derecho de divorcio por estado


Leyes de divorcio de los cincuenta estados, Distrito de Columbia y Puerto Rico

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Bancarrota fraudulenta


Bancarrota fraudulenta

La bancarrota fraudulenta es un delito financiero (generalmente cometido por ejecutivos, gerentes u oficinistas y conocido en inglés como “white collar crime”) que se presenta en cuatro formas generales. Primero, los deudores ocultan los activos para evitar que sean confiscados. Segundo, los individuos intencionalmente presentan formularios falsos o incompletos. Tercero, los individuos se declararan en bancarrota en diferentes estados al mismo tiempo. Cuarto, los deudores pueden sobornar al fiduciario designado por el tribunal. En general, el delincuente combina una de estas formas de fraude con otro delito, como robo de identidad, fraude hipotecario, lavado de dinero o corrupción pública.

Cerca del 70% de los casos de bancarrota fraudulenta implican que el deudor oculte activos. Los acreedores sólo pueden liquidar los activos que declara el deudor. De esta manera, el deudor puede llegar a conservar los activos pese a tener deudas pendientes. Para proteger aún más los activos, las empresas o los individuos transfieren los activos no declarados a amigos, familiares o socios para evitar que los localicen. Este tipo de bancarrota fraudulenta aumenta los riesgos y costos asociados a los préstamos.

Otro tipo de bancarrota fraudulenta cada vez más común en los Estados Unidos es conocida en inglés como el “petition mill” o una fabrica de peticiones de bancarrota. Los estafadores se hacen pasar por asesores financieros para ayudar a arrendatarios sin dinero que prevenir que sean desalojados de su casa, apartamento u otra vivienda. El arrendatario cree estar recibiendo ayuda, pero el estafador, en realidad, lo declara en bancarrota para dilatar el desalojo. Mientras tanto, se cobran tarifas exorbitantes por el “servicio” hasta vaciar la cuenta de ahorros del inquilino y arruinarle su puntaje crediticio.

La declaración de bancarrota fraudulenta múltiple consiste en presentar la quiebra en varios estados utilizando el mismo nombre e información, o diferentes alias e información falsa o una combinación. Esta metodología retrasa los procedimientos judiciales para presentar la bancarrota y liquidar los activos. En general, los deudores que intentan ocultar activos logran protegerlos aún más de esta manera.

La bancarrota fraudulenta es un procedimiento de carácter penal. Para probar el fraude es necesario demostrar que el acusado distorsionó la información en forma deliberada y fraudulenta. La bancarrota fraudulenta tiene penas de hasta cinco años de prisión, multas de hasta $250,000 o ambas.

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Testamentos conjuntos y mutuos

Un testamento conjunto es aquel efectuado por dos o más testadores. El testador es la persona que hace el testamento. Si dos o más testadores efectúan un mismo instrumento como testamento, el documento se denomina testamento conjunto. Un testamento mutuo puede darse cuando dos o más testadores efectúan testamentos por separado que contienen disposiciones testamentarias recíprocas sobre sus bienes, con la condición de que el sobreviviente deje los bienes restantes al momento de su muerte según lo acordado por los testadores.

Programas de justicia juvenil

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Programas de justicia juvenil

Las comunidades se estan esforzando para educar a los menores en situaciónes de riesgo (circunstancias, como la pobreza, que los ponen en peligro de fracasar, desertar la escuela o convertirse en delicuentes). Una de las formas de hacerlo es con la formación de los programas propuestos por el “Modelo de Justicia  Balanceada y Restaurativa” (Balanced and Restorative Justice), un proyecto de investigación financiado por la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention). El modelo ofrece programas y metas para las comunidades que intentan prevenir la delincuencia juvenil y rehabilitar a los delincuentes menores en forma efectiva.

El modelo intenta que las comunidades transmitan a los menores que cometen delitos la idea de que ellos están en deuda con sus víctimas, más que con el estado. El modelo también pone énfasis en la creación de importantes programas de rehabilitación que brinden a los jóvenes, al menos, una forma de ganarse la vida cuando abandonan el sistema de justicia juvenil.

El modelo les recuerda a las comunidades que la mejor forma de mantener la seguridad es mediante la creación de programas deportivos o de interés para los jóvenes en situación de riesgo y la formación de grupos comunitarios e individuos que deseen ayudar a supervisar a los menores problemáticos.

Programas de intervención temprana 

Los programas de capacitación de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia:

  • Tratan las adicciones y otros comportamientos autodestructivos a través de diferentes medios, como por ejemplo los tribunales especializados.
  • Ofrecen programas de capacitación para jóvenes elegibles.
  • Dan a conocer los aspectos destructivos de las pandillas a los jóvenes en riesgo de unirse a ellas.
  • Ayudan a los jóvenes antes o después de cometer crímenes motivados por el odio y los prejuicios a entender, valorar y respetar a las personas de la comunidad que tienen un aspecto diferente o que no actúan como ellos ni tienen las mismas creencias religiosas.

Tribunales especializados

En lugar de enviar a todos los delincuentes juveniles a un tribunal, algunas comunidades tienen tribunales especializados creados para ayudar a enfrentar los problemas de comportamiento.

Tribunal de drogas (Drug Court): Cuando un menor se presenta ante un tribunal especializado en drogas, generalmente se le exige que realice un tratamiento y se someta a pruebas aleatorias para detectar drogas.

Tribunal de armas (Gun Court): Tanto personal encargado del cumplimiento de la ley como abogados ofrecen su tiempo para hablar sobre el uso no violento de las armas con los jóvenes que han sido arrestados recientemente. Además, las personas de la comunidad que han sufrido heridas de bala o han perdido a un ser querido en un homicidio intentan desalentar el uso de las armas con fines delictivos.

Tribunal de adolescentes (Teen Court): Algunos adolescentes pueden presentarse ante un tribunal compuesto por un jurado de pares cuando son acusados de delitos no violentos o delitos que resultan de un estado o condición, como destrozar una casa o llevarse mercancía de una tienda sin pagar. 

Tribunal de salud mental (Mental Health Court): Este tribunal se encarga de los delincuentes adolescentes que padecen enfermedades mentales graves y los supervisa, generalmente, durante 18 meses.

Programas de capacitación vocacional

La Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia invita a todos los grupos empresariales de la comunidad a crear programas para ayudar a los menores en situación de riesgo a desarrollar habilidades antes de que se involucren en actividades delictivas o incurran en delitos que resulten de un estado o condición. Uno de los programas está relacionado con la industria de la construcción. El Instituto de Constructores de Vivienda (Home Builders Institute) creó  en 1994 el Proyecto CRAFT (Community Restitution and Apprenticeship Focused Training), que ofrece entrenamiento orientado a la comunidad, la reinserción y el aprendizaje. El objetivo del proyecto es proporcionar a los jóvenes habilidades sociales y de búsqueda de trabajo, además del aprendizaje de un oficio certificado en el área de la construcción. 

Esfuerzos para disminuir la violencia en las pandillas juveniles

El gobierno federal ofrece seminarios de capacitación para policías y otros funcionarios encargados de aplicar la ley a fin de evitar la formación de pandillas y erradicar o limitar la violencia relacionada con las pandillas cada año. 

Durante el National Youth Gang Symposium organizado por la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia en junio de 2008, la oficina presentó los avances logrados desde que se creó el Programa de Reducción de Pandillas (Gang Reduction Program) en 2003. El programa tiene tres objetivos principales:

  • Priorizar el reclutamiento de los miembros y representantes de las comunidades religiosas de pequeñas organizaciones comunitarias a fin de brindar programas y actividades alternativas para jóvenes en situación de riesgo.
  • Alentar la “colaboración entre organismos”, en los vecindarios y en las comunidades además de las agencias federales.
  • Destacar la importancia de trabajar en conjunto con el sector privado. Tanto las empresas de la comunidad como los jóvenes en situación de riesgo se benefician cuando la violencia se reduce al mínimo.  El robo y el vandalismo en las pandillas se cobran mucho dinero cada año. Los programas comunitarios que ayudan a los jóvenes a desarrollar habilidades relacionadas con la búsqueda de trabajo les permite concentrarse en su futuro.

Prevención y rehabilitación del crimen juvenil motivado por el odio y los prejuicios

En los últimos años, el gobierno federal definió a los crímenes motivados por el odio como delitos impulsados por prejuicios y por el odio contra la víctima debido a su raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o nacionalidad. Algunas ciudades como Los Ángeles están creando programas como el Juvenile Offenders Learning Tolerance, que intenta rescatar y reeducar a los jóvenes que han cometido un delito motivado por el odio recientemente.

Fraude telefónico y por telemarketing


Fraude telefónico y por telemarketing

El fraude telefónico y por telemarketing es cualquier tipo de engaño en el que un criminal se comunica con una posible víctima a través del teléfono. Como muchas compañías de renombre utilizan el telemarketing para operar, los delincuentes, a menudo, logran obtener de manera efectiva la información de la tarjeta de crédito de la víctima y usarla para realizar compras no autorizadas.

Un tipo común de fraude por telemarketing es conocido como estafa de anticipo de dinero (advanced-fee scam). Son aquellas en que se recomienda que la víctima pague por adelantado grandes sumas de dinero con la promesa de recibir grandes beneficios por el anticipo inicial. Una de las estafas más conocidas es la estafa de la carta nigeriana. El delincuente seduce a la víctima para que le dé la información de su tarjeta de crédito para ayudar a un “príncipe nigeriano” perseguido a comprar pasajes y escapar hacia los Estados Unidos. A cambio, le promete un gran porcentaje de la fortuna del príncipe. El delincuente usa la información de la tarjeta de crédito para realizar compras no autorizadas, y la víctima no recibe ni un centavo.

Con frecuencia, los delincuentes también usan sistemas de estafa piramidal por teléfono. Con la estafa piramidal, se le pide a la víctima que pague una cantidad de dinero inicial para recibir dinero de diferentes personas que aumentarán exponencialmente la inversión inicial. Mientras que los que están en la parte superior de la pirámide obtienen las ganancias, los que se encuentran en la parte inferior y no pueden encontrar seguidores no reciben ningún beneficio.

Los sobrepagos requieren que un comprador extienda un cheque a un vendedor por más dinero del que se le debe. El comprador le informa al vendedor que pagó accidentalmente una suma superior y le pide que envíe la diferencia. Luego, el cheque del comprador es rechazado, y el comprador se beneficia con la transferencia bancaria del vendedor.

Los telemarketers que comenten fraudes también realizan llamadas en nombre de instituciones benéficas. Le piden a la víctima que haga una donación por teléfono a la institución. Luego, el delincuente toma la información de la tarjeta de crédito y realiza compras no autorizadas con ella.

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Fraude en la atención médica


Fraude en la atención médica

El fraude en la atención médica implica la presentación de reclamos de atención de salud para obtener un beneficio. Existen varios sistemas de fraude en la atención médica. Los pacientes cometen fraude cuando comercializan en el mercado negro medicamentos con recetas subsidiados o totalmente cubiertos, usan los beneficios de transporte con fines que no son médicos o falsifican información en la solicitud de servicios médicos. Los profesionales cometen fraude cuando facturan servicios de atención médica que nunca prestaron, presentan reclamos duplicados por un mismo servicio o anulan copagos de pacientes.

En los casos de fraude de atención médica, el proveedor transfiere los costos a sus pacientes. Las estadísticas indican que debido a la gran cantidad de casos de fraude en la atención médica, por cada dólar gastado en atención de salud se destinan 10 centavos para pagar reclamos fraudulentos.

La ley exige que los seguros de salud paguen los reclamos legítimos dentro de los 30 días. El FBI, el Servicio Postal de los Estados Unidos y la Oficina del Inspector General investigan los fraudes de atención médica. Pero, debido a la reglamentación de los 30 días, estas agencias rara vez tienen el tiempo suficiente para realizar una investigación adecuada antes de que un compañía de seguros realice el pago.

Las consecuencias de una acción legal exitosa contra un proveedor de atención médica pueden ser graves. El proveedor enfrenta encarcelamiento, multas y la pérdida del derecho a ejercer su profesión en la industria médica.
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Fraude con tarjeta de crédito


Fraude con tarjeta de crédito

El fraude con tarjeta de crédito implica el uso no autorizado de la información de la tarjeta de crédito de una persona con el propósito de cargar compras en la cuenta de la víctima o extraer fondos de su cuenta. El fraude con tarjeta de crédito es considerado una forma de robo de identidad. Debido a la popularidad de las compras en línea y el fraude por Intenet, los delincuentes ya no necesitan una tarjeta de crédito física. Con el nombre del titular, el número de la tarjeta de crédito y la fecha de vencimiento es suficiente. Cuando un pirata informático (hacker) abre una base de datos o hay una falla en el sistema y se libera la información de las tarjetas de crédito de sus usuarios, inmediatamente millones de cuentas se convierten en potenciales víctimas de este delito. Sin embargo, la ley federal limita la responsabilidad de los titulares de las tarjetas a $50 en caso de robo. Cuando una tarjeta de credito robada es usada, la mayoría de los bancos exoneran este monto si el titular firma una declaración jurada con la descripción del robo.

Los sistemas de fraude con tarjetas de crédito se clasifican en dos categorías generales: solicitud fraudulenta de tarjeta y apropiación fraudulenta de cuenta. En el primer caso, los estafadores abren cuentas de tarjetas de crédito a nombre de otra persona. Esto ocurre cuando el delincuente tiene suficiente información sobre la víctima para completar la solicitud de la tarjeta de crédito. Por otro lado, el delincuente puede falsificar documentación. Este sistema representa un grave problema porque el delincuente puede realizar numerosas compras sin que la víctima se entere. El estado de cuenta puede tardar un mes en llegar, si alguna vez llega.

En general, las apropiaciones fraudulentas de cuentas implican que el delincuente se apodera de una cuenta existente. Con suficiente información personal sobre la víctima, el delincuente se comunica con el banco o con la compañía de la tarjeta de crédito y solicita que se cambie la dirección de facturación. Luego, denuncia la pérdida o el robo de la tarjeta de crédito y solicita que se envíe otra tarjeta a la nueva dirección. De esta manera, el delincuente puede realizar compras fraudulentas con la tarjeta. 
Otro método de apropiación fraudulenta de cuenta es la duplicación de tarjetas de crédito. Los empleados que tienen acceso a las tarjetas de crédito de los clientes toman nota de la información de la tarjeta y la utilizan de manera fraudulenta.

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Fraude cibernético


Fraude cibernético

El fraude cibernético e informático se refiere al fraude realizado a través del uso de una computadora o de Internet. La piratería informática (hacking) es una forma común de fraude: el delincuente usa herramientas tecnológicas sofisticadas para acceder a distancia a una computadora con información confidencial. Otra forma de fraude involucra la intercepción de una transmisión electrónica. Esto puede ocasionar el robo de la contraseña, el número de cuenta de una tarjeta de crédito u otra información confidencial sobre la identidad de una persona.

La ley federal define al fraude electrónico como el uso de una computadora con el objetivo de distorsionar datos para inducir a otra persona a que haga o deje de hacer algo que ocasiona una pérdida. Los delincuentes pueden distorsionar los datos de diferentes maneras. Primero, pueden alterar sin autorización los datos ingresados en la computadora. Los empleados pueden usar fácilmente este método para alterar esta información y malversar fondos. En segundo lugar, los delincuentes pueden alterar o borrar información almacenada. Tercero, los delincuentes sofisticados pueden reescribir los códigos de software y cargarlos en la computadora central del banco para que éste les suministre las identidades de los usuarios. Los estafadores luego pueden usar esta información para realizar compras no autorizadas con tarjetas de crédito.

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El caso de las muñecas genera preocupación por parcialidad en el jurado


COLUMNA: La ley en la vida
cotidiana

Linda Holmes,
doctora en leyes

El caso de
las muñecas genera preocupación por parcialidad en el jurado

11 agosto de 2008

Cuando estamos en
manos de otras personas, ¿qué tan justos podemos esperar que sean?

Parece una
pregunta abstracta, pero resultó muy oportuna después del último giro
inesperado que dio la feroz batalla entre Mattel, fabricante de la emblemática
muñeca Barbie, y su rival, MGA, que hace la famosa muñeca Bratz. En el año 2004,
Mattel demandó a Carter Bryant, un ex empleado que, según la compañía, creó la
muñeca Bratz mientras aún tenía un contrato con Mattel, en el que le cedía los
derechos de sus inventos o ideas. Sin embargo, más tarde, llevó la idea a MGA, la cual ganó miles de millones de
dólares con las muñecas Bratz. Desde entonces, Mattel y MGA han estado en litigio constante. El CEO de MGA, Isaac Larian, quien resulta ser iraní,
fue una figura clave en el caso.

Mattel obtuvo una
victoria casi completa gracias a la votación del jurado, compuesto por 10
personas, que determinó que la mayoría de los bocetos de las muñecas Bratz
fueron creados mientras el contrato entre Bryant y Mattel aún estaba vigente.
Sin embargo, antes de la etapa del juicio en la que se estiman los daños, un
miembro del jurado envió una nota al juez en la que le contaba una perturbadora
historia sobre las deliberaciones.

Finalmente, el
tribunal habló con todos los miembros del jurado y supo que “el miembro Nº
8”, una mujer que afortunadamente se mantiene anónima, le había contado al
grupo que su esposo, abogado, había representado a clientes iraníes y que éstos
“son tercos, groseros, avaros, ladrones y que roban ideas de otros”.
De acuerdo con la orden del juez, mediante la cual el miembro del jurado Nº 8
fue expulsado, la mujer hizo estos comentarios después de que el jurado había
llegado a un acuerdo respecto de todas las cuestiones que se tomaron en cuenta
para decidir el veredicto final, pero antes de que el jurado emitiera dicho
veredicto.

Además, la orden
del juez destaca que, de acuerdo con su investigación, el jurado criticó
duramente al miembro Nº 8. El presidente del jurado criticó los comentarios en
ese mismo momento, y “varios de los otros miembros del jurado también
mostraron su desaprobación respecto de los comentarios hechos por el miembro Nº
8, algunos de ellos, muy enfáticamente”. La mayor preocupación de uno de
los miembros del jurado no era si debía desconfiar de Larian; sino más bien el
hecho de terminar solidarizándose con MGA, por el enojo que le causaban los comentarios.

MGA y
Larian, que había sido nombrado personalmente en la demanda, no se quedaron
satisfechos con la expulsión del miembro del jurado y solicitaron la anulación
del juicio. El juez decidió no otorgarla, en parte porque el jurado parecía
haber desaprobado en bloque la actitud del miembro del jurado Nº 8. El juez
comentó: “Si todos los jurados de este país reaccionaran ante el racismo
del modo que lo hizo este jurado, tendríamos un mejor sistema judicial”.

La respuesta de
Mattel ante la petición de anulación de MGA ofrece una visión inquietante sobre la posición
de un demandante victorioso que defiende un veredicto ciertamente viciado por
la conducta de uno de los 10 miembros del jurado. Debido a los comentarios del
miembro del jurado Nº 8, es imposible estar seguros de que MGA haya sido tratada de manera justa. Eso no
significa que los otros nueve miembros del jurado no actuaron con justicia al
emitir el veredicto unánime, ni tampoco que el resultado habría sido diferente
si el otro miembro hubiese tratado a la compañía justamente, pero una compañía
que lucha por su vida, ¿no se merece un trato justo de cada uno de los miembros
del jurado?

Responder a esta
pregunta y, sobre todo, decidir qué hacer con la respuesta, no es fácil. Dado
que los miembros del jurado informaron que llegaron a un acuerdo sobre los
aspectos que hicieron que MGA perdiera el caso antes de que el miembro del
jurado Nº 8 dijera algo, sería difícil argumentar que sus comentarios
influyeron en el veredicto. Lo único que pudo alegar MGA fue que el comentario del miembro Nº 8
era prueba de la parcialidad que reveló tener en el juzgado: no que el
comentario condicionó a los otros miembros, sino que dicho comentario demuestra
que no pudo haber sido justo.

En pocas
palabras, el problema con la posición de MGA es que los tribunales odian absolutamente meterse
en las salas del jurado, sin importar los problemas que surjan en ellas. Tomemos
el caso Tanner contra los Estados Unidos, en el cual un miembro del
jurado declaró que varios de sus compañeros estaban ebrios, consumían drogas y
se dormían durante el juicio. Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados
Unidos aplicó una norma probatoria existente que excluye terminantemente toda
declaración de un miembro del jurado sobre la calidad de los procesos internos
de los demás miembros. Si hubiese ocurrido algo externo, como una
manipulación, amenazas o la introducción de información externa (p. ej. un
periódico llevado por uno de los miembros del jurado), la cuestión sería
diferente. Pero la norma excluye, en gran parte, a los tribunales de cuestiones
tales como considerar si un miembro del jurado era inteligente o torpe, ingenuo
o astuto, si prestaba atención o miraba al techo, e incluso si estaba ebrio o
sobrio. La cuestión en el caso de MGA es si la norma probatoria también excluye la
evaluación de los prejuicios raciales de un miembro del jurado.

Tengamos en
cuenta que todo esto puede investigarse durante el proceso en el que se
interroga al jurado (voir dire), es decir, cuando el tribunal y los
abogados les hacen preguntas a los potenciales miembros del jurado. Aquellos
pueden tratar descubrir el grado de inteligencia de un miembro del jurado o la
probabilidad de que éste beba durante el juicio. El problema surge cuando el
carácter irrevocable del veredicto se ve alterado por el intento de volver a
evaluar la calidad de las opiniones de los miembros del jurado, al tener en
cuenta las declaraciones que éstos hayan hecho. Las consecuencias posibles son
obvias: los miembros del jurado son acosados después del hecho, para que hagan
declaraciones sobre las deliberaciones; se intenta determinar cuál es límite
entre la experiencia de vida de un miembro y sus prejuicios… casos que nunca
terminan.

Es interesante
preguntarse: ¿Qué prefiere, un miembro del jurado torpe o racista? ¿Un miembro que se
duerme durante el juicio o uno que es parcial y tiene prejuicios contra usted?
Quizá un miembro del jurado parcial puede dejar de lado sus prejuicios y
concentrarse en las pruebas; de hecho, esto es lo que se le pide a toda persona
que integra un jurado. Un miembro que no presta atención no puede siquiera
considerar las pruebas. De cualquier modo, no ha sucedido lo que a todos nos
gustaría: un grupo de personas que toman decisiones sobre un caso basándose sólo en
las pruebas.

Sin embargo, a
diferencia de los jurados que tienen sueño o están ebrios, los que tienen
prejuicios raciales no afectan a todos del mismo modo. En una situación
legalmente menos comprometedora, todos corremos el riesgo de que nos toque en
suerte un miembro del jurado que se duerma, beba o no entienda los argumentos
simples. Pero un miembro con prejuicios raciales perjudica particularmente a
los grupos raciales más comúnmente discriminados. En teoría, a todos nos puede
tocar ser juzgados por un miembro del jurado racialmente hostil, pero el
resultado no será el mismo si el acusado es irlandés o iraní.

El caso Bratz no
es tan alarmante, porque sólo un miembro del jurado de un grupo unánime de 10
estaba comprometido, y porque los otros jurados parecen haber reaccionado
apropiadamente. Pero no queda claro, basándonos en el caso Tanner, si el
resultado sería diferente, si varios de los miembros del jurado, o los demás,
hubiesen aprobado sus comentarios en lugar de condenarlos. Si surge un caso
famoso de ese tipo, la prudencia de seguir tratando los prejuicios raciales de
un miembro del jurado del mismo modo en que se trata la falta de atención o la
mera insensatez, indudablemente, será sometida a un análisis más riguroso.

Referencias

Bryant v. Mattel, Inc., No. CV 04-9049 (C.D. Cal.
2008).

Keating, Gina. “Bratz juror dismissed, MGA
seeks mistrial”
. Reuters.com, 25 de julio de
2008.

Mattel’s Opp. to Defs.’ Mot. for
Mistrial
, Bryant v. Mattel,
Inc.
, (C.D. Cal. 31 de julio de 2008) No. CV 04-9049.

Tanner v. United States, 483 U.S. 107 (1987).

U.S.
District Court Southern District of California. Civil
minutes: order regarding juror No. 8
. 25 de julio de 2008.