Manutención de hijos menores

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Manutención de hijos menores

La manutención de un menor es la obligación económica continua de asegurar el bienestar de los hijos nacidos de una relación o matrimonio que ya no existe. Por lo general, es consecuencia de un divorcio, separación o anulación, donde se le asigna la custodia de los hijos a uno de los padres o ambos padres comparten la custodia. Lo más probable es que el padre o la madre que no tiene la custodia esté obligado a proporcionar la ayuda económica. Cuando ninguno de los padres tiene la custodia del niño y el niño está bajo el cuidado de un tercero, éste puede recibir la manutención. Generalmente, los estados no obligan a pagar la manutención de los hijos mayores de 18 años de edad.

Una persona está legalmente obligada a mantener económicamente sólo a sus hijos biológicos. Un tribunal no puede obligar a pagar la manutención de un hijastro, a menos que dicha persona lo haya adoptado. Aunque la mayoría de los estados respeta esta norma, algunas leyes estatales difieren con respecto a la manutención de los hijastros menores de edad. Para conocer la legislación de una jurisdicción en particular, consulte las leyes estatales.

Si los padres no estaban casados al nacer el menor, es preciso determinar la paternidad para identificar legalmente al padre. Una vez establecida la paternidad, los hijos adquieren los mismos derechos que aquellos nacidos de padres casados.

Cómo obtener la manutención de hijos menores

Los tribunales de primera instancia establecen el monto de las cuotas periódicas que el padre o la madre debe pagar. El monto varía según las circunstancias específicas del caso, como por ejemplo la edad del menor, las necesidades médicas y educativas, y el nivel de vida que el menor habría tenido si la familia no se hubiese separado. El método para calcular el monto que se debe pagar por la manutención de los hijos menores varía según el estado. Generalmente, sin embargo, los tribunales dictan fallos específicos con respecto al ingreso mensual neto de los padres que tienen la custodia y de los que no la tienen. Muchos estados exigen que el padre o la madre paguen un porcentaje fijo de su salario anual. Algunos estados también exigen que los padres paguen un porcentaje de cualquier bonificación que reciban.

Pago de la manutención de hijos menores

La Ley Uniforme de Matrimonio y Divorcio (Uniform Marriage and Divorce o UMDA, por sus siglas en inglés) exige que los padres paguen un monto razonable o necesario para la manutención de hijos menores sin tener en cuenta la mala conducta matrimonial. Entre los factores empleados para determinar la racionalidad o la necesidad se incluyen los recursos económicos de los menores, de los padres que tienen la custodia y de los que no la tienen; el nivel de vida que los menores habrían tenido si el matrimonio no se hubiese disuelto; la condición física y emocional de los menores, y sus necesidades de educación.

Además de los pagos de manutención periódicos, un tribunal puede obligar al padre o a la madre que no tiene la custodia a realizar contribuciones para gastos futuros, como por ejemplo gastos médicos y dentales, para vacaciones y campamentos, y para la escuela privada o religiosa. Las jurisdicciones difieren en cuanto a si el padre o la madre que no tiene la custodia debe pagar la manutención de un hijo o una hija de 18 años de edad que desea inscribirse en un establecimiento de educación superior.

Otro aspecto que varía según la jurisdicción radica en si la obligación de pagar la manutención de los hijos menores finaliza cuando muere el padre o la madre que no tiene la custodia.

Cumplimiento

Cada estado tiene leyes y pautas que exigen el cumplimiento de la manutención de menores basadas en la Ley Interestatal Uniforme de Sustento Familiar (Uniform Interstate Family Support Act), que les concede a los tribunales competencia para cobrar o modificar los pagos de manutención de menores. Si no se cumple con un pago de manutención de un menor, las agencias de manutención de menores trabajan junto a los tribunales para obtener el pago, ya sea mediante la retención de ingresos o el retiro de dinero de cuentas bancarias, reembolsos impositivos, beneficios de desempleo o por incapacidad. Si el incumplimiento de los pagos de manutención es sistemático, se los puede cobrar mediante el embargo de bienes.

El congreso creó el Servicio Federal de Localización de Padres (Federal Parent Locator Service) en parte para hacer cumplir las obligaciones de manutención de hijos menores. Este servicio permite que cualquier persona autorizada obtenga y divulgue información sobre una persona obligada a pagar la manutención de un menor o sobre una persona que debe recibir una manutención. Algunos estados permiten que los tribunales impongan una retención salarial si un padre o una madre no cumplen con la manutención de un menor. Este proceso requiere que el empleador retenga determinada porción del salario y la entregue al padre o a la madre que tiene la custodia. Si el empleador no cumple con esta obligación, puede estar sujeto a sanciones. Los tribunales también pueden declarar al padre o a la madre que no cumple con la obligación en desacato al tribunal. En ese caso es probable que tengan que pagar los honorarios del abogado y los costos del juicio.

Visas de todo tipo


Visas de todo tipo

A: Se emite a diplomáticos y empleados de gobiernos extranjeros que vienen a los Estados Unidos a trabajar en la embajada o el consulado de su país. Esta visa se otorga, por ejemplo, a un embajador extranjero, a un cónsul y al personal que los acompaña. También incluye a los familiares del personal diplomático.

B: Se otorga a visitantes extranjeros que visitan los Estados Unidos por negocios (B-1) o por placer (B-2).

C: Se emite a personas que transitan los Estados Unidos. Esto incluye viajeros frecuentes, auxiliares de vuelo y artistas que trabajan en cruceros.

D: Se otorga a los miembros de la tripulación de aviones y de barcos.

E: Se otorga a personas que dirigen una empresa en los Estados Unidos en la que se realizan actividades de comercio internacional entre su país de origen y los Estados Unidos (E-1). También se otorga a los inversionistas que desean realizar una operación que involucre una gran suma de dinero en persona en los Estados Unidos. Además, esta visa habilita a los empleados importantes, de la misma nacionalidad que el inversionista o el comerciante, a viajar a los Estados Unidos para colaborar en la operación. Para que este tipo de visa pueda otorgarse, debe existir un tratado entre los Estados Unidos y el país de origen que lo autorice.

F: Se otorga a estudiantes de universidades y programas educativos reconocidos que vienen a estudiar a los Estados Unidos.

G: Se otorga a representantes de organizaciones internacionales de gobiernos extranjeros, su personal y familiares. Este tipo de visa permite el trabajo de gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales en los Estados Unidos. Por ejemplo, este tipo de visa se emite para los representantes y el personal de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

H: Se emite a trabajadores temporarios que reúnen las cualidades para cubrir una necesidad laboral especial de los Estados Unidos.

I: Se emite a los miembros de la prensa extranjera y otros tipos de medios.

J: Se emplea para los programas de intercambio internacional; esto incluye los estudiantes extranjeros de intercambio que se inscriben en escuelas estadounidenses.

K: Se otorga a la prometida o al prometido de un ciudadano de los Estados Unidos para ingresar al país con el fin de casarse y solicitar la residencia legal permanente. También se otorga al cónyuge de un ciudadano de los Estados Unidos con el objetivo de que ingrese al país para completar el proceso de solicitud de residencia legal permanente. Esta categoría cubre a los hijos del cónyuge patrocinado hasta la edad de 21 años.

L: Se emite para trasladar a los empleados, gerentes y ejecutivos de una empresa a la sede estadounidense afiliada de una compañía multinacional.

M: Se otorga a estudiantes internacionales que asistirán a una escuela de formación profesional en los Estados Unidos.

N: se otorga a los hijos de las personas que, en calidad de representantes de una organización internacional, gozan de una condición de inmigrante especial.

O: Se emite a individuos con una destreza extraordinaria en su disciplina (por ejemplo, atletas profesionales, estrellas de cine, ganadores del Premio Nobel).

P: Se otorga a los actores o actrices, y al personal que los asiste, que ingresan a los Estados Unidos con un cronograma de funciones específico.

Q: Se otorga a los participantes de un programa internacional de concientización cultural creado para difundir la historia, la cultura y las tradiciones de su país de origen. Es común que los conjuntos de danza y música tradicionales soliciten esta visa.

R: Se emite a personas que ingresan a los Estados Unidos para realizar tareas religiosas.

S: Esta visa, denominada coloquialmente “snitch” visa (visa “de soplón”, en español), puede ser emitida a una persona que acepta trabajar como informante para el gobierno de los Estados Unidos u otra autoridad encargada de la aplicación de la ley.

T: Se emite a víctimas del tráfico humano con el fin de que permanezcan en los Estados Unidos aunque hayan ingresado al país de manera ilegal.

U: Se otorga a las víctimas de abuso como consecuencia de una actividad delictiva (esto incluye agresión sexual, violación, tortura y esclavitud), que hayan colaborado con el gobierno en la acción penal por dichos delitos o estén dispuestas a hacerlo.

V: Se emite al cónyuge y los hijos menores de residentes permanentes legales que hayan solicitado la residencia permanente antes del 21 de diciembre de 1998.

Derecho a la privacidad: Autonomía de las personas

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Derecho a la privacidad: Autonomía de las personas

El derecho a la privacidad ha evolucionado y protege la libertad de los individuos de realizar determinadas acciones y someterse a ciertas experiencias. Esta autonomía de la persona ha crecido hasta convertirse en un derecho fundamental protegido por la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda. Sin embargo, este derecho está estrechamente delimitado y, en general, protege sólo la privacidad de la familia, el matrimonio, la maternidad, la procreación y la crianza de los niños.

La dimensión de la autonomía de la persona en el derecho a la privacidad se desarrolló especialmente en casos relacionados con los derechos reproductivos. Por eso, está afianzada en esta área. La Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció por primera vez el derecho independiente a la privacidad en el marco de la protección implícita en las primeras diez enmiendas de la Constitucion de los Estados Unidos o Bill of Rights en el caso Griswold contra Connecticut. En este caso, se invocó el derecho de privacidad de las personas casadas para anular una ley que prohibía la anticoncepción. Casos posteriores ampliaron este derecho fundamental y, en el caso Roe contra Wade, se estableció definitivamente el derecho de privacidad conforme a la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda. La Corte clasificó este derecho como fundamental y, de ese modo, solicitó que toda violación por parte del gobierno estuviese justificada por intereses apremiantes del estado.

Roe estableció que el interés apremiante del estado en evitar el aborto y proteger la vida de la madre era más importante que su autonomía personal únicamente después de que el feto fuese viable. Antes de la viabilidad del feto, el derecho fundamental a la privacidad personal de la madre limita la intervención del estado, ya que no existe un interés apremiante.

El aspecto de la autonomía personal en el derecho a la privacidad tiene límites, aunque éstos siempre cambian. En 1986, por ejemplo, una ley que penalizaba la sodomía entre personas del mismo sexo fue ratificada en el caso Bowers contra Hardwick. La Corte consideró que no toda actividad sexual privada y consensual está fuera del control del estado. En ese momento, las actividades en cuestión entre personas del mismo sexo no estaban incluidas en las categorías de relaciones que protege el debido proceso. Sin embargo, las opiniones han cambiado. Bowers fue anulado en el caso Lawrence contra Texas en 2003 y se reconoció un cambio en la opinión pública sobre las relaciones entre personas del mismo sexo.

El derecho a la privacidad se debilita a medida que nos alejamos de las actividades relacionadas con la reproducción y la intimidad. La pornografía es un área en la cual la Corte aún se niega a otorgar la total libertad de autonomía personal, aunque se permite cierto grado de privacidad.

Las primera, cuarta y quinta enmiendas se utilizan, con diferentes grados de éxito, para proteger la privacidad en estas áreas de actividad confusas. Debido a la preferencia de la Corte en analizar individualmente cada caso sobre derecho a la privacidad siempre y cuando se proteja la autonomía personal, y los cambios constantes en la opinión pública sobre las relaciones y las actividades, resulta prácticamente imposible establecer los límites del derecho a la privacidad.

El contenido de esta página fue desarrollado junto con el Instituto de Información Legal de la Facultad de Derecho de Cornell.

La primera enmienda

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La primera enmienda

La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión respecto de la interferencia del gobierno.

Dos cláusulas de la primera enmienda garantizan la libertad de religión. La cláusula de establecimiento (Establishment Clause) prohíbe que el gobierno apruebe leyes que establezcan una religión oficial o muestren preferencia por una religión sobre otra. La Corte, sin embargo, declaró constitucionales algunas actividades del gobierno relacionadas con la religión, como por ejemplo, brindar transporte en autobuses para estudiantes de escuelas parroquiales y permitir la aplicación de las “leyes de descanso dominical”. La cláusula del libre ejercicio prohíbe que el gobierno, en la mayoría de los casos, intervenga en la práctica religiosa de las personas.

La libertad de expresión incluye los derechos a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición (que es el derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante el gobierno una compensación por agravios). También incluye los derechos implícitos a la libertad de asociación y creencia. La Corte Suprema de los Estados Unidos consideró que el alcance de estos derechos se aplica al gobierno federal, aunque sólo se menciona expresamente al Congreso. Además, la Corte interpretó que la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda protege los derechos enumerados en la primera enmienda respecto de la intervención de los gobiernos estatales.

El componente más básico de la libertad de expresión es el derecho a la libertad de palabra. Este derecho permite que los individuos se expresen sin intervención ni restricción del gobierno. La Corte exige que el gobierno brinde una justificación sólida para intervenir. Para las leyes de contenido neutral, se aplica una prueba menos estricta. La Corte también reconoció que el gobierno puede prohibir toda expresión que altere la paz o provoque violencia. El derecho a la libertad de palabra incluye otras formas de comunicar un mensaje.

El derecho a la libertad de prensa permite que las personas se expresen a través de una publicación u otro medio de difusión. No otorga a los miembros de los medios de comunicación ningún derecho o privilegio especial que no tengan los ciudadanos en general.

El derecho a reunión permite que las personas se reúnan con fines pacíficos y legales. La Corte reconoció abiertamente que los derechos a la libertad de asociación y de creencia están implícitos en la primera, quinta y decimocuarta enmiendas. La libertad de reunión no incluye un derecho de asociación. El gobierno puede prohibir que las personas se asocien con otras para participar y promover actividades ilegales en forma deliberada.

El derecho de asociación prohíbe que el gobierno exija que un grupo se registre o divulgue la identidad de sus miembros. Tampoco puede negarles a personas beneficios oficiales por pertenecer o haber pertenecido a determinado grupo. La Corte estableció que existen excepciones a esta regla: se trata de los casos en que los intereses del gobierno de divulgar o registrar se consideran suficientes para no respetar los derechos de la primera enmienda.

El derecho de petición garantiza el derecho de reclamar ante el gobierno una compensación por violaciones a derechos mediante un litigio u otra medida que disponga el gobierno. Junto con el derecho de reunión, permite que las personas se junten con el fin de obtener cambios en el gobierno.

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Delitos de pena menor

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Los delitos menores son delitos que pueden ser castigados con hasta un año en prisión. Las multas, la libertad probatoria o el servicio comunitario pueden ser también parte del castigo.

Aunque los delitos menores se consideran menos graves que los delitos mayores, pueden tener consecuencias negativas para la persona, como por ejemplo, si un empleador o propietario realiza una investigación de antecedentes.

Castigos

Los castigos por delitos menores se dividen en clases que varían de acuerdo con el estado. El castigo por hurto menor puede ser más leve que el castigo por agresión agravada. Sin embargo, los detalles de cada caso (por ejemplo: condenas previas, libertad probatoria) influyen en el castigo.

Los delitos considerados menores incluyen:

Una persona condenada a cumplir una condena como consecuencia de un delito menor, en general, irá a una cárcel en lugar de una prisión, como ocurre en los casos de delitos mayores. En algunos casos, la persona podrá optar por estar presa sólo durante los fines de semana hasta que se cumplan los requisitos temporales de encarcelamiento.

Confiscación

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Confiscación

La confiscación, la
apropiación por parte del gobierno de bienes relacionados con una actividad ilegal, ha sido una de las armas principales en la guerra del gobierno federal contra las drogas desde la década del ochenta. Se trata de un poderoso elemento disuasivo y, a su vez, una fuente de ingresos de la que depende, cada vez más,
el sistema de aplicación de la ley. Sin embargo, es un procedimiento que tiene muchas menos garantías procesales que el derecho penal.

La mayoría de las
actividades de confiscación se encuadran en la ley federal y gran parte está relacionada con el tráfico de drogas ilegales. El Departamento de Justicia creó el National Assets Seizure and Forfeiture Fund en 1985 y reunió $27 millones a partir de confiscaciones relacionadas con drogas durante ese año. Para el año 1992, la suma total confiscada había ascendido a $875 millones. Muchos estados siguieron el ejemplo y crearon sus propios programas civiles de confiscación. Las ciudades y otros gobiernos municipales cooperaron con las medidas de
confiscación conforme a las leyes sobre drogas, tanto federales como estatales. Utilizaron dichas leyes para tratar temas locales: desde viviendas inseguras hasta la prostitución y ahora también el problema de los conductores en estado de ebriedad.

La facultad de
confiscar propiedades de esta manera no es inherente. Por el contrario, se establece por ley. Está limitada por las leyes que otorgan esa facultad y por la Constitución de los Estados Unidos. La expansión de la actividad de
confiscación propone constantes desafíos constitucionales. La Corte Suprema se ocupó, como mínimo, de media docena de casos de confiscación durante la década del noventa, pero sus fallos no lograron establecer una dirección en este aspecto. Este breve estudio sobre la ley de confiscaciones se basa en estos fallos de la Corte. La introducción a las disposiciones legales esenciales se centra en las leyes federales. Las disposiciones estatales y locales tienden a ser similares.

La confiscación puede
ser penal o civil. En la actualidad, casi todas las confiscaciones son civiles. La confiscación penal funciona como castigo de un delito. Por lo tanto, requiere una condena y la posterior incautación por parte del estado de los
bienes en cuestión del delincuente. La confiscación civil se basa en el concepto legal (una ficción jurídica) de que la propiedad misma, y no el propietario, ha violado la ley. Por ende, el procedimiento se realiza contra el objeto o la cosa implicada en alguna actividad ilegal, especificada por la ley. A diferencia de la confiscación penal, la confiscación in rem no requiere una condena ni un cargo penal oficial contra el propietario. Aquí radica la fuente de su atractivo para los encargados del cumplimiento de la ley y, a su vez, la amenaza para aquellos preocupados por resguardar las protecciones constitucionales.

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Eliminación de antecedentes penales o expurgación

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Eliminación de antecedentes penales o expurgación

La expurgación es el proceso con el que se borran los antecedentes de arresto de un individuo en los archivos de la policía. En la mayoría de los casos, una persona tiene derecho a la eliminación de antecedentes penales si fue absuelta por un juez o si el caso se desestimó. La eliminación de antecedentes se ha vuelto cada vez más importante debido al aumento en la frecuencia con que se realizan investigaciones de antecedentes, y a la capacidad que tienen las empresas y empleadores para hacerlo. Los organismos encargados del cumplimiento de la ley registran las detenciones y los cargos penales. Es posible eliminar los antecedentes penales de los archivos de una agencia del gobierno, pero no de las empresas privadas.

Ventajas de ser beneficiado con la eliminación de antecedentes o expurgación

El acceso a las computadoras es habitual y esto permite que cada vez más personas obtengan información que pueda incriminar de alguna manera. Los oficiales de policía tienen computadoras en sus vehículos, y una detención en el tránsito podría revelar los cargos criminales pasados. Con frecuencia, los empleadores y propietarios realizan investigaciones de antecedentes.

La elegibilidad para la eliminación de antecedentes depende de las leyes estatales. Un abogado determina si se puede realizar o no.

Proceso de eliminación de antecedentes penales o expurgación

La eliminación de antecedentes comienza con una solicitud que es preparada, firmada y presentada ante el tribunal de distrito. Luego, todas las agencias del gobierno que registran antecedentes de arresto del solicitante son notificadas de la demanda y se programa una audiencia. Si se otorga el beneficio de eliminación de antecedentes, desde ese momento, el individuo tiene derecho a negar que alguna vez existió un arresto o cargo penal, excepto en el caso de que declare bajo juramento. Cuando la eliminación de antecedentes es definitiva, los organismos encargados del cumplimiento de la ley no pueden divulgar ningún antecedente que haya sido eliminado; en caso de hacerlo, estarían cometiendo un delito.

Infracciones de tránsito

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Infracciones de tránsito

Las multas de tránsito son citaciones por infracciones de tránsito, que en general están separadas de las infracciones de estacionamiento (sin movimiento) e infracciones al circular con un vehículo (con movimiento). Las últimas, que implican una infracción a la ley de tránsito mientras el vehículo está en movimiento, son generalmente las más graves de las dos.

Ejemplos de infracciones de tránsito al circular con un vehículo son el exceso de velocidad, no ceder el paso y no usar la señal de giro. Las infracciones sin movimiento incluyen el estacionamiento en lugares reservados para discapacitados, sin la correspondiente autorización, o el estacionamiento en un parquímetro sin pagar.

Mire el video a continuación para obtener más información sobre los procedimientos de detención de tránsito.

Delitos menores en infracciones de transito

De acuerdo con la gravedad de la infracción, algunas violaciones de tránsito se consideran delitos menores, según la ley. Estos tipos de infracciones, en la mayoría de los casos, tienen castigos más graves, como la suspensión de la licencia de conducir, multas más elevadas o encarcelamiento.

Las infracciones que pueden considerarse delitos menores incluyen:

  • Conducir en forma imprudente o peligrosa
  • Conducir en estado de intoxicación o ebriedad (DUI/DWI por sus siglas en inglés)
  • Chocar o atropellar y huir
  • Conducir sin seguro automotor
  • Manejar un vehículo sin licencia de conducir

La reincidencia de delitos por conducir en estado de ebriedad (DUI o DWI) puede constituir un delito mayor, al igual que determinadas infracciones de tránsito relacionadas con chocar o atropellar y huir u homicidio con un vehículo.

Las infracciones de transito y el derecho

Las infracciones de tránsito tienen carácter penal y puede ser necesaria la representación de un abogado. Cada estado tiene diferentes normas en cuanto a las leyes de tránsito y diferentes procedimientos legales para las infracciones de tránsito.

OPINION: Los acuerdos de arbitraje anulan los derechos de los pacientes


OPINION: Los acuerdos de arbitraje anulan los derechos de los pacientes

Los médicos exigen que pacientes renuncien su derecho a un juicio por jurado en demandas por negligencia. ¿Cómo deben de protegerse los pacientes?

Thomas J. Williams, J.D.

7 de julio de 2008

En la columna “The Ethicist” de The New York Times Magazine se publicó el planteo de una lectora sobre una nueva metodología adoptada por su médico. La paciente debía firmar una renuncia a su derecho de demandar al médico y aceptar un arbitraje obligatorio ante cualquier disputa. Básicamente, se le pidió que renuncie a su derecho a juicio por jurado a cambio de atención médica. Al retirarse del consultorio de ese médico para buscar otro que no pidiera firmar la renuncia, descubrió que todos los médicos de su área exigían lo mismo.

No se deben aceptar estos acuerdos. El hecho de que un médico proponga un acuerdo de esa naturaleza es inmoral, por lo menos, por dos motivos. En primer lugar, la renuncia pone en duda si el médico se compromete a brindar la mejor calidad de atención posible. Los médicos le temen a las demandas por negligencia ya que pueden manchar su reputación y aumentar las primas de los seguros por mala practica. En algunos casos, la compañía de seguros por negligencia requiere que el médico solicite al paciente el acuerdo de arbitraje.

En segundo lugar, la renuncia se aprovecha de la falta de poder de negociación del paciente. Un paciente va al consultorio de un profesional de la salud porque necesita atención médica. El médico condiciona dicha atención al hecho de que el paciente abandone la posibilidad de recurrir a un tribunal de justicia si el médico actúa en forma negligente. Las leyes que regulan la responsabilidad extra-contractual (Tort System) fueron establecidas para tratar los reclamos por la prestación de servicios que no cumplen con un nivel de atención satisfactorio. Los montos de indemnización que establecen los árbitros son generalmente menores que los otorgados por los jurados. Y las sentencias de los arbitrajes no establecen precedentes que puedan proteger a otros pacientes en situaciones similares.

De todas maneras, el consumidor tiene recursos: en algunos estados existen leyes que regulan este tipo de acuerdos. En Ohio existe una ley que establece que no se puede negar tratamiento médico a un paciente que se niega a firmar un acuerdo de arbitraje y exige que el paciente sea informado sobre sus derechos antes de firmar. De acuerdo con la ley, si se firma el acuerdo, el paciente tiene 30 días para rescindirlo sin que ello implique la una sanción. Los consumidores deben investigar las leyes locales para informarse sobre sus derechos. Puede obtener información a través del procurador general de su estado o el Departamento de Asuntos del Consumidor, también a nivel estatal. Si su estado no cuenta con leyes de protección, pídale a su representante legislativo que presente un proyecto de ley.

El Congreso propuso una ley para brindar protección a los consumidores respecto de los acuerdos de arbitraje obligatorios en varias áreas. La ley sobre equidad en los arbitrajes de 2007 (Arbitration Fairness Act) impediría la existencia de los acuerdos obligatorios entre médicos y pacientes celebrados antes de que surja un conflicto. La ley preserva los derechos de las partes a someter el conflicto a arbitraje en forma voluntaria. Si se aprueba, esta ley brindaría protecciones similares a las de la ley de Ohio.

Si no existen leyes federales o estatales, estos acuerdos pueden ser anulados por un tribunal por constituir un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión es un tipo de contrato en el que el consumidor no tiene poder de negociación y debe “tomarlo o dejarlo”. En un caso de 1992, en Arizona, se determinó que un acuerdo de arbitraje entre un médico y un paciente no se podía hacer valer judicialmente por constituir un contrato de adhesión. En este caso, el obstetra exigía que el paciente firmara un acuerdo de arbitraje obligatorio que requería que los árbitros fuesen obstetras. Si no se firmaba dicho acuerdo, el obstetra no brindaba atención médica.

El consumidor se puede negar a firmar el acuerdo desde el principio. Aunque algunos médicos tienen requisitos de las compañías de seguros, no pueden negarse a brindar tratamiento, por más que no se firme el acuerdo. Un estudio realizado por el Rand Institute for Civil Justice, en 1999, descubrió que el 80% de los médicos brindan tratamiento aunque no se firme el acuerdo de arbitraje. Esta encuesta también mostró que si el paciente se niega, el médico no insiste. Este recurso no es tan simple como contar con una ley: implica que el paciente entre en un conflicto potencial con el médico. De todas maneras, preguntar qué ocurre si no se firma el acuerdo, al menos, puede motivar al médico a considerar evitarlo.

La reforma de la legislación sobre actos ilícitos se ha convertido en un tema controversial en el ámbito estatal y federal. No tiene nada de malo limitar los recursos disponibles en un tribunal, pero hay una gran diferencia entre la legislación y estos acuerdos de arbitraje. La legislación es abierta y pública. Los ciudadanos pueden dar sus opiniones y los legisladores están sujetos a la influencia de sus electores. Los acuerdos de arbitraje se celebran en forma privada sin que los pacientes tengan una verdadera oportunidad de discutir, modificar o incluso rechazar el acuerdo, a menos que estén dispuestos a marcharse sin recibir atención médica. Estos acuerdos deben rechazarse rotundamente y declararse sin efecto legal.

Thomas J. Williams es escritor, politólogo y abogado en Columbus, Ohio. Se especializa en derechos constitucionales y derechos del ciudadano.

Referencias

American Association for Justice. Mandatory Arbitration News.

Binding Arbitration Is Not Frequently Used to Resolve Health Care Disputes. RAND Institute for Civil Justice, 1999. http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9030/index1.html.

Broemmer v. Abortion Services of Phoenix, LTD. 840 P.2d 1013 (Ariz. 1992).

Cohen, Randy. “Doctor, Bully.” The Ethicist. The New York Times Magazine, 30 de marzo de 2008. http://www.nytimes.com/2008/03/30/magazine/30wwln-ethicist-t.html?_r=1&scp=13&sq=ethics&st=nyt&oref=slogin.

Ohio Rev. Code Ann. § 2711.01.

U.S. Congress, House. Arbitration Fairness Act of 2007. HR 3010, § 1710.

Los abogados descubren oportunidades en la ‘blogosfera’


Los abogados descubren oportunidades en la ‘blogosfera

Por Tami Kamin-Meyer, abogada

15 de julio de 2008

El blogging, inicialmente el ámbito de comunicación de los jóvenes con conocimientos en tecnología, se ha convertido en lo contrario al Trix, que se promociona como el cereal “para niños”. Cada vez son más los abogados que crean blogs sobre sus prácticas legales, fallos judiciales o cualquier otra cosa que se les ocurra.

“El blogging no sólo representa una oportunidad para expresarse, sino que también es una excelente forma de comunicar experiencias”, dice Larry Bodine, presidente del estudio Larry Bodine Marketing con sede en Chicago. Bodine, un abogado que interrumpió el ejercicio del derecho en 1982 para dedicarse a su pasión, el asesoramiento en la promoción de estudios jurídicos, cree que todos los abogados deberían participar en los blogs.

“Entre otras cosas, un blog es un excelente método para generar nuevos negocios, crear conexiones de clientes u obtener remisiones de otros abogados”, explica. “Los blogs son fáciles de crear y además son económicos”.

El blogging ha ayudado al abogado Ernie Svenson, de Nueva Orleáns, de varias maneras. “No lo puedo calcular”, sostiene. Aunque no sabe con certeza si los clientes lo llaman por el blog, él asegura: “Sé que consigo trabajo gracias al blog porque tengo un mayor reconocimiento”.

Bodine, sin embargo, dice estar convencido de que el blogging ha sido de gran ayuda en su carrera. “Recibo una llamada por semana de periodistas que visitaron mi blog y eso me ha brindado una mayor exposición mediática”.

Las ventajas y desventajas del blogging

Svenson cuenta que el blogging lo conecta con el mundo. Le encanta recibir opiniones, comentarios y correos electrónicos de los lectores de su blog, quienes lo conocen en el ciberespacio como “Ernie, el abogado”.

Para el abogado dedicado a los litigios empresariales, el blogging ha expandido su universo. “El hecho de tener un weblog me cambió la visión del mundo”, sostiene. Por ejemplo, cuenta que solía preocuparse cuando dejaban comentarios negativos en su blog, pero ahora lo toma con calma. “En algunos casos es difícil de tolerar pero también me ha ayudado a ser indiferente a las críticas”, explica.

Hace cuatro años que Tony Colleluori tiene su blog, pero a veces no puede realizar nuevas publicaciones de forma constante. Según el abogado defensor penalista de Long Island, “es difícil acostumbrarse a mantener un ritmo”. Es tan fanático de los blogs que generalmente hace comentarios en los blogs de otros escritores y termina ocupando el tiempo que necesita para su propio blog.

Es importante que los abogados que tienen blogs no divulguen información confidencial de sus clientes en los comentarios que publican allí. Para evitar que esto suceda, Colleluori obedece una regla: no publica material en su blog mientras participa en un juicio. De esta forma, no hay posibilidades de divulgar accidentalmente información que no debe hacerse pública.

Svenson publica material en su blog con un criterio similar. Cumple estrictamente con la obligación de no divulgar información confidencial. “No hablo sobre mis casos o mis clientes”, afirma. Su cuidadosa elección de palabras también es estratégica. “No quiero que la parte contraria llegue a comprender bien mi manera de pensar”, explica.

Consejo para leer o escribir un blog de abogado

Independientemente de si usted es un cliente potencial en busca de un abogado que lo represente en un asunto legal o un abogado que desea entrar al mundo de los blogs, tenga en cuenta ciertos factores en el momento de decidir qué leer o sobre qué escribir.

A los abogados bloggers, Bodine les aconseja: “establezcan el área [del derecho] que genera más dinero [al estudio jurídico] y luego publiquen material sobre eso”. Si necesitan más ideas, él propone publicar material sobre leyes estatales nuevas, decisiones de la corte tomadas recientemente e incluso sobre las novedades en la legislatura estatal. Y propone una idea todavía mejor: “escriban sobre un caso que ganaron; una historia de éxito”.

Antes de escribir en un blog, Svenson recomienda investigar el procedimiento. Muchos programas de software alojan blogs; algunos lo hacen sin cargo. Los bloggers potenciales deben decidir si desean vender publicidad en sus blogs o permitir que los lectores hagan comentarios sobre las publicaciones.

A las personas que buscan información específica en un blog, Bodine les recomienda limitar la búsqueda lo máximo posible. Por ejemplo, si buscan un abogado que se especialice en un área del derecho específica, recuerden incluir la palabra “abogado” o “letrado” en la descripción de su búsqueda en el blog.

Colleluori está de acuerdo. “Si usted busca información general, existen muchos blogs para consultar”, explica. “Pero si busca información particular, visite un sitio escrito por personas con conocimiento específico sobre el tema”.

Bodine recomienda a los lectores verificar si se ha publicado material recientemente en el blog. “Elija un blog que se mantiene activo en lugar de un blog que parece muerto”, explica. Un blog pasa a ser obsoleto rápidamente, por lo tanto, si no se agregan nuevas publicaciones de forma constante, los lectores no tendrán motivación para volver a ingresar.

Tami Kamin-Meyer es una abogada de Ohio. También posee licencia para ejercer en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es una escritora independiente cuyo nombre ha encabezado varias publicaciones del campo legal.