Las placas de automóviles con inscripciones cristianas crean un problema constitucional


Columna: La ley en la vida cotidiana

Por Linda Holmes, abogada

14 de julio de 2008

Las placas de automóviles con inscripciones cristianas crean un problema constitucional

Antes, las placas de auto eran cosas simples. Un niño podía tratar de aprender en un viaje cómo eran las placas de los 50 estados y anotarlas en una lista. Pero esto ya no es posible.

License PlateMuchos estados han reemplazado sus placas comunes con galerías que contienen una gran variedad de placas especiales que promueven organizaciones, universidades, instituciones benéficas y la importancia de salvar al manatí. Los programas de placas especiales no sólo alimentan nuestro deseo ilimitado de expresarnos como individuos sino que también generan ganancias, tanto para las organizaciones que los patrocinan como para los estados.

También colocan a los estados en una situación problemática. Carolina del Sur lo está aprendiendo luego de aprobar una legislación que autoriza la fabricación de placas que exhiben la frase “I Believe” (yo creo, en español), que expresamente promueve el cristianismo. El mensaje que exhibe la frase “I Believe” en la placa también contiene una cruz y un vitral. Éste no es un intento de provocar un compromiso universal, que incluya a toda fe y creencia. Es una imagen de la iglesia cristiana. Como era de esperarse, no se ofrecen otras placas con la frase “I Believe” que promuevan otras religiones. Tampoco se ofrecen placas que exhiben la frase “I Don’t Believe” (“Yo no creo”, en español). Y como también era de esperarse, ya se entabló un juicio al estado. Aunque los tribunales han adoptado diferentes enfoques en los casos relacionados con placas de automóviles en el pasado, el futuro de las placas con la frase “I Believe” parece desalentador, más allá del enfoque que triunfe.

¿Quién representa a quién?

Lo que hace que estas placas sean controvertidas desde el punto de vista legal es que no está claro a quién pertenecen las opiniones que expresan. Por un lado, la popularidad de la vanidad y de las placas especiales demuestra el deseo compulsivo de expresar nuestro individualismo en todos los ámbitos. Por otro lado, en el diseño de una placa especial aparece el nombre del estado. Es un identificador emitido por el gobierno que un conductor debe exponer para cumplir con la ley. Por lo tanto, adquiere el aspecto de un documento del gobierno.

De hecho, la cuestión sobre las escrituras de las placas como “expresión privada” o “expresión del gobierno” ha sido el tema central en controversias previas de este tipo. Cuando el gobierno habla por sí mismo, generalmente, puede favorecer un punto de vista en lugar de otro. En cambio, cuando el estado regula la expresión privada a través de un medio de debate público, eso no es posible.

Cuando, hace algunos años, varios estados ofrecieron la placa especial que exhibía la frase “Choose Life” (“Elige la vida”, en español) a pedido de los que se oponen al aborto, estalló la controversia. Las placas superaron el escrutinio de todos los tribunales, en general, porque los demandantes no tenían buena reputación. La excepción, curiosamente, fue el programa de Carolina del Sur, que fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito.

El tribunal declaró que representaba una violación a la constitución y concluyó que la placa constituía, al menos en parte, una expresión privada. El fallo estableció que el programa de placas especiales constituía un medio de debate público para que los ciudadanos se expresen. Luego, el tribunal aplicó la jurisprudencia existente sobre medios de debate público. Concluyó que el estado no puede crear un medio de debate de este tipo al fabricar una placa que permita que un participante del debate exprese su punto de vista y los que opinan diferente no tengan la misma posibilidad.

El estado, sin embargo, argumentó que las placas que exhibían la frase “Choose Life” representaban la expresión del gobierno. Por lo tanto, así como pueden promover mensajes como “no abandonen la escuela” o “no contaminen”, pueden elegir defender a una parte sobre una cuestión de política pública, como la cuestión del aborto y de la adopción, pero no a la otra parte.

Cómo llegaron las placas a la prensa

Para comprender por qué las placas que exhiben la frase “I Believe” representan un problema, es importante saber que hay dos formas de aprobar una placa especial en Carolina del Sur. La primera no involucra a la legislatura. Una organización no lucrativa (por ejemplo, un grupo que se dedica a luchar contra una enfermedad) presenta una solicitud para que se realice una placa con el nombre y el emblema de la organización ante el Departamento de Vehículos Motorizados (Department of Motor Vehicles o DMV, por sus siglas en inglés). La organización prueba que existen 400 personas comprometidas a comprar la placa o deposita $4,000. Si se aprueba la placa, comienza a fabricarse.

La otra forma de crear placas comienza en la legislatura, que aprueba un proyecto de ley. Una vez aprobada la ley, la placa puede circular en las calles tan pronto como se reciban las 400 solicitudes o los $4,000 de la organización patrocinadora. De esta forma se aprobó la placa que exhibe la frase “I Believe”. La legislación autorizó el mensaje y la cruz. Incluso, autorizó el vitral.

Los dos procesos presentan diferencias importantes. El método del DMV tiene limitaciones estrictas sobre lo que puede exhibir la placa. Específicamente, la organización sólo puede exhibir su nombre y su emblema, pero no otro tipo de texto. Esta es la razón por la que una organización de ateos no puede crear una placa que diga “I Don’t Believe”. También es la razón por la que, si otra organización religiosa crea una placa que proclama sus creencias, necesariamente será menos complicada que la placa que expresa “I Believe”. Por ejemplo, una placa que promueva una organización judía podría exhibir su emblema pero no podría crear una escena completa parecida a la de la cruz, el vitral y el esquema de color de la placa cristiana.

La legislatura autorizó las placas que expresan “I Believe” por cuenta propia. Sin embargo, cuando la creación de una placa comienza con una solicitud de una organización, el DMV tiene una amplia facultad para rechazar la solicitud de la organización por razones tan elásticas como “no promueve una imagen positiva para el estado”, “no tiene aprobación estatal”, “volumen de trabajo” (es decir, el volumen de trabajo del departamento), “litigios en otros estados” o, aunque parezca sorprendente, “es controversial”. Debido a que el DMV aparentemente puede rechazar el diseño por cualquier motivo, desde “a algunas personas puede disgustarle” hasta “estamos muy ocupados”, indudablemente no hay garantía de que una organización de ateos (o musulmanes, judíos, wiccanos o cuáqueros) pueda obtener una placa especial, incluso la placa limitada sin texto.

La placa cristiana, en pocas palabras, tiene una ventaja, con aval legislativo, sobre el resto de las placas que pueden exhibir las personas en desacuerdo con el mensaje “I Believe” (implícitamente con el mensaje “Yo creo en el cristianismo”).

Fundamentos legales cuestionables

Lo interesante de la placa que exhibe la frase “I Believe” es que tiene la apariencia de ser ilegal más allá de cómo se la analice. Si las placas especiales representan una expresión privada, son parte de un medio de debate público limitado. Si ese es el caso, indudablemente el gobierno no puede otorgarles solamente a los cristianos la posibilidad de expresar su religión en la parte trasera de sus vehículos. No puede dar ventajas a los titulares de placas cristianas sobre el resto. Por otro lado, si las placas especiales representan la expresión del gobierno, esto quiere decir que el gobierno apoya directamente al cristianismo y esto viola la cláusula de establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos, que impone la separación de la iglesia y el estado.

No se sabe por qué es tan importante para las personas colocar mensajes en sus placas como si fueran calcomanías, cuando todos somos libres de transmitir esos mensajes a través de, justamente, las calcomanías. Lo que sí queda claro es que, a menos que haya un cambio importante en la forma en que se aplica la ley, la placa que exhibe la frase “I Believe” no perdurará.

Linda Holmes es una escritora independiente en Washington, D.C. Previamente ejerció el derecho en el estado de Minnesota y se especializó en derecho laboral y redacción legislativa.

Referencias

Complaint, Summers v. Adams, Case No. 3:2008cv02265 (D.S.C. 19 de junio de 2008).

Planned Parenthood of South Carolina, Inc. v. Rose. 361 F.3d 786 (4th Cir. 1994).

S.C. Rev. Code Ann. § 56-3-8000, -8100 and -630.

Seguridad en el lugar de trabajo

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Seguridad en el lugar de trabajo

La ley más importante para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo es la Ley Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Act u OSHA, por sus siglas en inglés). Esta ley exige que el Secretario de Trabajo apruebe normas y estándares de salud y seguridad para proteger a los empleados y a sus familias. Todo empleador privado que realiza actividades de comercio interestatal está sujeto a estas normas.

La ley creó el Comité de Asesoría Nacional sobre la Seguridad y Salud Ocupacional (National Advisory Committee on Occupational Safety and Health). El Secretario puede autorizar inspecciones en los lugares de trabajo para garantizar que se cumplan con las normas, investigar condiciones si se presentaron quejas y determinar qué normas se necesitan. Si se descubre que un empleador viola una norma de seguridad o de salud, se emite una citación.

Para evaluar las citaciones, la ley estableció la Comisión de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacionales (Occupational Safety and Health Review Commission). La decisión de la comisión también está sujeta a revisión judicial. El Secretario puede imponer multas de acuerdo con el tipo de violación y la duración del incumplimiento de la citación. Además, éste puede solicitar una medida cautelar para interrumpir las condiciones o prácticas que representan una amenaza inmediata para los empleados. La ley también creó el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health), que depende del Secretario de Salud y Servicios Humanos. Aquí se realizan investigaciones sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo y se recomiendan normas al Secretario de Trabajo. Las agencias federales deben establecer sus propias normas de salud y seguridad.

Según OSHA, los estados no pueden dictar leyes que regulen áreas directamente cubiertas por las normas de esta ley, sin la autorización del Secretario de Trabajo. Sin embargo, es posible regular áreas que no estén cubiertos por la ley mediante la presentación de un plan que sea aprobado en el ámbito federal.

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Compensación para trabajadores lesionados

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Compensación para trabajadores lesionados

Las leyes de compensación para trabajadores tienen el objetivo de garantizar que los empleados que se lesionan o quedan incapacitados en el trabajo reciban una compensación en dinero fija, sin necesidad de entablar un juicio. Estas leyes también brindan beneficios a los dependientes de los trabajadores que mueren debido a accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo. Algunas leyes también rotegen a los empleadores y a los compañeros de trabajo limitando el monto que un empleado lesionado puede
obtener de un empleador y eliminando la responsabilidad legal de los compañeros de trabajo en la mayoría de los accidentes. Las leyes estatales de compensación para trabajadores establecen estas disposiciones para la mayoría de los empleos. Las leyes federales se limitan a los empleados federales o a los trabajadores que participan en algún área importante del comercio interestatal.

La Ley Federal de Compensación para Trabajadores (Federal Employment Compensation Act) ofrece compensación para trabajadores a empleados federales no militares. Incluye las estipulaciones
estándar de la mayoría de las leyes de compensación para trabajadores. La
compensación se otorga sólo por incapacidad o muerte producida mientras el empleado realizaba sus tareas, pero no si fue ocasionada deliberadamente por el empleado o mientras éste se encontraba en estado de intoxicación. La ley cubre los gastos médicos ocasionados por la incapacidad y puede requerir que el empleado sea nuevamente entrenado para el trabajo. Un empleado incapacitado recibe dos tercios de su salario mensual normal durante el período de incapacidad y puede recibir una suma mayor en caso de sufrir lesiones físicas permanentes o tener dependientes. La ley brinda compensación para los familiares sobrevivientes de los empleados que mueren. La Oficina de Programas de Indemnizaciones a Trabajadores (Office of Workers’ Compensation Programs) es la encargada de aplicar esta ley.

Aunque no es una ley de compensación laboral, la Ley Federal sobre Responsabilidad de los Empleadores (Federal Employment Liability Act) estipula que las compañías ferroviarias que realizan actividades comerciales interestatales son responsables por las lesiones que sufran sus empleados, si existe negligencia por parte de éstas.

De la misma manera, la Ley sobre la Marina Mercante, también conocida como la Ley Jones (Merchant Marine Act o Jones Act), brinda a los trabajadores marítimos protección contra la negligencia del
empleador.

El Congreso aprobó la Ley de Seguro de Compensación para Trabajadores Marítimos y Portuarios (Longshore and Harbor Workers’ Compensation Act) para brindar compensación a determinados trabajadores de empleadores marítimos privados. La Oficina de Programas de Indemnizaciones a Trabajadores se encarga de aplicar esta ley.

La Ley de Beneficios por Neumoconiosis (Black Lung Benefits Act) brinda compensación para los mineros que sufren la enfermedad del “pulmón negro” (neumoconiosis).
La ley exige a los operadores de minas responsables que se encarguen de los pagos por incapacidad y crea un fondo, administrado por el Secretario de Trabajo, que brinda pagos por incapacidad cuando se desconoce quién es el operador de la mina o si éste no puede pagar. La Oficina de Programas de
Indemnizaciones a Trabajadores regula la aplicación de esta ley.

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Compensación por desempleo

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Compensación por desempleo

Los trabajadores que quedaron sin trabajo por motivos ajenos a su responsabilidad pueden recibir una compensación en dinero a través del seguro de desempleo. Los pagos se realizan durante un período determinado o hasta que la persona encuentra un nuevo trabajo. Sin la compensación por desempleo, los trabajadores se verían forzados a aceptar trabajos para los que están demasiado capacitados o a recibir asistencia social. Además, la compensación por desempleo se justifica para sostener el consumo durante los períodos de ajuste económico.

El seguro de desempleo se basa en un programa doble que combina leyes federales y estatales. La mayor parte del programa federal se implementa a través de la Ley Federal de Impuestos de Contribución para el Desempleo (Federal Unemployment Tax Act). Cada estado tiene un programa de seguro de desempleo diferente que debe ser aprobado por el Secretario de Trabajo según las normas federales. Los programas estatales están elaborados expresamente para ser aplicables a áreas reguladas por las leyes federales de los Estados Unidos. Existen requisitos federales especiales para las organizaciones no lucrativas y entidades del gobierno. Una combinación de leyes federales y estatales determina qué empleados son elegibles para recibir compensación, el monto que reciben y el período de duración de los beneficios.

Para financiar los sistemas de compensación por desempleo, los empleadores pagan impuestos federales y estatales. Generalmente, las contribuciones estatales de los empleadores se basan en el monto de los salarios pagados, el monto aportado para el fondo de desempleo y el monto destinado a los empleados despedidos. Los impuestos estatales que los empleadores estén obligados a pagar (y algunos créditos fiscales) pueden ser deducidos de los impuestos federales.

El dinero obtenido de los impuestos de desempleo se deposita en un fondo fiduciario de desempleo. Cada estado tiene una cuenta en el fondo donde deposita el dinero. El fondo tiene cuentas diferentes para los costos administrativos estatales y la compensación por desempleo extendida. Durante períodos de recesión económica, el gobierno federal brinda asistencia de emergencia para permitir que los estados extiendan la duración de los beneficios. Esto se logra por medio de una ley temporaria que autoriza a transferir dinero a un estado desde la cuenta extendida de compensación por desempleo. Generalmente, la capacidad de un estado de aprovechar este sistema de emergencia depende de que la tasa de empleo estatal o nacional alcance un determinado porcentaje.

Algunos estados brindan beneficios de desempleo adicionales a los trabajadores incapacitados.

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Pensiones

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Pensiones

Después del retiro, los trabajadores pueden continuar recibiendo compensación en dinero de su empleador por medio de una pensión. Los dos tipos principales de pensiones son el plan de beneficio definido y el plan de contribución definida.

En un plan de beneficio definido, el beneficio que recibe el empleado normalmente se basa en el tiempo de empleo y en el monto del salario. Los empleados no tienen una cuenta propia, porque el dinero se administra a través de un fideicomiso creado por el empleador. En un plan de contribución definida, el empleador realiza depósitos regulares en una cuenta que se abre especialmente para el empleado. El empleado no tiene la garantía de recibir un monto fijo durante su retiro, sólo el monto que esté en su cuenta.

Las pensiones están reguladas por la ley escrita federal. En respuesta a la administración incorrecta de los fondos de planes de beneficio definido, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (Employee Retirement Income Security Act). Todos los empleadores que realizan actividades de comercio interestatal y brindan planes de beneficio definido deben cumplir con las pautas de esta ley. La ley no se aplica a los planes de contribución definida.

Según esta la ley, los empleadores deben:

  • Brindar al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (U.S. Department of Labor o DOL, por sus siglas en inglés) y a sus empleados descripciones detalladas de los beneficios que recibirán.
  • Conceder a los empleados un porcentaje de los beneficios de jubilación después de haber trabajado una determinada cantidad de años o de haber alcanzado una determinada edad.
  • Proporcionar los fondos adecuados para el plan de pensión.

La ley estipula qué empleados deben recibir una pensión. También exige que el plan de pensión brinde beneficios a los familiares sobrevivientes después de la muerte del empleado. Además, la ley creó la Corporación de Garantía de Beneficios de Pensión (pensión Benefit Guaranty Corporation) para asegurar los planes de beneficio definido. Los empleadores deben pagar primas para que este seguro cubra sus planes. Son muchas las leyes que regulan la terminación de los planes.

Para motivar a los empleadores a brindar planes de pensión que cumplan con las pautas establecidas en el ámbito federal, tales como la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados, el Congreso aprobó una serie de reducciones de impuestos para los empleadores que las respeten. El Título 26 del Código de Impuestos Internos (Internal Revenue Code o IRC, por sus siglas en inglés) establece los requisitos que los empleadores necesitan para recibir tratamiento impositivo especial.

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Negociación colectiva


Negociación colectiva

Negociación colectiva se refiere a las negociaciones entre un empleador y un grupo de
empleados para establecer condiciones de empleo. El resultado de este
procedimiento es un convenio colectivo. En general, los sindicatos u otras organizaciones laborales representan a los empleados en la negociación. La negociación colectiva está regulada por las leyes escritas federales y estatales, por las normas de agencias administrativas y por las decisiones judiciales. En las áreas donde las leyes federales y estatales se superponen,las leyes estatales no tienen efecto.

El principal conjunto de leyes que regula las negociaciones colectivas es la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act o NLRA). Esta ley explícitamente otorga a los empleados el
derecho de realizar negociaciones colectivas y de unirse a sindicatos. Se aplica a la mayoría de los empleados y empleadores privados no agrícolas que realizan actividades en algún ámbito del comercio interestatal. Las decisiones y las normas de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board), que fue creada por la ley mencionada antes, complementan y definen, en gran medida, las estipulaciones de la dicha ley.

La ley establece procedimientos para seleccionar una organización laboral a fin de representar a un grupo de empleados en la negociación colectiva. La ley prohíbe a los empleadores interferir con dicha selección. También exige que el empleador negocie con el representante que los
empleados designen. Aunque no exige que ninguna de las partes acepte una propuesta o haga concesiones, establece pautas de procedimiento sobre las negociaciones de buena fe. Las propuestas que infringen esta u otras leyes no pueden someterse a la negociación colectiva. La ley también establece normas
sobre las tácticas (por ejemplo, huelgas, paros patronales, piquetes) que las partes pueden usar para realizar sus objetivos de negociación.

Las leyes estatales también regulan las negociaciones colectivas y realizan convenios colectivos aplicables según la ley estatal. También pueden brindar pautas para los empleadores y empleados que no están cubiertos por esta ley, como ocurre con los trabajadores agrícolas.

El arbitraje es un método para resolver conflictos que se utiliza como alternativa del litigio.Generalmente, es la forma elegida para resolver conflictos en los convenios colectivos entre empleadores y empleados. Las partes eligen a un tercero neutral (el árbitro) para realizar una audiencia, formal o informal, y tratar el motivo de desacuerdo. En la audiencia, el árbitro emite una decisión que es vinculante para las partes. Tanto la legislación federal como la estatal
regulan la práctica del arbitraje. Aunque la Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act), egún sus propios términos, no es aplicable a los contratos laborales, los juzgados federales aplican cada vez más la legislación en disputas laborales. Cuarenta y nueve estados han adoptado la Ley Uniforme de Arbitraje (Uniform Arbitration Act) como ley estatal. Por lo tanto, el acuerdo de arbitraje y la decisión del árbitro pueden ser aplicables conforme a la ley estatal y federal.

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La Ley Laboral

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La Ley Laboral

El objetivo de las leyes laborales es igualar el poder de negociación entre empleadores y empleados. Principalmente, estas leyes se ocupan de la relación entre los empleadores y los sindicatos. Las leyes laborales otorgan a los empleados el derecho de formar sindicatos; también permiten que empleados y empleadores participen en determinadas actividades (por ejemplo, huelgas, piquetes, pedidos de medidas cautelares, paros patronales) con el fin de satisfacer sus demandas.

El derecho laboral está regulado por la legislación federal, la estatal y por las decisiones judiciales. También está regulado por las normas y las decisiones de agencias administrativas. Los estados no pueden interferir con la ley federal escrita ni con las pautas dictadas por las agencias que fueron creadas conforme a leyes federales o a la Constitución.

En 1935, el Congreso, en ejercicio de su facultad de regular el comercio interestatal, aprobó la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act) con el fin de reglamentar las negociaciones entre empleadores y empleados, y las relaciones sindicales en toda la nación. La ley fue modificada en 1947 por la Ley de Relaciones Obrero-Patronales, también conocida como Ley Taft-Hartley (Labor Management Relations Act) y en 1959 por la Ley de Notificación y Divulgación de Información Obrero-Patronal, llamada también Ley Landrum-Griffen (Labor Management Reporting and Disclosure Act). La mayoría de los empleadores y empleados que realizan actividades relacionadas con el comercio interestatal deben cumplir con dicha ley. Ésta creó el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board) para ocuparse de los conflictos entre empleadores y empleados que surjan en el marco de la ley y para determinar qué organización laboral representa a determinado grupo de empleados.

Además, la ley crea un consejo general independiente para realizar investigaciones e iniciar acciones penales contra los infractores de la ley ante el Consejo. Igualmente, garantiza el derecho de los empleados a unirse a organizaciones laborales y a negociar en forma colectiva. La NLRA prohíbe a los empleadores y a los sindicatos participar en determinadas “prácticas laborales injustas” y crea, para ambas partes, la obligación de participar en negociaciones colectivas de buena fe. También establece pautas y normas para determinar qué sindicato representa a determinado grupo de empleados. La ley garantiza el derecho a huelga. Generalmente, si existe conflicto entre la ley y el Código de Quiebras, prevalece la ley.

Es posible que otras leyes federales o estatales regulen las relaciones de los empleadores y empleados que no estén sujetos a esta ley. La Ley de Trabajo en Ferrocarriles (Railway Labor Act o RLA, por sus siglas en inglés) regula las relaciones laborales en las industrias ferroviaria y de líneas aéreas. Los empleados y las agencias del sector público federal están sujetos a la Ley de Relaciones Laborales en el Sector Federal (Federal Service Labor-Management Relations Act), administrada por la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (Federal Labor Relations Authority).

La Ley Norris-LaGuardia se aprobó en 1932 con el objetivo de limitar el poder de los juzgados federales para emitir medidas cautelares que prohíban a los sindicatos participar en huelgas y otras actividades coercitivas.

Los estados regulan, en gran medida, las relaciones de negociación entre empleadores y empleados. También regulan a los empleados y empleadores que no están cubiertos por la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act).

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COMENTARIO: La Corte Suprema evita riesgos al rechazar la pena de muerte por violación de menores


OPINION: La Corte Suprema evita riesgos al rechazar la pena de muerte por violación de menores

Jeff Stanglin, J.D.

3 de julio de 2008

Indudablemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha inclinado hacia el conservatismo durante los últimos 20 años. Pero, los casos de pena de muerte representan, en gran parte, una excepción. En los últimos seis años, la Corte ha prohibido la ejecución de menores de edad y discapacitados mentales al dictaminar que dichas ejecuciones violan la prohibición de castigos crueles e inusuales establecida por la octava enmienda. Utilizando este mismo fundamento, en el caso Kennedy contra Louisiana, la Corte reprendió el 25 de junio a una asamblea legislativa muy impaciente al dictaminar que los estados no pueden ejecutar a una persona culpable de violar a un menor.

Este caso tendrá consecuencias de tamaño monumental. En primer lugar, la decisión de la Corte detuvo la ejecución pendiente de una persona culpable de un crimen que no produjo una muerte. En segundo lugar, evitará que el poder legislativo apruebe más leyes que autoricen la pena capital por delitos que no sean homicidios, lo cual hubiera sido la consecuencia inevitable si la Corte hubiera llegado a otra conclusión sobre este caso.

Los “originalistas” de la Constitución (aquellos que insisten que la Constitución tiene exactamente el mismo significado que hace 200 años) rechazan el análisis de la Corte en casos de pena de muerte. Esto se debe a que la razón de la Corte en prohibir ciertas ejecuciones depende de “los cambiantes estándares de la decencia que señalan el progreso de una sociedad en desarrollo”. Por lo tanto, lo que puede no haber sido considerado un castigo cruel e inusual en 1971 (cuando se ratificó la octava enmienda) puede serlo en la actualidad.

En consecuencia, el fallo de la Corte expresa la idea de que es atroz que el estado de una sociedad iluminada mate a una persona por un crimen que no produjo una muerte. La Corte expresó la misma idea en 1977 cuando se negó a condenar a pena de muerte a un hombre culpable de violar a una mujer adulta en el caso Coker contra Georgia.

Si la Corte hubiera fallado en forma diferente en el caso Kennedy, se hubiera comprometido la decisión de la Corte en el caso Coker. El poder legislativo hubiera tenido luz verde para aprobar leyes que impongan la pena de muerte por delitos que no son homicidio, argumentando a los constituyentes que la muerte es el castigo adecuado para una persona que comete cualquier crimen violento, independientemente de si implican violación u homicidio. Y con una corte conservadora, esas nuevas leyes podrían haber logrado la aprobación constitucional.

Sin embargo, afortunadamente la Corte ha establecido un límite y ha extendido el alcance de lo que rechaza la octava enmienda. Por lo tanto, al menos por ahora, el razonamiento de la Corte continúa siendo el mismo respecto de los casos de pena de muerte: se permite imponer la pena capital únicamente en los delitos de homicidio. Esto significa que los castigos deben ser adecuados para los delitos cometidos. Hasta que la Corte no dictamine que la octava enmienda no permite la pena de muerte en ningún caso (si es que alguna vez falla de esa forma), la pena capital debe reservarse para los homicidios más graves. No debe imponerse por otros delitos de acuerdo con las leyes que fueron escritas tras argumentos vehementes de los legisladores, quienes deben aparentar ser “severos respecto de los delitos” si quieren conservar sus puestos.

La violación es un acto atroz, y la violación de menores es aún peor. Suele generar traumas físicos y psicológicos irreparables que perduran en la víctima por el resto de su vida. Pero este caso no se trataba de la violación de menores. Se trataba de que la Corte reconociera que matar a una persona por un acto que no fuera homicidio implicaría una regresión en nuestros valores sociales y nos dejaría haciendo equilibrio al borde de una cuesta resbalosa y peligrosa.

Jeff Stanglin es un escritor independiente en Dallas. Previamente ejerció el derecho penal y el derecho de lesiones personales en Texas.

Referencias

Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).

Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002).

Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958).

Transacciones de bienes raíces

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Transacciones de bienes raíces

Las transacciones de bienes raíces están reguladas por las leyes federales, y la legislación y jurisprudencia estatal. Los requisitos establecidos por las leyes federales generalmente varían considerablemente de un estado a otro.

Los corredores de bienes raíces son contratados como representantes de un vendedor para localizar un comprador de la propiedad. El acuerdo puede ser abierto, en el que el corredor gana una comisión solamente después de encuentrar un comprador, o exclusivo, si el corredor es el único agente que tiene derecho a la comisión por encontrar un comprador.  En los acuerdos exclusivos, el corredor puede tener derecho a un pago aun en los casos en que el vendedor encuentre el comprador sin su ayuda. Los corredores y vendedores de bienes raíces tienen licencia y están regulados por la ley estatal. Las organizaciones profesionales también pueden establecer pautas adicionales.

La Ley Federal de Igualdad de Acceso a la Vivienda (Federal Fair Housing Act o FFHA, por sus siglas en inglés) prohíbe la discriminación en transacciones de bienes raíces por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad.

El acuerdo de venta entre el comprador y el vendedor de bienes raíces está regulado por los principios generales del derecho contractual. Las leyes sobre fraudes requieren que los contratos de propiedad inmueble se realicen por escrito.

En general, los contratos de bienes raíces exigen que el título de propiedad en venta sea comerciable. Esto quiere decir que el vendedor debe poseer prueba del título de la propiedad que está vendiendo, y no deben existir terceras partes con intereses ocultos sobre dicha propiedad.

Generalmente, el comprador emplea un abogado o una compañía de seguros de títulos inmobiliarios para investigar que el título de hecho sea comerciable. Las compañías de seguros de títulos inmobiliarios también aseguran  al comprador contra las pérdidas causadas por la invalidez del título.

Para aprobar el título, es necesario realizar una escritura con una descripción adecuada del terreno y trasmitir la propiedad. Algunos estados requieren que la escritura se registre oficialmente para establecer la posesión de la propiedad o dar aviso de su transferencia a futuros compradores.

El método más común para financiar las transacciones de bienes raíces es a través de una hipoteca.

 

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Derecho hipotecario

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Derecho hipotecario

Una hipoteca implica la transferencia de un derecho real como garantía para un préstamo u otra obligación. Es el método más común para financiar transacciones de bienes raíces. El derecho hipotecario está principalmente regulado por el derecho común y jurisprudencial de cada estado.

El deudor hipotecario es la parte que transfiere los derechos reales. El acreedor hipotecario, generalmente una institución financiera, es el proveedor del préstamo u otro interés otorgado a cambio de la garantía. Normalmente, una hipoteca se paga en cuotas que incluyen los intereses y el monto prestado. Si el deudor no paga, se produce la ejecución de la hipoteca, que permite al acreedor hipotecario exigir el pago inmediato del total de la deuda. Esto se concreta gracias a la cláusula de aceleración hipotecaria, que hace exigible el pago de la hipoteca. Muchos estados establecen cláusulas de aceleración y permiten al deudor realizar pagos atrasados para evitar la ejecución.

Si no se realizan los pagos una vez declarada la ejecución, se produce el embargo de la garantía y su venta para pagar la deuda hipotecaria. El proceso de ejecución depende de la ley estatal y de los términos de la hipoteca. Los procesos más comunes son los procedimientos judiciales (ejecución hipotecaria judicial) y la concesión al acreedor de la facultad para vender la propiedad (ejecución hipotecaria a través de un poder de venta).

Existen tres teorías sobre quién posee el título de la propiedad hipotecada. Elacreedor hipotecario tiene el título de la garantía (title theory). En la mayoría de los estados, sin embargo,el título permanece con el deudor hipotecario, a menos que se ejecute la propiedad hipotecada (lien theory). Eldeudor hipotecario posee el título de la propiedad hasta que se produce el incumplimiento del pago de la hipoteca y el título pasa al acreedor hipotecario (intermediate theory).

El deudor hipotecario y el acreedor hipotecario generalmente pueden transferir los derechos sobre la hipoteca. En algunos estados, cuando el comprador de una propiedad hipotecada no se hace cargo explícitamente de la hipoteca, se presume la transferencia. Algunas hipotecas tienen cláusulas para evitar la transferencia de hipotecas: unacláusula que exige el pago del crédito hipotecario para poder efectuar la venta del bien hipotecado (due-on sale) y una cláusula que impide gravar el bien hipotecado (due-on-encumbrance).  Estas cláusulas permiten la aceleración de la hipoteca. En 1982, el Congreso aprobó la ley Garn-St Germain Depository Institutions Act de1982 y las cláusulas adquirieron validez nacional.

Si la hipoteca ejecutada no es el único derecho de retención de la propiedad, la ley estatal establece la prioridad de los derechos de propiedad. Por ejemplo, el Artículo 9 del Uniform Commercial Code (UCC, por sus siglas en inglés) regula los conflictos entre las hipotecas constituidas sobre bienes inmuebles y los derechos de retención de los elementos fijos. Las hipotecas que son instrumentos negociables están reguladas por el Artículo 3 del UCC.

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