor y sufrimiento ocasionados.

Si usted ha sufrido una lesión en el mar

La mayoría de los empleadores marítimos se dan cuenta de la dimensión del daño por el que son responsables conforme a la Ley Jones. En consecuencia, un empleador puede intentar convencer al empleado lesionado para que solicite la compensación para trabajadores o la licencia por incapacidad y disuadirlo, en cambio, de que solicite los beneficios que establece la Ley Jones.

Si usted ha sufrido una lesión en el mar, es importante que se comunique con un abogado marítimo con experiencia lo antes posible para tratar su caso y proteger sus derechos y su empleo. Debido a que existe una ley de prescripción respecto de las lesiones marítimas, no actuar de manera oportuna puede impedir que obtenga una indemnización por daños conforme a la Ley Jones.

Demandas de los tripulantes


Demandas de los tripulantes

Quién es elegible

Para recibir los beneficios conforme a la Ley Jones (Jones Act), en primer lugar, un empleado debe ser elegible según los requisitos establecidos por ley que definen qué significa ser ”tripulante”. Las siguientes condiciones determinan si una persona puede o no ser considerada “tripulante”:

  • El trabajo de un empleado implica las tareas y las Night Shipresponsabilidades necesarias para el funcionamiento del barco y el cumplimiento de su misión.
  • Un tripulante debe estar actualmente empleado a bordo del barco en actividad o en el mar.
  • El período de tiempo que un tripulante debe estar empleado a bordo del barco en actividad debe ser continuo y considerable.

Los trabajadores marítimos con base en tierra que trabajan ocasionalmente a bordo del barco no son considerados tripulantes, ya que no son miembros de la tripulación de a bordo. Como tales, los trabajadores marítimos con base en tierra que sufren una lesión al reparar el barco no son considerados tripulantes.

Cuándo un tripulante debe hacer una demanda conforme a la Ley Jones

El hecho de que un tripulante pueda iniciar o no una demanda por daños conforme a la Ley Jones dependerá de la naturaleza del trabajo implicado en el accidente, si el tripulante lesionado es un miembro de la tripulación a bordo del barco donde sufrió la lesión, y si sufrió la lesión en un barco que realizaba operaciones relacionadas con aguas navegables.

Por ejemplo, un tripulante designado como miembro de la tripulación de un barco de carga que se lesiona en tierra mientras toma un taxi a un restaurante local no es elegible para recibir los beneficios conforme a la Ley Jones, ya que su lesión no fue consecuencia de una actividad relacionada con la misión del barco. Por otro lado, un tripulante que se lesiona en tierra mientras recolecta víveres para el barco y su tripulación puede ser elegible para recibir los beneficios conforme a la Ley Jones.

Negligencia y la Ley Jones

Mientras que algunas lesiones contempladas en la Ley Jones implican lesiones ocupacionales relacionadas con los peligros inherentes al trabajo marítimo, otras son causadas por la negligencia del empleador. Cuando un tripulante se lesiona como consecuencia del hecho de que la embarcación es innavegable o de las conductas y decisiones imprudentes de los compañeros de trabajo, se puede reclamar indemnización de daños por dolor y sufrimiento, gastos médicos futuros y el valor de los salarios perdidos pasados y futuros.

Preparación de una demanda conforme a la Ley Jones

Para proteger sus derechos e intereses, deben tomarse las siguientes medidas inmediatamente después de ocurrido un accidente marítimo para asegurarse de que se preserven la información y pruebas necesarias:

  • Presente un informe detallado y preciso del accidente ante su supervisor y todos los departamentos y personal que sean necesarios inmediatamente después del accidente.
  • Haga una lista de las condiciones peligrosas o del estado de deterioro del barco que hayan sido un factor causante del accidente y las lesiones.
  • Si es posible, tome fotografías del estado de deterioro del barco o de los peligros implicados en su accidente.
  • Reúna declaraciones de compañeros de trabajo que fueron testigos presenciales, así como también sus nombres e información de contacto. Esto es de particular importancia si llegara a surgir la necesidad de llamar a un testigo para verificar que hubo negligencia por parte de su empleador.
  • Solicite una cita con su médico personal lo más pronto posible. Obtenga las copias de cualquier diagnóstico o examen que le haya realizado su médico o un especialista, si su médico lo ha derivado a uno. No confíe en el médico del barco o en el médico a quien su compañía lo haya derivado. Es importante que un médico independiente evalúe sus lesiones, ya que el médico de la compañía puede insistir y hacerlo regresar al trabajo antes de que usted esté en condiciones de hacerlo.

Evalúe las opciones disponibles

Si usted ha sufrido una lesión en el mar, es importante que se comunique de inmediato con un abogado marítimo con experiencia que pueda proteger sus derechos, sus intereses económicos y su empleo. Casi siempre, los empleadores insisten y convencen a los tripulantes para que regresen al trabajo antes de que estén en condiciones de hacerlo y los disuaden de reclamar una compensación conforme a la Ley Jones.

Ley de muerte en alta mar

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Ley de muerte en alta mar

Promulgada en 1920 y modificada por el Congreso en el año 2000, la Ley de muerte en alta mar (DOHSA, Death on the High Seas Act) se aplica a la muerte de los trabajadores marítimos que ocurran a 3 millas de distancia o más de la costa de los Estados Unidos, de cualquiera de sus dependencias, territorios o posesiones. Actualmente, los accidentes aéreos fatales también están contemplados en la versión modificada de la ley. La Ley DOHSA permite a los familiares obtener una compensación por las pérdidas económicas relacionadas con el accidente marítimo fatal ocurrido en el mar, y por el dolor y sufrimiento emocionales relacionados con la pérdida del ser querido. Para que los familiares obtengan una indemnización por daños conforme a la Ley DOHSA, la muerte del tripulante o marinero debe ser consecuencia de la negligencia o conducta imprudente del dueño del barco, de un compañero de tripulación de la embarcación o del avión, en el caso de que un accidente aéreo ocurra en el mar.

Cómo se estiman los daños conforme a la Ley DOHSA

De acuerdo con los términos de la Ley DOHSA, los daños se basan en las ganancias e ingresos económicos proyectados del difunto, y la importancia que éstos tienen en la vida de sus hijos. Los cónyuges tienen derecho a recibir un monto de valor equivalente a la contribución económica estimada del difunto, menos los gastos asociados con los costos de mantenimiento personal del difunto. Los hijos del difunto tienen derecho a recibir un monto que intente representar el valor del cuidado, la orientación y el apoyo que habrían recibido del difunto si éste no hubiese fallecido. Si bien la Ley DOHSA no compensa a los cónyuges por pérdida de consorte, sí los compensa por el valor de la contribución al hogar y el apoyo que el difunto habría prestado si no hubiese fallecido.

Cuando una lesión en el mar provoca la muerte

Comúnmente, si una lesión sufrida en el mar provoca posteriormente la muerte, la familia o el cónyuge del difunto no pueden obtener indemnización por daños conforme a la Ley DOHSA. Sin embargo, si el difunto inició una demanda por lesiones personales en un juzgado federal antes de su muerte, los familiares pueden reclamar indemnización por daños de acuerdo con la Ley DOHSA:

“Si una persona muere [1] como consecuencia de dicho acto ilícito, negligencia o incumplimiento de una obligación como se menciona en la sección 761 de este Apéndice durante la pendencia de un juicio iniciado en un tribunal del almirantazgo de los Estados Unidos para recibir indemnización por las lesiones personales sufridas en relación a dicho acto ilícito, negligencia o incumplimiento de una obligación, el representante personal del difunto puede sustituir a éste como parte y el juicio puede proceder conforme a este capítulo como un juicio para recibir compensación de acuerdo con lo establecido en la sección 762 de este Apéndice”.

Presentación de una demanda conforme a la Ley de muerte en alta mar

Los familiares tienen tres años para entablar una demanda por compensación conforme a la Ley de muerte en alta mar. Teniendo en cuenta que los compañeros de trabajo, capitanes y supervisores pueden ser reasignados en otros cargos o dejar la industria marítima todos juntos, es importante que se comunique con un abogado de derecho marítimo con experiencia lo antes posible si necesita asesoramiento sobre una lesión mortal sufrida en el mar. Un abogado de derecho marítimo no sólo puede encargarse de preparar toda la documentación y los trámites burocráticos necesarios, sino que también se asegura de que se recopilen y preserven los testimonios y pruebas relevantes.

Derecho marítimo y de almirantazgo

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Derecho marítimo y de almirantazgo

El derecho marítimo y de almirantazgo regula las entidades que operan embarcaciones en el océano. Las demandas comunes que se someten al derecho de almirantazgo incluyen mercancías dañadas, tripulantes lesionados, choques entre embarcaciones y contaminación marítima.

En esta sección de FuenteLegal, le brindamos información legal general sobre algunas de las leyes de almirantazgo.

Derechos civiles


Sus derechos civiles

La Quinta Enmienda

Civil Rights Lawyers

Nadie estará obligado a responder por un delito capital o infame si un Gran Jurado no lo denuncia o acusa, a

excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se

encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio penal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se tomará la propiedad privada para uso público sin una justa compensación.

Discriminación racial:

La Decimocuarta Enmienda

Sección 1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección igualitaria de las leyes.

Sección 2. Los representantes se distribuirán proporcionalmente entre los diversos Estados de acuerdo con su población respectiva, para lo cual se tomará en cuenta el número total de personas que haya en cada Estado, con excepción de los indígenas que no paguen contribuciones. Pero cuando a los habitantes varones de un Estado que tengan veintiún años de edad y sean ciudadanos de los Estados Unidos se les niegue o se les coarte en la forma que sea el derecho de votar en cualquier elección para Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos, representantes del Congreso, funcionarios ejecutivos y judiciales de un Estado o miembros de su legislatura, excepto con motivo de su participación en una rebelión o en algún otro delito, la base de la representación de dicho Estado se reducirá en la misma proporción en que se halle el número de los ciudadanos varones a que se hace referencia, con el número total de ciudadanos varones de veintiún años de dicho Estado.

Sección 3. Las personas que habiendo prestado juramento previamente en calidad de miembros del Congreso, o funcionarios de los Estados Unidos, o miembros de cualquier legislatura local, o como funcionarios ejecutivos o judiciales de cualquier Estado, de que respaldarían la Constitución de los Estados Unidos, hubieran participado en una insurrección o rebelión en contra de los Estados Unidos o proporcionado ayuda o protección a sus enemigos no podrán ser senadores o representantes en el Congreso, ni electores del Presidente o Vicepresidente, ni ocupar ningún empleo civil o militar que dependa de los Estados Unidos o de alguno de los Estados. Pero el Congreso puede derogar tal interdicción por el voto de los dos tercios de cada Cámara.

Sección 4. La validez de la deuda pública de los Estados Unidos que esté autorizada por la ley, inclusive las deudas contraídas para el pago de pensiones y recompensas por servicios prestados al sofocar insurrecciones o rebeliones, serán incuestionables. Pero ni los Estados Unidos ni ningún Estado asumirán ni pagarán deuda u obligación alguna contraída para ayuda de insurrecciones o rebeliones contra los Estados Unidos, como tampoco reclamación alguna con motivo de la pérdida o emancipación de esclavos, pues todas las deudas, obligaciones y reclamaciones de esa especie se considerarán ilegales y nulas.

Sección 5. El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de leyes apropiadas.

Ley de igualdad de salarios de 1963 (Equal Pay Act)

Ningún empleador cuyos empleados estén sujetos a cualquier disposición de esta sección [sección 206 del título 29 del Código de los Estados Unidos] discriminará, dentro de ningún establecimiento en el que dichos empleados hayan sido contratados, entre los empleados por motivos de sexo pagándoles un salario a los empleados en dicho establecimientos de menor tarifa que la que le paga a los empleados del sexo opuesto en dicho establecimiento por igual trabajo o tarea [,] los cuales requieren igual destreza, esfuerzo y responsabilidad, y son realizados bajo las mismas condiciones, excepto que el pago se haga de acuerdo a (i) un sistema de antigüedad; (ii) un sistema de mérito; (iii) un sistema que mide ingresos por cantidad o calidad de producción; o (iv) un diferencial basado en cualquier otro factor que no sea el sexo.

Ley de normas laborales justas de 1938 (Fair Labor Standards Act)

La Ley de normas laborales justas (Fair Labor Standards Act) se aplica a los empleados que se dedican al comercio interestatal o a la producción de bienes para dicho comercio, a menos que el empleador pueda reclamar una exención de cobertura. Existen varias exenciones que eximen al empleador de la obligación de cumplir con los requisitos de salario mínimo establecido por ley, horas extras y mantenimiento de registros. Las exenciones más amplias se aplican a las exenciones denominadas de “trabajadores no manuales” que son aplicables a los empleados profesionales, administrativos y ejecutivos. Las exenciones se interpretan limitadamente; un empleador debe probar que los empleados se ajustan “clara e inequívocamente” a los términos de las exenciones.

La ley de normas laborales justas se aplica a “cualquier persona empleada por un empleador” pero no a los contratistas independientes o a los voluntarios, ya que no se consideran “empleados” conforme a la Ley de normas laborales justas.

Suponiendo que un empleado no está exento de horas extras, existen muchos casos en los que las horas extras no se pagan como es debido, como sucede cuando un empleado trabaja más de 8 horas por día (tiempo y medio), más de 12 horas por día (tiempo doble), más de 40 horas por semana (tiempo y medio), siete días consecutivos o más de un total de siete días, 72 horas por semana, o cuando no se le paga el tiempo de viaje entre los lugares de trabajo, las actividades anteriores y posteriores al horario de trabajo y las actividades para preparar el trabajo que son fundamentales para las actividades laborales.

Si un empleado tiene derecho a realizar horas extras, recibirá tiempo y medio o doble tiempo según sea su situación de acuerdo con la Sección 207.

Legislación que marcó un hito en los Estados Unidos, ya que prohibió, bajo ciertas circunstancias, la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad. Si bien originalmente se concibió para proteger los derechos de las personas de raza negra, el proyecto de ley fue modificado previo a su aprobación para proteger los derechos civiles de todas las personas, incluso los de las mujeres que fueron por primera vez explícitamente incluidas.

Prohíbe la discriminación laboral contra personas de 40 años de edad o más en los Estados Unidos (vea 29 U.S.C. § 631(a)). La ley también establece normas para las jubilaciones y beneficios proporcionados por el empleador y exige que se brinde información al público en general sobre las necesidades de los trabajadores de mayor edad.

Accidentes automovilísticos

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Accidentes automovilísticos

Los accidentes vehiculares y automovilísticos _ los cuales pueden incluir choques entre carros, motos, camiones, autobuses o trenes _ representan la mayoría de las demandas por lesiones personales. Los litigios por accidentes automovilísticos siguen la ley de negligencia, que establece que una persona debe proceder con “cuidado razonable según las circunstancias”. Si se declara que una persona es negligente, se le puede exigir que pague los daños personales o patrimoniales en relación con su acto negligente. El demandante, o la parte lesionada, debe probar que el demandado fue negligente y también la causa directa del accidente y de la lesión.

En los casos simples de accidentes automovilísticos, la compañía de seguros de la parte responsable indemniza a la parte lesionada por daños patrimoniales. En otros casos, intervienen la policía, los investigadores de las compañías de seguros y los tribunales. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad puede tener como consecuencia cargos civiles y penales.

Qué hacer después de un accidente

Desde el punto de vista legal, cuando se sufre un accidente automovilístico, es importante buscar la atención médica debida lo antes posible. Esto es necesario no sólo para la salud de la persona lesionada; también sirve como prueba en caso de que surja una disputa con la compañía de seguros de la persona negligente en relación con la gravedad de la lesión. Las compañías de seguros dudan de las personas que tardan semanas, o incluso días, en consultar a un médico después de un accidente automovilístico. Un médico diagnostica la lesión de inmediato y registra la información médica en detalle. Seguramente, en caso de disputa, la compañía de seguros querrá consultar esta información.

Otro aspecto importante, desde el punto de vista legal, es obtener los nombres, direcciones y números de teléfono de los testigos. Los testigos son un recurso muy valioso en caso de existir una disputa en relación con los hechos del accidente.

En lo posible, la parte lesionada debe obtener información sobre la otra parte (nombre, dirección, número de teléfono, número de la licencia de conducir e información del seguro) y llamar a la policía para que venga al lugar del accidente. En la mayoría de los departamentos de policía se exige a los oficiales que escriban un informe después de la investigación inicial. Asimismo la persona lesionada debe anotar lo que ocurrió lo antes posible después del accidente. De lo contrario, es posible que olvide los detalles y, en consecuencia, pierda la oportunidad de recibir la indemnización adecuada.

Debe fotografiarse el lugar del accidente y el daño causado al vehículo y a la persona lesionada, para demostrar ante la compañía de seguros la gravedad de la lesión.

Indemnización

Por ley, todas las personas tienen derecho a una indemnización por las lesiones ocasionadas por otra persona. Existen dos fuentes posibles de indemnización: la persona culpable o la compañía de seguros de dicha persona. Generalmente, si la persona es culpable, la compañía de seguros paga la suma completa o gran parte de ésta.

En principio, si no existe una disputa sobre la responsabilidad, una compañía de seguros hace una oferta después de que la persona lesionada haya recibido la atención necesaria como consecuencia del accidente (como la atención médica y la reparación del vehículo). Si la parte lesionada acepta dicha oferta, el caso se cierra.

Sin embargo, si existe una disputa sobre la responsabilidad o la parte lesionada considera que la oferta hecha por la compañía de seguros no es suficiente, un abogado con experiencia en derecho de lesiones personales puede asegurarse de que su cliente reciba la indemnización adecuada. El abogado no tiene ninguna obligación con la parte contraria ni con la compañía de seguros. Su única obligación es con el cliente.

Cuando la parte lesionada acepta el pago de una compañía de seguros, dicha persona renuncia a todo derecho de iniciar una nueva demanda en relación con ese accidente. Esto es particularmente problemático para las víctimas de lesiones personales que aceptan el pago, firman dicha renuncia y, más tarde, comienzan a experimentar síntomas relacionados con el accidente. Sin embargo, un abogado puede exigir que la compañía de seguros pague los gastos médicos actuales y futuros.

Es por eso que la participación de un abogado puede ser muy valiosa en un caso de lesión personal. En principio, a toda compañía de seguros le conviene resolver los casos rápida y fácilmente. Por consiguiente, generalmente, las compañías hacen una oferta menor a la indemnización que la víctima debería recibir, y esperan que ésta acepte el dinero y renuncie a todo derecho de iniciar futuras demandas. De esta manera, se aseguran de que la persona lesionada no entable una demanda. Un abogado puede imponerse sobre la compañía de seguros mediante negociaciones con el liquidador del seguro y amenazas con demandar a la compañía si la oferta no es satisfactoria.

Además, si la parte lesionada es representada por un abogado, la compañía de seguros debe hablar sólo con éste. Esto le dará tranquilidad a la parte lesionada, en especial, en un momento en que posiblemente se encuentre en un estado de incertidumbre.

Normas legales

Un caso de accidente automovilístico puede someterse a las normas de negligencia o de responsabilidad del producto. Una persona es considerada negligente si no procede con cuidado razonable según las circunstancias en el momento del accidente. Algunos motivos comunes de negligencia en un accidente automovilístico son conducir con exceso de velocidad, cambiar de carril de manera insegura, pasar por alto una señal de pare o una luz roja y conducir sin hacer caso a las condiciones climáticas.

Si se declara que una persona es negligente, es posible que ésta (o la compañía de seguros) esté obligada a pagar una indemnización por una serie de daños a la parte lesionada, como daños patrimoniales, gastos médicos, salarios perdidos, dolor y sufrimiento y angustia psíquica. Los abogados que se especializan en casos de accidentes automovilísticos determinan cuáles son los daños por los cuales puede obtenerse una recuperación.

La ley estatal de responsabilidad del producto establece que el fabricante o vendedor de un producto es responsable de las lesiones ocasionadas por el uso de un producto defectuoso. Algunos ejemplos de casos de responsabilidad del producto en accidentes automovilísticos son las airbags que fallan al inflarse, los cinturones de seguridad que no traban correctamente y las llantas que se gastan prematuramente.

Una persona que resulta lesionada en un accidente automovilístico no sólo puede iniciar una demanda por negligencia contra la otra parte, sino también una por responsabilidad del producto contra el fabricante del automóvil. Un abogado que se especializa en casos de defectos de vehículos entiende esta área compleja del derecho.

Una cuestión muy importante después de un accidente es la ley de prescripción, es decir, el tiempo que la parte lesionada tiene para entablar una demanda. En la mayoría de los casos de lesiones personales, el tiempo es de dos o tres años. Consulte las leyes de su estado para determinar el período exacto permitido para entablar una demanda.

Los accidentes automovilísticos, incluso los de menor importancia, pueden resultar traumáticos. La atención médica y el asesoramiento legal son fundamentales tanto para recuperarse como para obtener la indemnización adecuada.