La Sexta Enmienda


LA SEXTA ENMIENDA

La sexta enmienda  de la Constitución de los Estados Unidos establece cinco principios en relación con los derechos del acusado en un juicio penal: el derecho a un juicio rápido y público, el derecho a ser juzgado por un jurado imparcial, el derecho a ser informado sobre los cargos, el derecho a convocar a testigos y enfrentarlos, y el derecho a un abogado.

JUICIO RÁPIDO Y PÚBLICO

Todo acusado tiene derecho a un juicio rápido. Aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos no trata esta cuestión con frecuencia, toma como referencia una prueba que se centra en cuatro aspectos, a fin de determinar si el derecho de un acusado a un juicio rápido ha sido violado. Estos cuatro aspectos son: la duración de la demora, los motivos de ésta, si el acusado hizo valer su derecho y de qué manera lo perjudicó la demora.

Además, la Corte Suprema ha dictaminado que, cuando se viola el derecho de un acusado a un juicio rápido, el único recurso correcto es la desestimación total de los cargos. Como se trata de un recurso extraordinario, los casos en los que un tribunal determina que este derecho ha sido violado son casi inexistentes.

Con respecto al requisito del juicio público, la Corte Suprema ha dictaminado que este derecho tiene limitaciones. Por ejemplo, se justifica que un tribunal limite el acceso a un juicio cuando existe la posibilidad de que la publicidad perjudique el derecho al debido proceso que tiene todo acusado. Además, un acusado puede solicitar un juicio a puertas cerradas. En este caso, debe demostrar que un juicio público perjudicaría su derecho a una audiencia justa y que no existen opciones razonables que puedan garantizar un juicio justo. Debido al requisito de la sexta enmienda y a las circunstancias inusuales que justifican un juicio a puertas cerradas, este tipo de juicio es poco común.

JURADO IMPARCIAL

En la mayoría de los juicios, el acusado tiene derecho a un jurado. Sin embargo, si el delito conlleva una condena de seis meses o menos, el acusado puede ser juzgado sólo por un juez. No obstante, en muchos estados se lleva a cabo el juicio por jurado, independientemente del delito o del castigo.

El acusado tiene derecho no sólo a un jurado, sino también a que ese jurado sea imparcial. Fundamentalmente, esto significa que los miembros del jurado deben ser imparciales y que el grupo de personas del cual son seleccionados (lista de candidatos a miembros del jurado) debe representar a los distintos estratos de la comunidad.

Durante el proceso en el que se interroga al jurado, conocido como voir dire, tanto la fiscalía como la defensa pueden hacer preguntas a los potenciales miembros del jurado, cuyas respuestas podrían revelar parcialidad. Los miembros del jurado que demuestren ser parciales pueden ser excusados del juicio “con causa”.

Además, las partes pueden ejercitar la recusación sin causa un número limitado de veces, lo que significa que pueden rechazar la participación de un potencial miembro del jurado sin causa alguna. Sin embargo, la Corte Suprema ha dictaminado que las recusaciones sin causa no pueden basarse en la raza o el género.

NOTIFICACIÓN DE LOS CARGOS

El requisito que establece que un acusado debe ser notificado de la “naturaleza y causa de la acusación” significa simplemente que el gobierno debe presentar formalmente cargos contra el acusado. En el caso de un delito grave, esto se lleva a cabo mediante una acusación formulada por el gran jurado, que consiste en una descripción detallada de los cargos contra el acusado. Generalmente, la acusación formal presentada por el gran jurado se lee en audiencia pública, y el juez le pregunta al acusado si la entiende.

En los casos de delitos menores, en general, la acusación formal de cargos la hace un fiscal. El proceso es similar a los casos en que interviene el gran jurado: la acusación formal se lee al acusado en audiencia pública.

Según este requisito constitucional, las acusaciones formales presentadas por el gran jurado y por el fiscal deben ser específicas y establecer todos los elementos del delito que se le imputa a la persona.

CONVOCAR A TESTIGOS Y ENFRENTARLOS

Esta sección de la enmienda se denomina “cláusula de confrontación”. Todo acusado debe tener la oportunidad de enfrentar a los testigos que declaren en su contra y hacerles repreguntas, para asegurarse de que se respete su derecho al debido proceso y que se tome declaración a los testigos en audiencia pública, a diferencia de los testimonios de oídas, cuya exactitud no puede determinarse.

A un acusado también se le permite convocar a testigos que declaren a su favor. Muchos testigos de la defensa se presentan voluntariamente. Sin embargo, si los acusados temen que algún testigo no se presente, pueden solicitar al tribunal que le envíe una cédula de citación judicial.

EL DERECHO A UN ABOGADO

La quinta enmienda (al establecer que al arrestar a una persona, el oficial de policía debe leerle sus derechos) y la sexta enmienda le otorgan a un acusado el derecho a un abogado. Sin embargo, el requisito de la sexta enmienda sólo “aplica” una vez que la persona haya sido acusada de cometer un delito.

Por ejemplo, si una persona es arrestada por violación de domicilio y pasa las siguientes 24 horas en prisión, luego de transcurrido este tiempo, se la lleva ante un juez y se le informan los cargos en su contra y sus derechos. Recién después de estos procedimientos judiciales, la persona tiene derecho a un abogado. Según la sexta enmienda, antes de dichos procedimientos, la persona no tiene este derecho.

Después de varios años, la Corte Suprema dictaminó que todo acusado tiene derecho a un abogado y que los tribunales inferiores deben designarles abogados a los acusados pobres. Aunque hoy en día ésta es esencialmente la norma, existe una excepción: si el delito del que la persona está acusada no conlleva condena de encarcelamiento, ésta no goza del derecho constitucional a un abogado. Sin embargo, muchos estados designan un abogado para todos los acusados, aunque el delito no conlleve este tipo de condena.

Dado que se les garantiza un abogado a la mayoría de los acusados, la Corte Suprema ha dictaminado que los abogados deben ser razonablemente eficientes al representarlos. Demostrar que un abogado fue ineficiente es difícil, ya que se supone que los abogados siguen una estrategia judicial efectiva al representar a un acusado.

Por eso, si un acusado quiere demostrar que su abogado no tuvo un desempeño eficaz, debe demostrar que (1) su abogado fue ineficiente y que (2) dicha ineficiencia no permite suponer que haya seguido una estrategia judicial efectiva y, (3) que si no fuera por el mal desempeño del abogado, probablemente el resultado hubiese sido diferente. Aunque se han anulado casos por la representación deficiente de un abogado, esto muy rara vez sucede.

Finalmente, la Corte Suprema ha dictaminado que un acusado tiene derecho a representarse a sí mismo; sin embargo, un juez puede rechazar la solicitud si el acusado sufre una enfermedad mental o si, por otra razón, se lo declara incapaz de defenderse a sí mismo. Si un acusado solicita representarse a sí mismo, el juez debe advertirle sobre los riesgos y desventajas de hacerlo.

Las medidas contra la moda de usar pantalones caídos son un abuso de autoridad y violan los derechos civiles


COLUMNA: La ley en la vida cotidiana

Por Linda Holmes, abogada

29 de julio de 2008

Cuando un jefe de policía anuncia que tomará medidas contra el uso de pantalones caídos se convierte en un blanco fácil. Quizás entenderás, pues, porque me pregunto: ¿Qué no tiene algo más importante que hacer?

El 26 de junio, el jefe de policía de Flint, Michigan, David Dicks, emitió un memorándum en el que les informo a los oficiales que citaran a toda persona que “use pantalones y/o ropa interior por debajo de la cintura de manera tal que sus nalgas queden al descubierto”. Agregó: “Esta expresión propia de inmoralidad va más allá de la libertad de expresión. Constituye exposición indecente y conducta contraria al orden público”.

Literalmente, el memorándum sólo se refiere a las personas que “exhiben sus nalgas”, lo cual concuerda con la ordenanza municipal que prohíbe “la exposición de los genitales, el pubis y las nalgas del hombre o la mujer, o los senos de la mujer” en público. Hasta aquí, todo bien. Si exhibes las nalgas en público, la policía podrá enfrentarte.

Interpretación incoherente

Pero, Dicks piensa que la ley abarca aun más. Quiere que cualquier pantalón caído sea delito, aunque lo único que se vea debajo de éstos sea ropa. Ni piel, ni nalgas: ropa. Por ejemplo, un hombre puede usar un calzoncillo corto, y arriba de éste, otro calzoncillo tipo boxer y, por encima, un pantalón prendido a la altura de la cadera de tal manera que el boxer queda al descubierto. Aunque las nalgas del hombre no están expuestas, sino más bien cubiertas totalmente por dos capas de ropa (el calzoncillo corto y el boxer), Dicks lo citaría por exposición indecente, ya que usar pantalones que cuelguen por debajo de la cadera es una “expresión propia de inmoralidad”. (Seguramente, el calzoncillo corto  y el boxer serían aceptables. Es el agregado del pantalón que cae por debajo de la cadera y deja asomar las nalgas lo que va en contra de lo que se espera).

A medida que la controversia aumentaba, el diario Detroit Free Press publicó un video en Internet que muestra cuando Dicks detiene a cuatro jóvenes que usan pantalones caídos. Tres de ellos no exhiben ni la piel de las nalgas ni ropa interior, ya que las largas camisas que llevan puestas cubren la cintura del pantalón. Dicks tiene que detenerlos y subirles la camisa para poder ver algo. El cuarto joven lleva un calzoncillo tipo boxer que sobresale sólo una pulgada de la cintura del pantalón. A todos, Dicks les dice que llevar ropa interior que sobresalga de los pantalones, aunque esté debajo de la camisa, es exposición indecente y les advierte que pueden ser arrestados por ello. Uno de los jóvenes le pregunta incrédulamente: “¿Cómo es ilegal esto?” Dicks le responde: “Solamente te lo digo”.

No existe manera lógica de concluir que la ordenanza autoriza la conducta de Dicks en el video. Hasta su propio memorándum se refiere a citar sólo a las personas que “exhiben las nalgas”. Asimismo el diario Detroit Free Press informó que la explicación que Dicks dio respecto de la norma fue la siguiente: “Usar pantalones por debajo de las nalgas de manera que la ropa interior quede a la vista es una conducta contraria al orden público. Usar pantalones caídos que dejen asomar la piel de las nalgas es exposición indecente. Y, usar pantalones caídos que no cuelguen completamente por debajo de las nalgas, pero que dejen la ropa interior a la vista conlleva una advertencia de parte de la policía”. Sin embargo, en el video, aunque ninguno de los jóvenes está exhibiendo la piel de las nalgas, Dicks les dice que están cometiendo exposición indecente. Ni siquiera respeta su propia interpretación. Tampoco está claro cómo, desde el punto de vista legal, la cintura de un calzoncillo tipo boxer que sobresale de la cintura de un pantalón puede dar lugar a una advertencia, si ni siquiera se trata de exposición indecente o conducta contraria al orden público. Las advertencias sólo se hacen ante un presunto delito real. No existe algo como “Esto no nos gusta, pero como no es un delito realmente, le hacemos una advertencia”. Su interpretación parece no tener un fundamento legal coherente. Y, en el video, Dicks ni siquiera la respeta.

Violación de derechos constitucionales y civiles

De hecho, probablemente todos los cacheos que se muestran en el video sean inconstitucionales. Según el caso Terry contra Ohio, la policía debe tener sospecha razonable de un delito para poder esculcar a una persona en la calle. Dado que estos jóvenes no violan la ordenanza que prohíbe la exposición indecente, no existe sospecha razonable de un delito. En consecuencia, todas las detenciones que se registran en el video violan la prohibición de realizar búsquedas y confiscaciones arbitrarias establecida en la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense. Asimismo es imposible que los ciudadanos puedan entender qué es supuestamente ilegal y qué no, si el mismo Dick pasa por alto las dudosas normas que él explicó ante la prensa.

Como si la violación de los derechos constitucionales no fuera suficiente, existen, además, otros problemas. El “uso de pantalones caídos” generalizado entre los jóvenes negros plantea cuestiones obvias relacionadas con los perfiles raciales y la discriminación de ciudadanos por razones de edad y género.

Al principio, hasta suena gracioso: a un jefe de policía le molesta el uso de los pantalones caídos. Sin embrago, el video es perturbador. En és te se ve a un jefe de policía que detiene y registra a ciudadanos por una conducta que no es ilegal, diciéndoles que sí lo es y amenazándolos con arrestarlos, si no obedecen sus órdenes sobre inmoralidad. Incluso a uno de los jóvenes le da a entender que para cumplir la ley debe usar cinturón. Los jóvenes no saben que la ley se aplica sólo a “la exhibición de las nalgas”. Cuando el jefe de policía les explica de qué se trata esta ley, probablemente le creen, en este caso, en perjuicio de ellos mismos.

Alertada por el video, la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union o ACLU, por sus siglas en inglés) le escribió a Dicks, y le pidió que dejara de acosar a los jóvenes que no cometieron ningún delito. Entre otras cosas, Dicks respondió que no considera que su política sea ilegal, en parte, porque él simplemente advierte a las personas, y dijo: “No entiendo por qué hacer una advertencia constituye una violación de los derechos civiles”. Al menos, Dicks debería recordar que no se puede detener y hacer advertencias a las personas que no han hecho nada ilegal, del mismo modo que no puede citárselas por eso.

Dicks se ocupa de hacer cumplir la ley, pero no es la ley. Puede detener a los ciudadanos sólo para hacer cumplir leyes que existen. Tenga razón o no en querer prohibir el “uso de pantalones caídos”, no está autorizado a hacerlo. A menos que se modifique la ley o Dicks proponga alguna otra teoría, el “uso de pantalones caídos” constituye un delito sólo si existe exhibición de las nalgas. Esto significa mostrar la piel, no la ropa interior. Además, dicha exhibición debe ser en público, no delante de un oficial de policía que te ponga contra un automóvil y te suba la camisa.

No se trata de determinar si los pantalones caídos son de mal gusto, ridículos o una falta de respeto. Tampoco se trata de si una persona tiene ganas de ver la ropa interior de otra. No existe ninguna ley que nos obligue a usar sólo lo que otras personas deseen ver. La ordenanza que prohíbe la exposición indecente es específica. No permite que la policía defina “indecente” como le parezca. En todo caso, si Dicks cree que debería existir una ley que prohíba los pantalones caídos, puede proponer una. Mientras tanto, detener a los jóvenes por “expresión propia de inmoralidad”, cuando, en realidad, no están violando ninguna ordenanza, constituye una violación de los derechos constitucionales y un abuso de autoridad.

Linda Holmes es una escritora independiente en Washington, D.C. Previamente ejerció el derecho en Minnesota y se especializó en derecho laboral y redacción legislativa.

Referencias

American Civil Liberties Union of Michigan. Letter to Flint, Mich., police Chief David R. Dicks. 14 de julio de 2008.

Dicks, David R. Memo to all sworn personnel of the Flint, Mich., police department. 26 de junio de 2008.

Flint, Mich., Code of Ordinances § 31-12 (1978).

Guardian.co.uk. “Police chief refuses to yield on saggy pants crackdown.” 21 de julio de 2008.

Schmitt, Ben. “Flint cops crack down on sagging pants.” Detroit Free Press, 8 de julio de 2008.

Schmitt, Ben, and Marcin Szczepanksi. “Flints top cop battles saggy pants.” Detroit Free Press, video en línea (acceso del 24 de julio de 2008).

Terry v. Ohio, 391 U.S. 1 (1968).

¿Que debo saber sobre la certificación de documentos por un notario?


¿Que debo saber sobre la certificación de documentos por un notario?

Tami Kamin-Meyer, abogada

31 de julio de 2008

Probablemente, usted hizo certificar documentos, ¿Pero, sabe por qué? La certificación de documentos, ¿Tiene algún fin o beneficio?

“Absolutamente”, dice Tim Reiniger, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Notarios de los Estados Unidos (National Notary Association). Una firma certificada por el sello o timbre de un notario público es una “poderosa herramienta de gestión de riesgo para prevenir el fraude y el robo de identidad”, agrega.

Un notario público actúa como testigo independiente no sólo de la firma de un documento, sino también del hecho de que todas las partes firmaron voluntariamente y por sus propios medios.

La certificación de un documento no significa necesariamente que las partes que lo firman entienden lo que dice. Sin embargo, Marc Aronson, presidente de la Asociación de Notarios de Pennsylvania  (Pennsylvania Association of Notaries), afirma que la responsabilidad de un notario no debe limitarse a la mera certificación de firmas. “La mayoría de las leyes notariales no establecen que los notarios tienen la responsabilidad de saber si las partes son competentes. Pero, pienso que todo notario es responsable de que las personas que participan en una transacción sepan de qué se trata”, dice.

Y agrega: “un notario público no es un policía”.

Por qué es importante la certificación

“La razón principal por la que es importante la certificación de determinados documentos es que sirve para disuadir el fraude”, dice Marc Aronson. La certificación de contratos es una manera adicional de verificar que “las personas que firmaron el documento son quienes dicen ser”, afirma.   

La certificación no sólo garantiza que las personas que firman sean quienes dicen ser, sino que, además, es obligatoria en algunos estados para determinados acuerdos, como escrituras, hipotecas, servidumbres, poderes y testamentos vitales.

La certificación de ciertos documentos también es importante en el caso de litigios. Las declaraciones juradas (o afidávits) no serán aceptadas por un tribunal, a menos que estén certificadas. El abogado Stephen E. Chappelear, socio a cargo del estudio juridico de Hahn Loeser & Parks en Columbus, Ohio, recuerda un caso en el que el abogado de la parte contraria no había hecho certificar las declaraciones juradas. De todos modos, las presentó ante el tribunal, pero éste no las aceptó. El período para el intercambio de pruebas había pasado, así que el oponente de Chappelear tuvo que seguir adelante con el caso sin la información de dichas declaraciones juradas. Aunque Chappelear, abogado civil en tribunales federales y estatales, finalmente ganó ese caso, no está seguro si fue solamente porque las declaraciones juradas fueron rechazadas. Sin embargo, la experiencia le sirvió para aprender la importancia de las certificaciones.

Además, los documentos certificados se consideran auto-autenticados, esto significa que las personas firmantes no deben declarar ante un tribunal para verificar la autenticidad de las firmas. La certificación de documentos es “una enorme ventaja estratégica” en litigios, afirma Tim Reiniger.

Autoridad y regulación

Al igual que con otros aspectos relacionados con los notarios públicos, los estados tienen sus propias normas respecto de las atribuciones que le corresponden a un notario. Por ejemplo, en el estado de West Virginia, las facultades principales de un notario público son: verificar firmas, tomar juramento y declaraciones, y certificar que la copia de un documento es copia fiel de otro. Sin embargo, en Florida, un notario público puede, además, celebrar matrimonios, incluso de sus propios familiares, siempre que exista una licencia de matrimonio válida.

Para que un notario pueda certificar un documento, es preciso que la persona cuya firma debe certificarse firme el documento en su presencia. La persona no puede firmar el documento antes y después llevárselo al notario. En algunos estados, el notario debe especificar cómo identificó a las personas que firmaron el documento (por ejemplo, porque éstas presentaron una identificación con fotografía o porque el notario ya las conocía).

Los estados determinan si un notario debe tomar juramento a las personas que firman un documento. Aunque no existe una fórmula preestablecida, el juramento generalmente incluye una expresión mediante la cual la persona que firma un acuerdo jura o declara que lo establecido en éste es verdadero.

A menudo, se cobra un honorario para certificar un documento. Las leyes estatales establecen el monto máximo que un notario público puede cobrar por sus servicios. 

Ser notario público

Los estados tienen leyes que determinan quiénes pueden ser notarios públicos, los requisitos necesarios, qué oficina del gobierno estatal los supervisa y cuánto dura el cargo de notario público. Algunos estados exigen que los candidatos a notarios públicos realicen un examen escrito antes de ser nombrados en el cargo.

Tim Reiniger calcula que, en los Estados Unidos, trabajan aproximadamente 4.5 millones de notarios. Este número no incluye a los millones de abogados que también tienen conferida esta facultad por trabajar en determinados estados, como Luisiana, Nueva York, Ohio y Wisconsin. Aunque en estos estados los abogados no deben realizar un examen, y su nombramiento como notarios públicos no vence nunca, deben cumplir con las mismas normas que los notarios que no son abogados.       

Certificaciones electrónicas

En algunos estados, entre ellos California, Colorado, Florida, North Carolina y Pennsylvania, están permitidas las certificaciones electrónicas. En una certificación electrónica el notario adosa una firma digital a un documento electrónico. Las normas fundamentales que rigen la certificación son las mismas, incluso el requisito de que las personas que firman el documento deben presentarse ante el notario.

Un documento electrónico es el que consiste en un formato legible para computadoras, en lugar de meras palabras impresas en una hoja de papel. Algunos ejemplos son documentos hechos con procesador de textos, mensajes de correo electrónico, archivos PDF e incluso documentos escaneados y almacenados en el disco rígido de una computadora.

Tami Kamin-Meyer es una abogada de Ohio. Posee su licencia para ejercer en los tribunales federales y en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es escritora independiente y corresponsal en Ohio de Legalnewsline.com, un sitio en Internet dedicado a los procuradores generales de los estados y las Cortes Supremas estatales.

La quinta enmienda

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LA QUINTA ENMIENDA

Los principios establecidos en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos son fundamentales para una persona acusada de cometer un delito. Aunque son varias las disposiciones de esta enmienda, los elementos que protegen a una persona acusada de cometer un delito son cuatro: el derecho contra la auto-incriminación forzada; el derecho a un gran jurado; el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito (excepción de cosa juzgada) y el derecho al debido proceso.

AUTO-INCRIMINACIÓN

No puede obligarse a ninguna persona acusada de cometer un delito a declarar contra sí misma. La Suprema Corte de los Estados Unidos ha dictaminado que esto se aplica no sólo a los juicios, sino también a los interrogatorios policiales. Por lo tanto, una persona que ha sido detenida por la policía puede negarse a responder cualquier pregunta relacionada con el delito del cual se le acusa. Además, si la policía quiere interrogar a un sospechoso, primero debe leerle sus derechos (conocidos en inglés como “Mirandawarnings”).

Esta norma se aplica sólo en el caso del interrogatorio a un detenido, que es cuando la policía interroga a un sospechoso mientras se encuentra detenido. Si falta alguno de estos elementos, la policía no está obligada a leerle los derechos a la persona.

Existe una larga lista de casos de la Corte Suprema en los que se establece claramente qué significan “detenido” e “interrogatorio”. En resumen, “detenido” generalmente significa que el sospechoso ha sido arrestado. Sin embargo, existen casos en los que la Corte Suprema consideró que un sospechoso había sido detenido por la policía, sin haber sido arrestado o ni siquiera esposado. El tribunal aplica una norma objetiva, y pregunta si una persona promedio en circunstancias similares hubiese tenido la libertad de abandonar el lugar. Si la respuesta es “no”, entonces se considera que el sospecho estaba “detenido”. El término “interrogatorio” significa cualquier declaración hecha por la policía que posiblemente provoque una declaración incriminatoria.

Cuando se les leen los derechos a los sospechosos, éstos tienen dos opciones: responder las preguntas y, por consiguiente, renunciar a sus derechos, o invocar sus derechos según la enmienda. Los sospechosos pueden invocar su derecho a permanecer callados de dos maneras diferentes: permaneciendo callados y negándose a responder preguntas, o solicitando un abogado. Si los sospechosos invocan sus derechos, la policía debe suspender el interrogatorio de inmediato.

En un juicio, el derecho contra la auto-incriminación forzada significa que los acusados no pueden ser obligados a declarar. Sin embargo, si así lo desean, pueden hacerlo. Los testigos, en el juicio o durante los procedimientos del gran jurado, también pueden negarse a hablar si temen incriminarse a sí mismos. Esto se conoce como “invocar la quinta enmienda”.

GRAN JURADO

Un gran jurado es un grupo de personas que determinan si existen pruebas suficientes para acusar a un sospechoso. La Corte Suprema no ha dictaminado que este requisito se aplique en los estados. Por lo tanto, sólo cerca de la mitad de éstos utiliza el sistema del gran jurado. Sin embargo, el gran jurado es un requisito en los casos de delitos graves federales.

Durante un procedimiento del gran jurado, el fiscal presenta pruebas contra el sospechoso. Luego, el gran jurado decide formular la acusación o “denegarla”. En el primer caso, el sospechoso será acusado formalmente del delito. En el segundo caso, el sospecho no será acusado.

Aunque el requisito del gran jurado protege a un sospechoso de ser detenido sin pruebas suficientes, los procedimientos son convenientes para un fiscal por tres razones: Primero, los procedimientos son secretos. Sólo el fiscal y el jurado están presentes. Al abogado defensor no se le permite participar, a menos que el fiscal decida lo contrario, lo cual es poco común. Segundo, la regla de exclusión no se aplica a los procedimientos del gran jurado. Por lo tanto, es posible presentar pruebas obtenidas ilegalmente ante el jurado, aunque en el juicio sean rechazadas. Tercero, el fiscal puede elegir qué pruebas presentar ante el jurado. Por lo tanto, si las pruebas tienden a demostrar que posiblemente el sospechoso no cometió el delito, el fiscal puede negarse a presentar dichas pruebas.

Para acusar formalmente a un sospechoso, el gran jurado debe basarse en una causa probable, es decir, debe creer razonablemente que se ha cometido un delito y que el sospechoso lo cometió.

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA

“Excepción de cosa juzgada” significa que una persona no puede ser juzgada o castigada dos veces por el mismo delito. La excepción de cosa juzgada es un área compleja del derecho, incluso para la Corte Suprema. Básicamente, protege a un acusado de tres maneras:

Primero, un acusado no puede ser juzgado por un delito del cual ya ha sido absuelto. Segundo, un acusado no puede ser juzgado por un delito por el cual ya ha sido condenado. Tercero, un acusado no puede ser castigado más de una vez por el mismo delito.

Como en la mayoría de las áreas del derecho, existen excepciones a esta norma. La principal excepción es que un acusado puede ser juzgado y castigado dos veces, si se inician acciones penales en su contra a nivel federal y estatal por separado. Por ejemplo, si el gobierno estatal acusa a una persona de posesión de drogas, el gobierno federal también puede acusar a esa persona del mismo delito. Esto se debe a que, según la Constitución de los Estados Unidos, el gobierno estatal y federal son entidades separadas y soberanas, con libertad para iniciar una acción penal contra cualquier delito que viole sus respectivas leyes.

Otra excepción se da cuando el acusado solicita la anulación del juicio y ésta se le concede. De este modo, el acusado renuncia al derecho de excepción de cosa juzgada. Lo mismo ocurre en el caso de una apelación: si el acusado apela un veredicto de “culpable”, está renunciando al derecho de excepción de cosa juzgada. Por lo tanto, si el caso es anulado en la apelación, el acusado puede ser juzgado nuevamente por el mismo delito.

Finalmente, aunque no sea técnicamente una excepción, la excepción de cosa juzgada se aplica a las acciones penales únicamente. Una persona puede ser juzgada penal y civilmente por un mismo delito. Quizá el ejemplo más famoso sea el caso de homicidio en el que estaba involucrado O.J. Simpson. Simpson fue declarado inocente de los cargos de homicidio, pero más tarde fue demandado por homicidio culposo. Se lo declaró culpable y fue obligado a pagar los daños. Esta excepción existe porque el gobierno es quien inicia acciones penales ante un delito, mientras que en los casos civiles, una parte debe ser quien entable una demanda contra la otra.

EL DEBIDO PROCESO

La quinta enmienda establece que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso legal. El debido proceso es una garantía en dos aspectos: procesal y sustantivo.

En el primer aspecto, el debido proceso se basa en el concepto de equidad fundamental. Esto significa que se debe notificar a la persona de los cargos y procedimientos en su contra y ésta debe tener la debida oportunidad de responder. Esto se lleva a cabo a través de una acusación formal presentada por el gran jurado (o por el fiscal, en el caso de un delito menor), que consiste en un documento formal en el que se detallan los cargos. Además, durante el juicio, el juez debe asegurarse de que el acusado comprenda todas las etapas de los procedimientos y, así, proteger su derecho al debido proceso.

En el aspecto sustantivo, como en el procesal, el debido proceso se aplica a otras cuestiones, además de las relacionadas con las acciones penales. Por ejemplo, aunque no está explícitamente establecido en las primeras diez enmiendas de la Constitución estadounidense o Bill of Rights, el derecho a la privacidad es un derecho sustantivo de las personas que surge de la cláusula del debido proceso de la quinta enmienda. Sin embargo, en el área del derecho penal, “debido proceso sustantivo” significa que el gobierno no puede iniciar acciones penales contra una persona por una conducta que afecta ciertos derechos fundamentales. La Corte Suprema ha afirmado que los derechos fundamentales incluyen la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de religión.

Por lo tanto, si el gobierno quiere declarar ilegal cierta actividad que viola un derecho fundamental, debe demostrar que tiene una causa apremiante para hacerlo. Debido a esta norma, las leyes que restringen un derecho fundamental rara vez son ratificadas.

La Corte Suprema ha establecido otra norma para las leyes que infringen derechos que no son fundamentales, como el derecho al suicidio asistido por médico, al aborto tardío y a los viajes internacionales. Si el gobierno declara ilegales estas actividades, basta con que demuestre que tiene un fundamento razonable para hacerlo, lo cual es mucho más fácil de justificar. Por lo tanto, con frecuencia, las leyes que prohíben este tipo de actividades son ratificadas.

Mordeduras de perro

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Mordeduras de perro

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention o CDC, por sus siglas en inglés), casi 5 millones de personas sufren mordeduras de perro cada año. Esto significa que los estadounidenses tienen más probabilidades de sufrir una mordedura de perro que una lesión en el trabajo. Cerca del 20% de las personas que han sido mordidas por un perro buscan atención médica para sus lesiones.

La gravedad de una mordedura de perro varía según el caso. Las heridas punzantes, cicatrices permanentes, lesiones nerviosas y fracturas son algunos ejemplos de lesiones comunes. Además, existe la preocupación de contagiarse con una enfermedad del perro, como la rabia. La mayoría de las lesiones se producen en la cara u otra parte de la cabeza, especialmente en el caso de los niños, entre los cuales el número de víctimas de mordedura de perro es considerable.

Los casos más graves de mordeduras son cuando la víctima sufre lesiones permanentes, por ejemplo, cuando la mordedura rompe un nervio o daña el tejido subyacente. En muchos de estos casos, los pacientes deben someterse a una cirugía para reparar el área afectada y, posiblemente, deban realizar terapia física. Una fractura también puede requerir cirugía, según su gravedad. Sin embargo, generalmente, una fractura se trata inmovilizando el hueso roto, como mínimo, durante seis semanas.

No puede dejar de tratarse ninguna mordedura de perro, por más leve que sea. Es muy importante limpiar la herida con alcohol de frotar o agua oxigenada para prevenir una posible infección. Un médico debe determinar si es necesario otro tratamiento o si el paciente necesita aplicarse la vacuna contra la rabia, una enfermedad mortal, si no es tratada. En general, los síntomas de la rabia en las personas aparecen entre los 30 y 50 días e incluyen letargo, pérdida del apetito, dolor de cabeza y fiebre. Inmediatamente pueden aparecer signos de lesión en el sistema nervioso, como hipersensibilidad, convulsiones y parálisis.

Una persona lesionada a causa de una mordedura o de un ataque de perro debe buscar atención médica. No hacerlo puede derivar una infección y empeorar la lesion. Es importante también poder identificar al perro responsable del ataque, por razones tanto médicas como legales.

Las mordeduras de perros y el derecho

En muchos casos de mordeduras de perro, la víctima tiene el derecho legal de demandar al dueño del perro por daños. Según el caso y la gravedad de la lesión, la víctima puede obtener indemnización de daños por dolor y sufrimiento, gastos médicos y salarios perdidos.

Las leyes de mordeduras de perro varían según el estado. Un abogado especializado en leyes de mordeduras de perro puede determinar si es posible responsabilizar a alguna persona por la lesión. En muchos casos, las leyes de mordeduras de perro de un estado imponen lo que se llama “responsabilidad objetiva” al dueño del perro que atacó a la persona. Esto significa que el dueño es responsable de las lesiones causadas por su perro, independientemente de que el dueño sea culpable o no.

En otros estados “se perdona” al perro la primera vez que muerde. Es decir, cuando un perro muerde a una persona por primera vez, se le notifica al dueño que su perro es propenso a morder y que, por lo tanto, posiblemente se lo considere responsable si el perro vuelve a morder a alguien.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, es de suma importancia no sólo que el dueño esté al tanto del hecho, sino también saber el lugar donde ocurrió y si el perro fue provocado. Basándose en estos factores, un abogado especializado en casos de mordeduras de perro puede decidir si es posible entablar una demanda.

Leyes que protegen a los dueños de perros

El dueño de un perro que mordió a una persona puede protegerse de las demandas en su contra. Las situaciones que pueden impedir que una víctima obtenga indemnización de daños de parte del dueño del perro incluyen las siguientes:

  • El dueño prueba que la víctima provocó al perro, lo cual ocasionó la mordedura.
  • La víctima se encontraba ilegalmente en la propiedad del dueño.
  • El dueño tomó las medidas adecuadas para advertir a otros acerca del comportamiento peligroso del perro y tal advertencia fue ignorada por la víctima. Por ejemplo, una persona que ignora el cartel “cuidado con el perro”.

Fuentes de información
Centers for Disease Control and Prevention. “National Dog Bite Prevention Week”. 27 de septiembre de 2007.

Permanecer ilegalmente en los Estados Unidos y los viajes al extranjero


Permanecer ilegalmente en los Estados Unidos y los viajes al extranjero

La sección 212(a)(9)(B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) establece que todo inmigrante que ingrese a los Estados Unidos de manera ilegal, o permanezca en el país por más tiempo que el permitido, y que se retire de los Estados Unidos después de 180 días de permanencia ilegal en el país, tiene prohibido regresar durante tres años. El extranjero que se va del país después de un año de permanencia ilegal tiene prohibido regresar durante diez años.

Para que la prohibición de tres años pueda imponerse, deben transcurrir 180 días consecutivos de permanencia ilegal. Sin embargo, si el extranjero permanece ilegalmente en el país durante períodos breves, éstos se acumulan y la prohibición que se le impone puede ser de 10 años. Se realizan excepciones para los períodos de permanencia ilegal acumulados antes del 1º de abril de 1997 o antes de que el extranjero cumpla los 18 años de edad.

La prohibición continúa vigente hasta que el extranjero cambie su estatus inmigratorio (es decir, obtiene la residencia permanente). Es posible que los extranjeros que se van de los Estados Unidos después de obtener un estatus inmigratorio como el asilo o el estado de protección temporal, que en teoría les permite irse del país y regresar, no sepan que si se van de los Estados Unidos se les puede imponer la prohibición de tres o de diez años. Incluso, si se les permite regresar a los Estados Unidos, tendrán que responder por la consiguiente inadmisibilidad cuando intenten modificar su estatus inmigratorio.

Por ejemplo, un persona que solicitó el asilo nueve meses después de ingresar en los Estados Unidos y obtuvo de manera ilegal un documento de viaje para refugiados a fin de viajar a otro país, también deberá solicitar una exclusión de inadmisibilidad cuando posteriormente solicite el cambio de estatus inmigratorio para convertirse en residente permanente.

Las personas que desean obtener la admisión o la residencia después de que se les impuso la prohibición según la sección 212(a)(9)(B) deberán esperar tres o diez años fuera de los Estados Unidos o solicitar una exclusión de inadmisibilidad.

Para poder solicitar dicha exclusión, el extranjero (a menos que sea asilado o refugiado) debe ser hijo o cónyuge de una persona que sea residente permanente o ciudadana de los Estados Unidos. Además, para obtener la exclusión, el solicitante debe demostrar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citzenship and Immigration Services o CIS, por sus siglas en inglés) que si se le prohibiera el ingreso al país durante tres o diez años, su padre, madre o cónyuge sufrirían dificultades graves. En esta decisión, las autoridades de inmigración no consideran las dificultades que puedan pasar los hijos del inmigrante, aunque los niños sean residentes permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos.

Confiscación de propiedad y capital


Confiscación de propiedad y capital

La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege dos derechos fundamentales: el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria.

La pesquisa es el procedimiento en el que un funcionario o agente del gobierno viola una expectativa razonable de privacidad. Cuando se interfiere con el derecho de propiedad de una persona nos encontramos ante un caso de confiscación. El propietario debe tener una expectativa razonable de privacidad respecto de los objetos secuestrados. Se considera que una persona ha sido aprehendida cuando el personal encargado del cumplimiento de la ley usa la fuerza física para retenerla de modo tal que, en una situación similar, cualquier persona razonable se sentiría privada de su libertad.

La prohibición de realizar pesquisas y confiscaciones arbitrarias sirve para restringir las medidas que el personal encargado del cumplimiento de la ley puede tomar en el curso de una investigación penal; sin embargo, la prohibición también se extiende a las pesquisas y confiscaciones arbitrarias en el ámbito civil. El personal encargado del cumplimiento de la ley sólo podrá llevar a cabo una pesquisa si existe una sospecha sobre un individuo particular. La cuarta enmienda prohíbe las pesquisas generalizadas, a menos que existan circunstancias extraordinarias que pongan en peligro a la ciudadanía en general.

Para entablar una demanda referida a una supuesta violación de la cuarta enmienda, el demandante debe tener una expectativa de privacidad legítima en el lugar donde se realizó la pesquisa. Dicha expectativa debe pasar las pruebas objetivas y subjetivas de racionalidad. La prueba subjetiva requiere que el demandante tenga una expectativa de privacidad genuina. La objetiva requiere que, en esas circunstancias, cualquier persona razonable también tenga una expectativa de privacidad.

La regla de exclusión

Comúnmente, los tribunales rechazan las pruebas obtenidas durante pesquisas y confiscaciones arbitrarias. En un juicio penal, esta regla “de exclusión”, se aplica tanto a la etapa de investigación como a la acusatoria.

Si el personal encargado del cumplimiento de la ley utilizó pruebas que podrían ajustarse a la regla de exclusión para descubrir otras pruebas, dicha regla se aplica también a esas pruebas relacionadas.

Si un agente, de buena fe, se vale de una orden inválida, la regla de exclusión no se aplica.

Requisito de orden de cateo

Generalmente, con el fin de evitar pesquisas y confiscaciones ilegales, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley obtienen órdenes. Éstas deben mencionar una causa probable, ratificada mediante juramento o declaración, y describir minuciosamente el lugar donde se realizará la pesquisa y los objetos que se secuestrarán. Para establecer una causa probable, el juez debe analizar las circunstancias en su totalidad.

Existe un tipo de orden con la cual los agentes de policía deben llamar a la puerta y anunciarse antes de ingresar a la vivienda. En el año 2006, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que si los agentes de policía que poseen una orden de este tipo no llaman a la puerta ni se anuncian, no se aplica necesariamente la regla de exclusión.

Existe otro tipo de orden con la cual los agentes pueden entrar a un edificio sin anunciarse ni llamar a la puerta previamente. Los tribunales reservan este tipo de órdenes para los casos en que el propietario o el ocupante del edificio podrían destruir las pruebas buscadas antes de que los agentes logren ingresar.

Una orden anticipada adquiere validez después de que se da determinada condición en el futuro. Los tribunales reservan este tipo de orden para los casos en que la policía tiene una causa probable para creer que, en algún momento, las pruebas estarán disponibles en un lugar en particular.

Excepciones al requisito de orden de cateo

La doctrina de la simple vista (Plainview Doctrine) permite a un agente del gobierno secuestrar objetos no incluidos en la orden de cateo si éstos se pueden ver a simple vista. La confiscación de pruebas que se encuentran a simple vista no afecta a la expectativa de privacidad en mayor medida que la orden de cateo.

Los agentes de policía también pueden realizar pesquisas y secuestrar objetos de una persona que ha sido arrestada. Esta excepción se extiende a las situaciones en las que la policía, de buena fe, arresta a un sospechoso equivocado y secuestra objetos de contrabando durante la pesquisa. Si la persona tiene actitudes sospechosas, esto justifica la intervención (limitada) de la policía sin una orden que lo autorice.

Si las circunstancias son apremiantes y tienen causa probable, los agentes pueden realizar pesquisas y confiscaciones sin una orden. Una circunstancia apremiante se da cuando un agente tiene la necesidad urgente de actuar oficialmente, pero no tiene tiempo para conseguir una orden. En este contexto, para determinar una causa probable es necesario considerar si, dadas las circunstancias, el agente actuó motivado por una probabilidad alta de obtener objetos de contrabando o pruebas mediante la pesquisa. Antes de realizar el arresto, el agente a cargo de la decisión debe evaluar objetiva y racionalmente todos los hechos que constituyen las circunstancias.

El hecho de que un policía ingrese en una residencia o edificio sin una orden, con el fin de ayudar en una emergencia, no se considera una violación a la cuarta enmienda. Asimismo, si un policía obtiene el consentimiento voluntario para realizar una pesquisa sin una orden no viola dicha enmienda. No debe existir coacción o violencia para obtener el consentimiento. Un tercero puede dar el consentimiento para que los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley pesquisen el lugar, si dicho tercero es el propietario u ocupante legal del inmueble. Sin embargo, si dos residentes están presentes y uno da su consentimiento pero el otro se niega, deben respetarse los derechos de este último. Los empleadores pueden dar el consentimiento para que la policía realice una pesquisa en ciertas áreas de su edificio, a excepción de aquellas asignadas específicamente a un empleado. Los propietarios no pueden permitir la pesquisa del inmueble arrendado.

Ante la ley, el personal y los profesores de las instituciones de educación pública son agentes del gobierno. Por lo tanto, la cuarta enmienda se aplica a los empleados de escuelas públicas, aunque con criterios menos estrictos. En este ámbito, los empleados pueden realizar pesquisas siempre y cuando tengan una sospecha razonable.

En las fronteras de los Estados Unidos o cerca de éstas también se pueden realizar pesquisas sin obtener una orden.

La Ley Patriota (USA Patriot Act)

Después de los ataques del 11 de septiembre, el Congreso de los Estados Unidos y el Presidente aprobaron la Ley Patriota con el fin de fortalecer la capacidad de los organismos de inteligencia para combatir el terrorismo doméstico. Además de registros médicos, financieros y de bibliotecas, esta ley permite que el personal encargado del cumplimiento de la ley investigue correos electrónicos y comunicaciones telefónicas.

Además, la ley extendió el uso de las Cartas de Seguridad Nacional. Dichas cartas son citaciones administrativas a través de las cuales se exige que determinadas personas, grupos o compañías proporcionen documentos sobre ciertas personas. Estas citaciones están sujetas al secreto de sumario, es decir, dichas personas no pueden mencionar la Carta de Seguridad Nacional. Según las estipulaciones de la Ley Patriota, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley pueden usar dichas citaciones en el marco de la investigación de ciudadanos estadounidenses, incluso si los agentes piensan que la persona que investigan no ha cometido un delito. No es requerido que las agencias obtengan una orden antes de investigar documentos.

Indemnización por lesiones personales


Indemnización por lesiones personales

La parte que gana una demanda por lesiones personales tiene derecho a recibir dinero del demandado. Este dinero se llama indemnización. Existen dos categorías de indemnización: daños y perjuicios y daños punitorios. La indemnización por daños y perjuicios intenta compensar a la víctima por la pérdida sufrida y restablecer la situación en que se encontraba antes de la lesión. Por otro lado, los daños punitorios tienen el propósito de castigar al demandado por sus actos para evitar que se repita la conducta que ocasionó la lesión.

Indemnización por daños y perjuicios

Existen dos categorías de indemnización por daños y perjuicios: los daños especiales y los daños generales.

Los daños especiales compensan a la víctima por la pérdida monetaria relacionada con la lesión. Algunas categorías típicas de daños especiales incluyen:

  • Gastos médicos– Este tipo de daños puede incluir los gastos médicos incurridos en el pasado y los que anticipa en el futuro. Si se creé que la víctima necesitará atención médica durante el resto de su vida, el costo de dicha atención se determina según la expectativa de vida de la víctima.
  • Salarios perdidos— Este tipo de daños puede cubrir los ingresos perdidos por ausencias al trabajo y también la “pérdida de la posibilidad de ganar un sueldo”, es decir, la incapacidad de la víctima de generar tantos ingresos como los que generaba antes de la lesión.
  • Daños contra la propiedad— Una víctima también tiene derecho a recibir indemnización por los daños contra su propiedad. Dicha indemnización se determina tomando como base el valor justo del mercado por la propiedad en el momento en que se produjo el daño.

Los daños especiales pueden determinarse con bastante certeza. En cambio, los daños generales son menos concretos y no tienen un valor monetario específico. Algunas categorías típicas de daños generales incluyen:

  • Dolor y sufrimiento— Este tipo de daño intenta indemnizar el dolor físico padecido a causa de la lesión, pero también puede incluir el sufrimiento emocional de la víctima. Sin embargo, es más difícil obtener una indemnización por sufrimiento emocional.
  • Pérdida de consorte— Este tipo de daño indemniza al cónyuge de la víctima por la pérdida de la compañía matrimonial debido a los cambios en el estado de ánimo, la comodidad o las relaciones sexuales.

Daños punitorios

El segundo tipo de daños que se puede otorgar son los daños punitorios. Estos daños casi nunca se otorgan. En general, sólo se obtienen si el demandante es capaz de probar un patrón de mala conducta reiterada del demandado o demostrar que la conducta de éste fue particularmente atroz.

En la mayoría de las jurisdicciones, la decisión de otorgar daños punitorios al demandante está a cargo de un jurado. Si se otorga, con frecuencia la decisión se somete a la aprobación de un juez. El juez puede aumentar la suma o, si considera que la decisión del jurado no se ajusta a los hechos del caso, reducirla.

Reducción de los daños

Un aspecto de la atención de salud relacionado directamente con la indemnización por lesiones personales que todos los demandantes deben conocer es el principio de reducción de daños. Esta doctrina establece que un demandante debe tomar las medidas razonables para evitar futuras lesiones luego de padecer las lesiones ocasionadas por el demandado.

Por ejemplo, supongamos que Susan se fractura el tobillo en un choque automovilístico en el que el demandado actuó con negligencia. Después del choque, el médico de Susan le informa que debe someterse a una cirugía del tobillo para que se cure apropiadamente. Y le advierte que si no se somete a dicha cirugía, probablemente sienta dolor en el tobillo por el resto de su vida.

Susan decide no someterse a la cirugía y, como el médico le advirtió, con frecuencia siente dolor en el tobillo. Según el principio de reducción de daños, el demandado no es responsable del dolor que Susan padece ya que ella decidió no someterse a la cirugía. Si Susan se hubiese realizado la cirugía como el médico le había indicado, se habría recuperado totalmente.

La teoría tras el principio de reducción de daños es que no es justo responsabilizar a un demandado por algo que el demandante podría haber controlado fácilmente. En pocas palabras, el demandante debe someterse a un procedimiento médico razonable para reducir la duración de los efectos de la lesión.

Hacer cumplir la sentencia

Por último, cuando una persona gana una demanda, la victoria no es absoluta. El demandado aún debe pagar los daños, y esto, como es de esperar, no siempre se hace de manera voluntaria. Generalmente, si el demandado tiene mucho dinero o está cubierto por un seguro, no es difícil obtener el pago. Esto se debe simplemente a que el demandado desea que la demanda finalice y así evitar que se tomen medidas para cobrar el dinero.

Sin embargo, si el demandado se niega a pagar o no tiene el dinero, existen algunas medidas que pueden tomarse para lograr el pago. En muchos estados, un demandante puede embargar el salario del demandado (hasta determinado porcentaje) para cumplir con la sentencia. Algunos estados permiten que un demandante haga revocar la licencia de conducir del demandado. Si esto sucede, la licencia no puede restituirse hasta que se cumpla con la sentencia. Además, algunos estados permiten que el demandante secuestre determinados activos del demandado, como cuentas bancarias o cuentas por cobrar, si la parte demandada es una empresa.

El proceso para cobrar la indemnización de una sentencia varía según el estado. Es mejor consultar a un abogado con experiencia en derecho crediticio acerca de los métodos específicos disponibles.

Agencias para el cumplimiento de la ley de inmigración

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Agencias para el cumplimiento de la ley de inmigración

Muchas personas probablemente recuerdan al Servicio de Inmigración y Nacionalización, conocida por sus siglas en inglés como “INS.” Esta agencia formó parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Anteriormente, el INS se encargaba del cumplimiento de leyes de inmigración, la nacionalización de extranjeros y todos los asuntos relacionados con inmigración. El INS dejó de existir el 1 marzo del 2003. Hoy, varias nuevas agencias gubernamentales hacen cumplir las leyes de inmigración.

Todos los asuntos de inmigración se manejan por una nueva institución: El Departamento de Seguridad Nacional (U.S. Department of Homeland Security o DHS, por sus siglas en inglés.) El departamento fue creado para proteger y aumentar la seguridad en el país y prevenir ataques desde el exterior. Las funciones que antes tenía INS ahora están divididas entre otras agencias nuevas.

La Oficina de Inmigración y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) hace investigaciones, deportaciones y busca datos de inteligencia.

La Agencia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (o CIS, por sus siglas en inglés) hace la labor administrativa de inmigración. Procesan las solicitudes de visas, nacionalización, asilo y otras funciones.

Protección de las fronteras, que antes fue trabajo de la patrulla de fronteras, ahora está a cargo de del Servicio de Aduanas y Protección de la Frontera (U.S. Customs and Border Protection o CBP).

Las tres agencias, ICE, USCIS y CBP son parte del Departamento de Seguridad Interior. Trabajan en conjunto para vigilar las fronteras y asegurar el cumplimiento de las leyes de inmigración.

Derechos de autor

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Derechos de Autor

El titular de los derechos de autor de una obra puede reproducirla, distribuir copias y exhibirla o interpretarla en público. También tiene el derecho de crear trabajos derivados de dicha obra. Si se trata de una obra de edición limitada, el titular tiene derechos adicionales. Aunque los derechos de autor protegen en cierta medida los bienes de una empresa, no son la mejor opción para proteger alguno de ellos.

¿QUÉ PUEDE ESTAR PROTEGIDO POR LOS DERECHOS DE AUTOR?

Los derechos de autor protegen las obras de creación original. Éstas incluyen obras literarias, composiciones musicales, obras gráficas y arquitectónicas, y otras formas de expresión artística. Una vez que la obra queda “terminada” en una forma tangible, se crea un derecho de autor conforme al Common Law. Sin embargo, muchos propietarios de pequeñas empresas no saben que los derechos de autor son materia complicada y creen que sus obras cuentan con una protección mayor que la que realmente poseen. Además, aunque según el Common Law se crea un derecho de autor cuando la obra queda terminada, es necesario registrarla para que los derechos de autor tengan validez.
LAS IDEAS SUBYACENTES NO ESTÁN PROTEGIDAS

Los derechos de autor protegen sólo la expresión de una idea, pero no la idea en sí. Por ejemplo, si el autor de un libro que describe la práctica de determinado proceso lo registra y obtiene los derechos de autor del libro, dicho proceso no estará protegido. Los derechos de autor protegen la forma en que se describe el proceso, pero no el proceso en sí.

DEBE EXISTIR PLAGIO

Los derechos de autor sólo protegen la obra contra el plagio real. Para establecer que se violaron los derechos de autor, no sólo es preciso probar la validez y la existencia del registro de estos derechos, sino que también se debe demostrar que otra persona plagió la obra. Si el demandado creó la obra independientemente, no existe una violación de los derechos de autor.

EXCEPCIÓN POR USO RAZONABLE

También está permitido usar los derechos de autor para realizar críticas, comentarios, informes periodísticos, tareas educativas e investigación. Los tribunales aún no han elaborado una prueba definida para determinar exactamente qué casos se ajustan a esta excepción, pero tienen en cuenta el uso (si es comercial o no), la naturaleza de la obra protegida por los derechos de autor, la porción plagiada y el efecto que tiene su uso en el mercado.

LA RECUPERACIÓN PUEDE SER LIMITADA

El titular de los derechos de autor puede recibir una indemnización por daños que incluya las ganancias reales que obtuvo el demandado por el uso de la obra protegida o una indemnización por daños establecida por ley para estos casos, además de la tarifa del abogado. También puede obtener una medida cautelar de embargo y secuestro de los objetos que violan los derechos de autor. Si el registro se realiza dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la obra o antes de que se violen los derechos de autor, el titular puede reclamar la indemnización establecida por ley sin necesidad de probar los daños sufridos y las ganancias reales del demandado. Con frecuencia, sin embargo, los propietarios de pequeñas empresas sólo registran los derechos de autor cuando tienen un problema.

ALTERNATIVAS

En muchos casos, es posible obtener marcas registradas para proteger la obra; no es necesario establecer el plagio real y las marcas registradas no caducan mientras están en uso. Los documentos protegidos por los derechos de autor también pueden mantenerse como secretos comerciales. Los secretos comerciales y las marcas registradas no están sujetos a la doctrina del uso razonable; sin embargo, para probar la violación de una marca registrada, debe existir confusión con respecto a la procedencia de los productos de una entidad.