Ciudadanía

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Históricamente, los Estados Unidos han recibido y acogido a inmigrantes de todo el mundo. Luego de vivir con la residencia legal permanente, aproximadamente 700,000 inmigrantes optan por convertirse en ciudadanos estadounidenses cada año. Estos nuevos estadounidenses voluntariamente renuncian a su nacionalidad de origen, declaran lealtad a los Estados Unidos y prometen defender la Constitución para poder gozar de las libertades y los derechos que los demás estadounidenses poseen desde su nacimiento. La Corte Suprema estadounidense describe este proceso, comúnmente conocido como “naturalización”, como “el acto de adoptar a un extranjero y revestirlo con los privilegios de un ciudadano nativo”.

Para convertirse en ciudadanos, los candidatos deben cumplir con los requisitos de elegibilidad que establece el gobierno federal. Deben presentar una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services o CIS, por sus siglas en inglés) y asistir a una entrevista con un funcionario de inmigración. También deben aprobar un examen que pone a prueba sus conocimientos sobre la historia, el gobierno y la educación cívica estadounidenses, y su nivel de competencia en cuanto al idioma inglés. Por último, hacen un juramento mediante el cual declaran su lealtad a los Estados Unidos y prometen defender la Constitución.

Una vez finalizado este proceso, el ciudadano naturalizado obtiene la mayoría de los derechos y libertades de los ciudadanos estadounidenses nativos. Junto con varios nuevos privilegios, el ciudadano naturalizado también adquiere responsabilidades y obligaciones, como por ejemplo la de servir como jurado y votar en elecciones.

Asilo

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Asilo

El asilo es una condición que los Estados Unidos otorgan a los extranjeros que, luego de venir al país, solicitan al gobierno refugio de la persecución que han sufrido o por temor a la persecución en el país del que emigraron. El asilo es similar a la condición de refugiado, pero sólo se lo puede solicitar dentro de los Estados Unidos.

Para que una persona pueda adquirir la condición de asilo, debe ser un refugiado. Según el derecho estadounidense, un refugiado es un extranjero que:

  • Se encuentra fuera de su país de origen (o, en el caso de una persona apátrida, fuera de cualquier país en el que haya residido habitualmente) y
  • No puede o no desea regresar a ese país debido a la persecución o a un temor bien fundado de persecución por motivos de raza, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social

Un extranjero puede solicitar el asilo de dos maneras: afirmativamente ante el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security o DHS, por sus siglas en inglés) o defensivamente ante un juez de inmigración luego de que el DHS haya iniciado el proceso de repatriación (deportación). En ambos casos, las personas que solicitan asilo tienen derecho a que los represente un abogado, ya sea pagado por ellos o mediante una agencia sin fines de lucro. Tanto las solicitudes afirmativas como defensivas se realizan mediante el Formulario I-589.

Solicitudes afirmativas de asilo

Las determinaciones sobre las solicitudes de asilo afirmativas las toma un funcionario de asilo. Estos empleados capacitados del DHS realizan entrevistas no acusatorias (mediante el propio intérprete del solicitante, en caso de ser necesario). En la entrevista, el funcionario trata de determinar si el solicitante dice la verdad y si en realidad es un refugiado. Luego, el funcionario aprueba o rechaza la solicitud de asilo. Si el solicitante no se encuentra en una condición válida de inmigración, inicia los procedimientos para deportarlo.

El riesgo de rechazo y deportación implica que las personas que solicitan asilo afirmativamente deben estar conscientes de los siguientes motivos causales de rechazo:

  • El funcionario no está convencido de que el formulario I-589 se presentó dentro del plazo de un año luego de la llegada a los Estados Unidos del solicitante, y nada justifica legalmente el retraso.
  • El solicitante ha discriminado o perseguido a otras personas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado.
  • El solicitante ha sido condenado por un delito particularmente grave.
  • Luego de sufrir la persecución, el solicitante se estableció sólidamente en otro país antes de venir a los Estados Unidos.

Además de estos “impedimentos obligatorios” para obtener el asilo, hay tres causales de rechazo que suelen ser consecuencia de errores que se pueden evitar:

  • La descripción escrita u oral de los hechos que brinda el solicitante no es lo suficientemente detallada, los hechos escritos y orales se contradicen, o la historia simplemente no tiene sentido para el funcionario.
  • Lo que el solicitante sufrió no fue por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. Suele suceder que los solicitantes hacen demasiado hincapié en la gravedad del daño que han sufrido, en lugar de explicar en detalle por qué sufrieron la persecución. Los solicitantes también deben informar cómo es que conocen los motivos de su perseguidor.
  • El temor de persecución futura del solicitante no es bien fundado o no es razonable. Es común que los funcionarios de asilo rechacen las solicitudes si los solicitantes no intentaron obtener seguridad dentro de su propio país antes de emigrar, o si no explican por qué esto no fue posible.

Solicitudes defensivas de asilo

Independientemente de que se haya presentado o no una solicitud afirmativa, un extranjero que se encuentre en el proceso de deportación tiene derecho a presentar una demanda de asilo ante un juez de inmigración. Los criterios para otorgar el asilo según esta demanda son los mismos, pero el proceso es diferente.

  • El que adjudica el asilo es un juez.
  • Un abogado del Departamento de Seguridad Nacional está presente para contrainterrogar al solicitante.
  • El solicitante puede convocar a testigos.
  • El tribunal proporciona los servicios de intérprete.

En el caso de aquellos extranjeros que no califican para el asilo (por ejemplo, porque no cumplieron con la fecha de presentación de la solicitud), el juez puede otorgarles protección contra la deportación, que es similar al asilo pero no tiene los mismos beneficios. En ese caso, el extranjero puede ser elegible para una suspensión de deportación. Esta suspensión le prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional enviar al extranjero de regreso a un país en el cual, según el criterio del juez de inmigración, es más que probable que sufra persecución. Las personas a quienes se les otorga la suspensión tienen derecho a un permiso de trabajo renovable pero no pueden irse de los Estados Unidos ni conseguir la residencia a menos que un empleador o familiar elegible presenten una petición en su nombre, y tanto el departamento como el juez estén de acuerdo en reabrir el caso.

Asimismo, la Convención contra la Tortura protege a aquellos que convencen al juez de que sufrirán tortura si regresan a su país de origen. Este recurso se presenta de dos maneras: suspensión según la convención (similar a la suspensión establecida por ley, arriba descripta) y aplazamiento de deportación que es la simple protección contra la deportación. La suspensión según la convención (otorgada mayormente a los extranjeros condenados por determinados delitos) no necesariamente le otorga al solicitante el derecho a liberarse de la detención.

En comparación con los beneficios de la suspensión y la convención, el asilo es generoso.

  • Un asilado tiene derecho a ser empleado independientemente de si porta o no un permiso de trabajo.
  • Los asilados pueden solicitar un documento de viaje para refugiados e irse de los Estados Unidos con este documento. (Pero dicha partida puede tener como consecuencia que el asilado se vuelva inadmisible si éste se encontraba ilegalmente presente antes de obtener el asilo).
  • Si los asilados presentan una solicitud ante una agencia calificada de reubicación de refugiados luego de recibir el asilo, pueden solicitar beneficios sociales como subsidios para viviendas y seguro médico.
  • Un año luego de obtener el asilo, los asilados pueden solicitar la residencia.

La condición de asilo puede finalizar si el solicitante regresa al país del cual solicitó refugio o si se lo condena por una actividad delictiva.

El procedimiento del sistema de justicia penal

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En el sistema de justicia penal estadounidense, los que han sido detenidos y formalmente acusados de un delito generalmente pasan por tres fases: la policía o la aplicación de la ley, el juicio y las correcciones o el encarcelamiento.

  • Policía o autoridad encargada de aplicacar la ley
  • Sistema judicial
  • Cárcel o prisión

Etapa: policía u autoridad encargada de aplicar la ley

Típicamente, un oficial de policía o funcionario de otra agencia policiaca del gobierno similar no sabe que se ha cometido un delito hasta que un ciudadano denuncia el hecho. En algunos casos, antes de que una persona sea formalmente arrestada, se requiere una orden de arresto basada en una causa probable. Un magistrado neutral debe aprobar la orden, ya que ésta constituye el fundamento legal para arrestar a dicha persona.

Después del arresto, la persona es registrada, lo cual, generalmente, consiste en la toma de fotografías, huellas digitales y solicitud de información personal.

Si no se presentan cargos, el acusado queda en libertad.
Si se presentan cargos, es posible que la persona acusada sea elegible para participar en un programa de desviación apropiado, como el de rehabilitación del alcoholismo. Sin embargo, si la persona participa en este tipo de programa y no sigue sus normas, se le continuará procesando en la siguiente etapa del sistema de justicia penal. En este punto, la persona acusada pasa por ambos, la etapa policial y la etapa judicial inicial del sistema de justicia penal.

Etapa del sistema judicial

Horas después de ser arrestada, la persona acusada es llevada ante un juez o magistrado donde se le informa si recibirá el derecho a ser liberada, antes del juicio, bajo caución juratoria o después de pagar una fianza. Los tribunales deciden si se requerirá una fianza y cuál será su monto basándose en la gravedad del delito de cual es acusado, el riesgo de que el acusado se fugara para evitar el juicio y los antecedentes penales del acusado. En muchos casos, a las personas acusadas, especialmente aquellas adineradas y conocidas, también se les pide que entreguen su pasaporte al tribunal. Si el acusado no tiene abogado, el tribunal le designará uno quien será pagado por el estado.

En seguida, el acusado deberá presentarse en una audiencia preliminar o interrogatorio, en la cual el juez decide si se cometió algún delito y si existe la posibilidad de que el acusado lo cometió. Según el estado donde se presenten los cargos, el fiscal puede realizar una acusación formal como resultado de la audiencia preliminar. O, en unos estados, puede solicitar que se convoque al Gran Jurado para formalizar la acusación contra el acusado.

Una vez que el fiscal o el Gran Jurado hacen una acusación formal, el acusado se presenta en una audiencia donde se le establece una fianza o se le ordena la detención. Aunque generalmente la fianza se otorga en los casos de delitos menores, no ocurre lo mismo cuando los delitos son cometidos con violencia considerable o con intención premeditada.

Luego, el acusado debe enfrentar la audiencia de presentación formal de cargos, durante la cual se le informa sobre los cargos en su contra, según la acusación formal presentada por el fiscal o el Gran Jurado. En ésta sesión, el acusado debe declararse culpable, inocente, o “nolo contenderé” lo cual significa que ni se opone ni acepta la acusación. Si el juez cree que el acusado no fue sincero al declarar su culpabilidad, quedará registrado, en cambio, que se declaró inocente.

La mayoría de las personas acusadas de un delito aceptan un convenio de declaración de culpabilidad propuesto por el fiscal y no llevan su caso a juicio. Sin embargo, la sexta enmienda de la Constitución estadounidense garantiza a toda persona acusada el derecho a un juicio por jurado, en caso de que el delito que se le imputa sea más que un delito menor.

Juicio

Si el acusado elige ir a juicio, las normas de procedimiento penal regirán la manera en que éste se llevará a cabo.

Durante el juicio, los acusados tienen el derecho a enfrentar a los testigos que declaren en su contra y a obligar a presentarse a aquellos testigos que declaren a su favor. La quinta enmienda otorga a todo acusado el derecho a negarse a declarar contra sí mismo. Si la persona acusada no puede pagar un abogado, el tribunal le designará uno.

En el juicio, las partes pueden presentar solamente pruebas pertinentes y no tendientes a crear prejuicios respecto del acusado (p. ej. testigos, fotografías, cartas). Las pruebas documentales deben estar autenticadas y la declaración de los testigos debe considerarse creíble.

El acusador publico tiene la obligación de presentar un caso que demuestre y convenza al jurado que el acusado es culpable “más allá de toda duda razonable.” Si el acusado es declarado inocente, ésta sería la última etapa del sistema de justicia penal. Queda libre. Por otro lado, si el acusado es condenado por uno o más delitos, permanecerá en prisión hasta que se le dicte condena o hasta ser puesto en libertad bajo fianza.

 

Imposición de condena

Algunos jueces les solicitan a los funcionarios encargados de controlar la libertad probatoria los informes previos a la condena. Estos documentos ayudan a los jueces a informarse sobre los antecedentes sociales del acusado, las explicaciones legítimas de su comportamiento y sus antecedentes penales.

Aunque en el caso de algunos delitos se requiere la aplicación de una condena obligatoria, los jueces poseen facultad discrecional al dictar una condena. En un juicio, las personas condenadas tienen derecho a presentar su declaración durante la etapa de imposición de condena.

Una vez que el juez haya decidido dictar una o más penas, determinará si las aplicará concurrentes o consecutivamente. Algunas de las personas que cometen un delito por primera vez y las que cometen delitos menores pueden ser elegibles para la libertad probatoria, la cual consiste en suspender la condena en prisión y, de este modo, se le permite al acusado regresar a la comunidad bajo supervisión o sin ésta.

 

Apelación

El acusado que no se declara culpable durante el juicio siempre tiene el derecho a apelar la sentencia. Sin embargo, la fiscalía no siempre lo tiene. Si el juez emitió el veredicto en el juicio, el parámetro de revisión en una apelación es el “abuso de facultad discrecional”. Esto significa que la decisión del juez será revocada sólo si éste claramente abusó de dicha facultad.

Si un jurado emitió el veredicto en el juicio, el tribunal de apelaciones revisará todas las peticiones, previas y posteriores al juicio, a fin de determinar si se garantizará un nuevo juicio.

 

Etapa de prisión o encarcelamiento

Aunque muchos acusados apelan sus condenas, casi todos (excepto algunos delincuentes de crímenes financieros) son encarcelados durante el tiempo que les lleva apelar su caso.

Comúnmente, los delincuentes condenados son asignados a la cárcel o prisión según la naturaleza de los delitos que cometieron y sus antecedentes penales en general. Si es posible, los presos son asignados a cárceles cerca de sus familias.

Cuando un preso cumple una sentencia con buena conducta, es posible que pase a ser elegible para la libertad condicional. Cuando un preso adquiere la libertad condicional, es liberado condicionalmente de prisión, pero no de la custodia legal. Si el delito fue violento, los familiares de la víctima, con frecuencia, asisten a las audiencias de libertad condicional donde se les permite declarar su oposición a la liberación del preso.

El Instituto de Información Legal de la Universidad Cornell en Ithaca, NY ofrece una lista con vínculos a los codigos penales de cada estado.

Derechos fundamentales del acusado

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Los derechos más elementales del acusado se detallan en las primeras diez enmiendas de la Constitución estadounidense. Esta parte de la Constitución se conoce como el “Bill of Rights.”

La cuarta enmienda describe algunas de las protecciones más importantes. Aquí se establece que las personas están protegidas contra los allanamientos y las confiscaciones injustificadas de parte del gobierno. Además, dispone que la policía no puede emitir una orden de arresto sin tener causa probable y que no “estén ratificadas mediante juramento o declaración solemne, y describan específicamente el lugar que debe ser allanado y las personas o cosas que han de ser detenidas o confiscadas”.

La quinta enmienda otorga a las personas no sólo el derecho a negarse a incriminarse a sí mismas, sino también el de presentarse ante un gran jurado. Además, garantiza que ninguna persona puede ser acusada dos veces del mismo delito “ni ser privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal”.

La sexta enmienda garantiza el derecho a un juicio frente a un jurado de pares en una manera oportuna. También establece que el acusado “debe ser informado sobre la naturaleza y causa de la acusación” que está enfrentando. Entre otras protecciones de la sexta enmienda estan: el derecho a enfrentar a testigos que declaren en contra del acusado; el derecho a que se “se obligue a presentarse” a aquellos testigos que han de declarar a favor de éste, y el derecho a contar con el consejo de un abogado.

La séptima enmienda garantiza un juicio por jurado en determinadas circunstancias, y la octava enmienda prohíbe la imposición de fianzas excesivas o castigos que sean crueles e inusuales.

Todos estos derechos se reinterpretan constantemente. Y, en algunos casos, se amplían o se limitan, según las nuevas decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Uno de los casos más importantes de la Corte Suprema que garantiza los derechos fundamentales de una persona acusada es el de Miranda contra Arizona. Con ésta decisión, la Corte declaró que, al arrestar una persona, el oficial de policía debe de explicarle sus derechos, conocidos en inglés como “Miranda Rights“, informándole lo siguiente:

  • Tiene derecho a permanecer callado.
  • Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal.
  • Tiene derecho a ser representado por un abogado.
  • Si no puede pagar un abogado, se le designará uno.

Argumentos de defensa

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Argumentos de defensa

Coartada: a diferencia de otros argumentos de defensa importantes, la coartada se basa en el argumento de inculpabilidad. Mediante una coartada, la parte acusada asegura que puede presentar pruebas o declaraciones de testigos que demuestran su ausencia en la escena del delito del que se la acusa.

Causal de justificación: la defensa basada en causales de justificación se funda en el argumento de que, si bien la parte acusada participó en el acto, definido como delito, no tenía más opción que actuar de la manera en que lo hizo, para poder minimizar sus propias pérdidas o las de otra persona.

Entre las causales de justificación se encuentran: los argumentos de legítima defensa, defensa de otras personas, estado de necesidad, necesidad de resistirse a un arresto que razonablemente se cree ilegal, consentimiento y necesidad de defender el hogar o bienes propios de intrusos. En el caso de legítima defensa, con frecuencia, los tribunales toman en consideración si el acusado empleó lo que se llama ¨fuerza razonable¨. Generalmente, el empleo de fuerza susceptible de causar la muerte se justifica únicamente si la vida propia o la de un miembro de la familia está bajo amenaza directa.

Causal de exención de responsabilidad penal: si una defensa se basa en una causal de exención de responsabilidad penal, significa que el acusado admite haber cometido el delito, pero no pudo evitarlo. Algunos ejemplos comunes de causales de exención de responsabilidad penal son: demencia, incapacidad mental, coacción, edad, error, intoxicación involuntaria, pérdida del conocimiento y capacidad disminuida. Aunque el argumento de demencia es comúnmente utilizado, los tribunales y jueces exigen pruebas contundentes que la comprueben.

Irregularidad procesal: cuando los acusados alegan alguna irregularidad procesal, están argumentando que fueron significativamente discriminados por algún miembro del sistema de justicia penal, o que una o más normas procesales importantes no fueron cumplidas. Esto significa, por consecuencia, que se le negó el debido proceso legal y se violó un derecho fundamental. De este modo, los acusados intentan obtener la exención de toda culpa. Algunos ejemplos de irregularidad procesal son: inducción dolosa; excepción de cosa juzgada; impedimento al nuevo juzgamiento de ciertas cuestiones; enjuiciamiento selectivo; fraude de parte de la fuerza policial; incumplimiento del deber de brindar un juicio sin demora y violaciones en el curso del proceso.

Clasificaciones de los delitos

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Clasificaciones de los delitos

Cada año, el FBI hace una recopilación uniforme de datos sobre el crimen en los Estados Unidos y publica estadísticas de los distintos delitos como parte del programa llamado Uniform Crime Reporting (UCR). Los informes no solo brindan estadísticas útiles, sino también clasificaciones y definiciones de los delitos. El programa UCR categoriza los delitos graves como “Delitos de la Parte Uno” y los delitos menos graves como “Delitos de la Parte Dos”.

Delitos de la Parte Uno

Delitos de violencia contra las personas

  • Agresión agravada: ataque ilegal a otra persona para causarle lesiones corporales severas o muy graves. Generalmente, este tipo de ataque es acompañado con un arma o cualquier otro medio con probabilidad de producir la muerte o un daño físico grave. El intento de agresión agravada, que implica el uso o la amenaza de usar un arma de fuego, un cuchillo o cualquier otro tipo de arma, se incluye dentro de esta categoría de delito, ya que es probable que la persona atacada resulte gravemente lesionada.
  • Asesinato: acción de matar a una persona intencionalmente.
  • Robo (robbery, en inglés): acción de quitar o intentar quitar algo de valor a una persona por la fuerza o amenazándola con usar fuerza o violencia. En este tipo de robo, una víctima está presente mientras ocurre el crimen.
  • Violación con uso de violencia: el “acceso carnal con una mujer por la fuerza y contra su voluntad”. El UCR incluye las agresiones y los intentos de cometer violación por la fuerza o la amenaza de usar la fuerza, pero excluye la violación de menores (sin empleo de la fuerza) y otros tipos de delitos sexuales. El UCR recolecta únicamente información sobre violación de mujeres.

Delitos contra la propiedad

  • Hurto (larceny-theft, en inglés): acción de tomar ilegalmente algo ajeno (p. ej. apropiarse de una bicicleta o tomar partes de automóviles, llevarse mercancía de una tienda sin pagarla o agarrar carteras de bolsillo) sin empleo de la fuerza, violencia o sin cometer fraude. También se incluye el intento de hurto.
  • Hurto de vehículos motorizados: el hurto o el intento de hurto de un vehículo.
  • Incendio intencional: acción de quemar o intentar quemar una casa, edificio público, vehículo motorizado, aeronave o propiedad personal, deliberada o maliciosamente, con o sin la intención de estafar.
  • Violación de domicilio: acción de entrar ilegalmente a una propiedad para cometer un delito o hurto. No implica necesariamente ingresar por la fuerza.

Delitos de la Parte Dos

  • Adulteración de documentos: la adulteración de documentos implica crear o alterar un documento escrito de manera tal que los derechos de otra persona quedan comprometidos. La falsificación consiste en realizar copia o imitación de un objeto sin autorización y hacer pasar dicha copia como si fuera el objeto genuino u original. Aunque en la mayoría de los casos la falsificación está relacionada con el dinero, también puede aplicarse a las prendas de vestir y los accesorios fabricados para aparentar que son productos de diseño original.
  • Armas (portación ilegal, etc.): el hecho de portar un arma oculta sin la licencia o el permiso correspondiente; obtener un arma, una licencia o municiones de manera fraudulenta; o poseer un tipo de pistola o arma de asalto cuya propiedad, portación o cuyo uso no esté autorizado al público.
  • Conducir en estado de ebriedad o intoxicación: acción de manejar un vehículo bajo los efectos de alcohol o drogas. Cada estado establece el nivel de alcohol en sangre permitido para los conductores.
  • Conducta contraria al orden público: comportamiento que constituye una amenaza potencial para uno mismo o para otras personas. A veces, las leyes que regulan este tipo de conducta se superponen con las leyes de ebriedad en público.
  • Delito contra la familia (incumplimiento de la obligación de manutención, etc.): el que comete uno de los padres, o ambos, al no sustentar a sus hijos.
  • Delito sexual (violación de menores, etc.): el que comete un adulto al mantener relaciones sexuales con un niño o adolescente que no tiene capacidad legal para dar su consentimiento.
  • Desfalco: apropiación indebida de dinero o bienes que una persona tiene a su cargo para uso y beneficio personal.
  • Ebriedad en público: estar ebrio en público durante un tiempo prolongado. Cada estado establece los niveles de alcohol en sangre que regulan este tipo de violación. Las leyes también disponen cuándo y dónde las personas tienen permitido llevar bebidas alcohólicas en envases abiertos.
  • Fraude: acto de engañar intencionalmente a una persona para obtener maliciosamente la posesión o el control de su dinero, bienes o derechos específicos.
  • Fuga: en general, los estados clasifican el acto de huir del hogar como un delito que resulta de un estado o condición, especialmente cometido sólo por menores de edad. El objetivo del programa Amber Alert del Departamento de Justicia es ayudar a las comunidades a comenzar la búsqueda de niños ante la sospecha de que se encuentran en peligro y que no han dejado su hogar de manera voluntaria.
  • Juegos por dinero ilegales: aquellos prohibidos por la ley, ya sea local, estatal o federal. Aunque en muchos estados los juegos por dinero están permitidos, las personas deben asegurarse de participar sólo en aquellos tipos de juegos que sean legales en los condados específicos donde éstos se permiten. La participación en estos juegos ilegales por Internet crea un obstáculo para los funcionarios encargados de aplicar la ley.
  • Propiedad robada (tráfico de): el hecho de vender o comprar bienes que han sido robados a otra persona o entidad.
  • Prostitución y delitos relacionados: el ofrecimiento de favores sexuales a cambio de dinero, drogas u otros bienes, o el hecho de brindar dichos favores.
  • Intento de agresión no agravada: el intento de ocasionar daño físico a otra persona estando ésta consciente del hecho. La agresión constituye un acto ilícito, el cual puede ser civil o penal, y la sanción correspondiente puede ser un castigo penal, o bien una indemnización por daños. “Violencia física contra una persona”, en general, se define como el hecho de tener un contacto físico con ésta ilícitamente. Sin embargo, en muchas jurisdicciones, no se tiene en cuenta esta distinción.
  • Vagabundeo: situación de quien no mantiene una dirección postal verificable y que pasa gran parte del tiempo deambulando en público.
  • Vandalismo: el acto de dañar o alterar la propiedad pública o privada sin permiso.
  • Violación de las leyes relacionadas con la venta de alcohol: la venta de bebidas alcohólicas sin licencia válida o la falta de control de la identificación de toda persona que desea comprar alcohol en un establecimiento.
  • Violación de leyes sobre drogas: violación de cualquier ley sobre drogas, ya sea local, estatal o federal, que prohíba la tenencia o venta de drogas específicas o de objetos relacionados con el consumo de drogas.
  • Violación del toque de queda/vagancia: a veces, la violación del toque de queda se clasifica como un delito que resulta de un estado o condición (un delito cometido sólo por menores de edad). La vagancia implica quedarse en un lugar determinado por un tiempo excesivo, sin poder justificar la presencia de uno en dicho lugar al ser interrogado por las autoridades. En general, la vagancia se comete junto con la violación del toque de queda.

Delitos nuevos o destacados

  • Crimen organizado: actualmente el crimen organizado, en general, implica la participación de pandillas callejeras locales; sin embargo los carteles internacionales de narcotráfico continúan ejercitando el contrabando de gran cantidad de drogas a los Estados Unidos. Muchos de estos grupos también son responsables de transportar por contrabando a los inmigrantes ilegales a este país.
  • Crimen de finanzas: según una teoría legal llamada “Doctrina de identificación”, las empresas pueden ser condenadas como entidades legales en conformidad con varias leyes penales. En un intento de combatir más a fondo este tipo de fraude, el presidente Bush firmó la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 (Sarbanes-Oxley Act). Esta ley establece sanciones para aquellos que intenten cometer fraude contable.
  • Crimen motivado por prejuicios: aquellos delitos cometidos contra una persona debido a su raza, religión, origen étnico, orientación sexual u otras características personales. Las estadísticas del crimen motivado por prejuicios se encuentran en el reporte anual del FBI.
  • Robo de identidad: el uso ilegal de información personal de otra persona (p. ej. el número del seguro social, información de la licencia de conducir, el número de tarjeta de crédito) para obtener ganancias económicas. En mayo de 2006, el presidente Bush convirtió el Decreto 13,402 en ley, que autoriza el uso de recursos federales para combatir este delito, cuya incidencia es cada vez mayor.
  • Terrorismo: el uso o amenaza de usar violencia contra la población civil para cumplir objetivos políticos o ideológicos.

 

Para más información sobre los delitos descritos, consulte el índice del Departamento de Justicia Federal (U.S. Department of Justice o DOJ, por sus siglas en inglés).

Conclusión o terminación de la relación laboral

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Conclusión o terminación de la relación laboral

Independientemente de estar buscando un nuevo trabajo o haber sido despedido, intente obtener copias de lo siguiente, a fin de proteger sus intereses futuros:

  • Copia del manual de empleados.
  • Copia de su contrato laboral, si corresponde, previamente firmado y fechado por usted y su empleador.
  • Una descripción escrita de sus responsabilidades en el puesto cuando comenzó a trabajar y una descripción de su puesto más reciente , si sus tareas cambiaron antes de dejar el empleo.
  • Una declaración escrita y firmada especificando las razones por las cuales dejó el empleo. Esto es importante, ya que puede determinar:
    • Si le pagarán seguro de desempleo.
    • La información que se les dará a futuros empleadores con respecto al motivo por cual usted dejó su trabajo.
    • Qué beneficios como empleado le corresponderán al dejar de trabajar, por ejemplo, la cobertura de seguro médico, días de ausencia acumulados y los fondos depositados en un plan 401(k), una pensión u otro programa.
  • Copias de todo el material en su archivo de personal que le entregue su empleador. Si se lo permiten, asegúrese de obtener documentación con respecto a lo siguiente:
    • Sus salarios pagados
    • Beneficios de los empleados
    • Ascensos
    • Evaluaciones de su rendimiento laboral
    • Declaraciones hechas por escrito y firmadas por sus supervisores o compañeros de trabajo.
    • Bonificaciones pagadas o prometidas.
  • Copia de todo contrato de terminación o desvinculación laboral que haya firmado. Si tiene alguna duda, trate de abstenerse de firmar cualquier contrato antes de consultar a un abogado. No querrá poner en peligro sus futuros derechos.
  • Copia de todo acuerdo de ‘no competir’. Éste puede incluir un documento o contrato que estipule que usted no buscará un empleo similar durante un determinado período ni competirá de una manera específica durante un plazo establecido.
  • Copia de los memorandos o correos electrónicos enviados a usted, o por usted, durante el tiempo que trabajó, siempre que su empleador no le haya prohibido realizar dichas copias, conforme a las normas de confidencialidad. En este aspecto, es posible que un abogado le ayude a determinar cuáles copias puede hacer y cuáles no. El objetivo es protegerse a sí mismo y contar con vasta prueba que respalde cualquier futura demanda legal en caso de que su ex empleador se comporte injustamente con usted.

Todo este material podrá resultarle útil, si en el futuro usted necesitara:

  • Entablar una demanda por despido ilegítimo.
  • Iniciar una acción legal contra su ex empleador por cuestionar indebidamente el hecho de recibir beneficios del seguro de desempleo.
  • Entablar una demanda por discriminación laboral.
  • Iniciar una acción legal como consecuencia de que su empleador no le haya pagado los beneficios pendientes que le corresponden, incluso su último cheque de pago.
  • Entablar una demanda sobre la base de cualquier otra ley estatal o federal vigente que usted crea que su empleador violó durante la terminación de la relación laboral.

Seguro de desempleo

Ya sea que usted deje su empleo por elección propia o no, debe pedirle a su empleador que haga constar por escrito la razón por la cual usted deja de trabajar. Usted no puede recibir beneficios del seguro de desempleo si su empleador declara que fue despedido por flagrante mala conducta. Asimismo, si usted deja el empleo porque, si se queda, su salud o bienestar general estarán en riesgo , deberá probar más adelante, a fin de recibir beneficios, que sus razones eran apremiantes.

Elegibilidad

  • Según el Departamento de Trabajo Federal (U.S. Department of Labor o DOL, por sus siglas en inglés), la elegibilidad para el seguro de desempleo, el monto de los beneficios y el tiempo durante el cual dispondrá de éstos están determinados por la ley estatal conforme a la cual se establecen las demandas del seguro de desempleo.
  • La elegibilidad para recibir los beneficios del seguro de desempleo se basan en dos factores:
    • Debe cumplir con un requisito en relación con el salario percibido o el tiempo trabajado durante un período establecido por el estado, conocido como el “período base”. En la mayoría de los estados, generalmente, esto significa haber trabajado durante los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres calendario que haya completado antes de presentar su reclamo.
    • De acuerdo con la ley estatal, debe determinarse que usted se encuentra desempleado por causas ajenas a su responsabilidad.

La mayoría de los estados pagan beneficios del seguro de desempleo durante un período máximo de 26 semanas. Generalmente, sus beneficios se basan en un porcentaje de los ingresos percibidos durante un período reciente de 52 semanas, hasta un monto máximo establecido por el estado.

Leyes laborales estatales y amparo legal del gobierno federal

Las leyes laborales de su estado pueden otorgarles derechos importantes a los empleados. El gobierno federal brinda derechos básicos a los trabajadores que dejan el empleo.

  • El derecho a continuar con el seguro médico conforme al programa de seguro de COBRA. Según COBRA, usted puede pagar el costo total de su seguro de salud conforme al plan de su ex empleador durante aproximadamente 18 meses. Es posible que la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (Health Insurance Portability and Accountability Act) le permita la adquisición de cobertura individual en caso de que la cobertura grupal de salud no esté disponible y usted haya agotado la cobertura COBRA u otra cobertura de continuación.
  • El derecho a recibir cualquier pago atrasado que su empleador aún le deba.
  • El derecho a recibir su cheque de pago en tiempo y forma. Si usted deja el empleo de manera voluntaria, muchos estados le permiten al empleador esperar hasta el próximo día de pago programado para pagarle. Si su empleador rescinde el empleo por algún motivo distinto al de flagrante mala conducta, podrá recibir el pago antes.
  • El derecho a recibir ciertos fondos del plan 401(k) o los fondos de una pensión que sean exigibles. La ley federal exige que ciertos planes de empleadores paguen los beneficios de jubilación en el momento en que la persona cumple la edad de jubilarse. Pero muchos planes, entre ellos los 401(k), en algunas circunstancias, permiten realizar el pago antes.

Si usted no está cubierto por las disposiciones anteriores con respecto al plan 401(k) ni por ninguno de los diferentes programas de jubilación disponibles al dejar un empleo, debe consultar la legislación sobre derecho laboral de su estado. De lo contrario, es probable que esté obligado a actuar según el manual de empleados de la compañía para la cual trabajó.

Es recomendable que verifique en su contrato laboral, manual de empleados o ley estatal si le corresponde recibir algún pago acumulado por ausencia médica que usted no usó, bonificación o vacaciones pendientes(siempre y cuando usted no sea empleado del gobierno federal con derechos contractuales). Posiblemente pueda negociar con su ex empleador un contrato de cese de la relación laboral que le garantice algunos o todos sus beneficios exigibles a cambio de su renuncia a ciertos derechos futuros.

Demandas por despido ilegítimo

Las demandas por despido ilegítimo pueden basarse en muchos tipos de problemas o circunstancias que surjan en el lugar de trabajo. Algunos demandantes han alegado, con éxito, haber sido despedidos ilegítimamente ante los siguientes hechos o circunstancias:

Visas para víctimas de violencia doméstica

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Ley de violencia contra la mujer

El Congreso aprobó la Ley de violencia contra la mujer (Violence Against Women Act o VAWA por sus siglas en inglés), en parte, para ayudar a las víctimas de violencia doméstica a adquirir el estado de residente permanente por sí solas y no a través del familiar ciudadano o residente permanente culpable del maltrato.

Las personas elegibles para una visa son:

  • Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en los Estados Unidos que son maltratados de parte de su pareja. También pueden incluirse en la solicitud los hijos solteros menores de 21 años de edad de dichos cónyuges, independientemente de haber sido maltratado o no.
  • Los padres de hijos solteros que han sido maltratados por el padrastro o la madrastra ciudadanos o residentes permanentes. También pueden incluirse en la solicitud los otros hijos solteros menores de 21 años de edad de dichos padres, independientemente de haber sido maltratado o no.
  • Los hijos solteros menores de 21 años de edad que han sido maltratados de sus padres ciudadanos o residentes permanentes. También pueden incluirse en la solicitud los hijos solteros menores de 21 años de edad de los hijos antes mencionados, independientemente de haber sido maltratados o no.
  • Los padres que han sido maltratados por sus hijas o hijos adultos ciudadanos de los Estados Unidos.

Las peticiones conforme a la ley se presentan ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (U.S. Citizenship and Immigration Service o CIS por sus siglas en inglés). El solicitante debe presentar documentación exhaustiva que pruebe que fue víctima de maltrato.

Requisitos para presentar la petición:

  • Prueba de la condición de inmigrante del agresor. La forma más común de probar la condición de inmigrante de esta persona es presentando una copia de su certificado de nacimiento, pasaporte, certificado de naturalización o tarjeta de residencia permanente.
  • Prueba de parentesco entre el agresor y la persona indocumentada. Esto puede incluir documentos como un certificado de matrimonio, certificado de nacimiento y decreto de divorcio.
  • Prueba del maltrato y del efecto que esto haya producido en la persona indocumentada. En general, esto incluye informes policiales, informes de arresto, órdenes de protección, órdenes de alejamiento, documentos judiciales, registros médicos, facturas emitidas por médicos y/u hospitales, fotografías, informes periodísticos, cartas de abogados o proveedores de servicios sociales y cartas de aquellas personas que tuvieron conocimiento del maltrato en el momento en que ocurrió.
  • Prueba del ‘‘buen carácter moral’’ de la persona indocumentada. CIS exige que el solicitante adquiera un certificado de antecedentes penales de todas las ciudades en las que vivió durante más de seis meses en los últimos tres años.

Resulta difícil realizar una petición de carácter contundente debido a la naturaleza y el alcance de las pruebas requeridas por el gobierno. Además, la necesidad de documentar el maltrato puede provocar que la víctima sufra los recuerdos dolorosos. La terapia puede ayudar al familiar que ha sido maltratado a resolver los efectos de largo plazo causados por el abuso.

Si la petición es aprobada, el cónyuge, hijo o el padre o la madre que fue maltratado puede solicitar la residencia permanente. La historia de cada solicitante determinará si éste puede solicitar un cambio de estatus de inmigratoria, y cómo y cuándo podrá hacerlo. Mientras la persona espera su oportunidad de solicitar la residencia permanente, se le otorga el estado de acción diferida (deferred action). Al concedérsele este estado, la persona no puede ser deportada y puede solicitar una autorización de empleo.

OPINION: Derechos de matrimonio y el mito de los jueces activistas


OPINION: Derechos de matrimonio y el mito de los jueces activistas

Por Linda Holmes, abogada

Ayer fue el primer día en que las parejas del mismo sexo tuvieron permiso para casarse en California. La decisión de la Corte Suprema de California que les otorga este derecho, denominada imparcialmente En referencia a casos de matrimonio, ha iniciado (o reiniciado) debates sobre la privacidad, la familia y los derechos civiles. Pero también ha iniciado otra ronda de discusiones sobre los “jueces activistas”.

En este caso, la Corte concluyó que la ley de California que otorgaba a las parejas del mismo sexo casi todos los mismos derechos legales que a las parejas heterosexuales, pero denominaba “matrimonios” a las uniones de parejas heterosexuales y “sociedades domésticas” a las uniones de parejas del mismo sexo, violaba la constitución estatal por dos motivos: la ley privaba a los gais y a las lesbianas de su derecho fundamental a casarse que fue establecido en muchos otros casos, y los discriminaba debido a su orientación sexual violando la cláusula estatal de igualdad de protección.

El sitio ProtectMarriage.com, manejado por los partidarios de una iniciativa electoral inminente para enmendar la constitución de California a fin de prohibir el matrimonio homosexual y anular la decisión de la corte, demuestra que la enmienda se está fomentando como una defensa contra las acciones ilegítimas de la corte, más que como una auténtica buena idea. Lo que se destaca es que la corte ha actuado en forma antidemocrática: cuatro jueces contra de la voluntad del pueblo.

La controversia radica en que la autoridad legítima para anular la legislación es el único aspecto que no se le puede cuestionar a la Corte. Qué constituye una clase discriminada, qué constituye una causa apremiante y cuáles son los límites del derecho fundamental al matrimonio son preguntas abiertas. Pero la cuestión que plantea si un tribunal actúa imprudentemente o excediendo su autoridad al anular la legislación que fue democráticamente promulgada se resolvió hace más de 200 años.

Rara vez se vuelve a sostener una revisión judicial en forma directa, pero un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos logró establecerla. En 1803, en el caso Marbury contra Madison, el Juez Marshall, presidente de la Corte Suprema, manifestó lo siguiente:

Si existe discrepancia entre dos leyes, los tribunales deben determinar el alcance de cada una. Por lo tanto, si una ley se contradice con la constitución, si tanto la ley como la constitución se aplican a un caso en particular, por lo que el tribunal debe decidir si pronunciarse sobre el caso conforme a la ley sin tener en cuenta la constitución o conforme a la constitución sin tener en cuenta la ley, el tribunal debe determinar cuál de estas normas en conflicto regula el caso. Esta es la esencia del deber judicial.

Sin intención de arruinar el suspenso, Marshall concluyó que todo conflicto debe resolverse conforme a la constitución, “sin tener en cuenta la ley”.

Este es precisamente el principio que ProtectMarriage.com ridiculiza: la Corte (en este caso, los cuatro jueces que conforman la mayoría de la corte) no sólo puede sino que debe pronunciarse sobre un caso “conforme a la constitución, sin tener en cuenta la ley” cuando existe una discrepancia entre ellas. Y la Corte tiene el deber de decidir en qué casos existe discrepancia. Cuatro jueces contra la voluntad del pueblo. Y aunque que la decisión de la corte de California se apoya en la constitución estatal en lugar de la constitución federal, el concepto de que la corte puede invalidar legítimamente una ley promulgada no es menos aplicable.

La revisión judicial no sólo es legítima sino que también tiene un historial de decisiones que han hecho enojar al pueblo en el momento pero que ahora parecen ser completamente obvias. Hace apenas 40 años, un grupo de jueces anuló una ley de Virginia que establecía que el matrimonio interracial era punible con encarcelamiento. Los jueces han anulado leyes de segregación de estudiantes en las escuelas, igual a leyes que prohibían los anticonceptivos y que permitían que las mujeres de 19 años de edad beban cerveza con bajo contenido de alcohol, pero que no permitían que los hombres de 19 años de edad lo hagan. El reconocimiento legal de matrimonios del mismo sexo es un nuevo avance en los Estados Unidos, pero permitir que los jueces anulen leyes que consideran inconstitucionales, sin importar lo populares que sean entre “el pueblo”, no lo es.

De hecho, la Corte anticipó esta objeción en el fallo y citó al juez Jackson en la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso West Virginia State Board of Education contra Barnette:

El objetivo de la Declaración de Derechos fue eliminar ciertas cuestiones de las vicisitudes de la controversia política, colocarlas fuera del alcance de las mayorías y de los funcionarios y establecerlas como principios legales a ser aplicados por los tribunales. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de culto y de reunión y otros derechos fundamentales no pueden someterse a voto; no dependen del resultado de elecciones.

Lo más sorprendente del fallo de California es su falta de innovación. No propone una nueva evaluación o norma novedosa como la del análisis del primer trimestre de embarazo en el caso Roe contra Wade o el derecho a la privacidad en el caso Griswold contra Connecticut. En este caso, la corte hace las mismas preguntas que han guiado a los casos de discriminación por décadas.

Es una cuestión que no puede resolverse en función de quién es honesto y quién no lo es. Tiene poco que ver con qué poder es conferido por ley a los tribunales contra “el pueblo”. La revisión judicial de la legislación es legítima; la enmienda constitucional por iniciativa electoral también es legítima. El problema de la iniciativa ya no radica en si el terreno de la democracia fue invadido por los jueces, más que en si el terreno de la corte está siendo invadido por el proceso de la iniciativa.

El problema de la iniciativa electoral radica en sus méritos fundamentales: si negarle a dos personas del mismo sexo que se aman el derecho al matrimonio es lo suficientemente justo, correcto, constructivo y crítico como para consagrar la constitución.

Linda Holmes es una escritora independiente en Washington, D.C. Previamente ejerció el derecho en el estado de Minnesota y se especializó en derecho laboral y redacción legislativa.

Referencias

Carroll, Jon. “Gay in Both Senses”. San Francisco Chronicle, 19 de mayo de 2008.

Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).

Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967).

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).

W. Va. St. Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624, 638 (1943).

Longshore y Acto de la Remuneración de los Trabajadores del Puerto

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Ley de Seguro de Compensación Para Trabajadores Marítimos y Portuarios

tas_center_headerbgLa Ley de seguro de compensación para trabajadores marítimos y portuarios (LHWCA, Longshore and Harbor Workers’ Compensation Act) fue promulgada por el Congreso en 1927 para brindar cobertura médica a los estibadores empleados en aguas navegables de los Estados Unidos. La LHWCA fue específicamente creada para satisfacer las necesidades de los estibadores empleados en los estados donde no disponen de la compensación para trabajadores o ésta no se aplica a ellos. Modificada en 1984 por el Congreso, actualmente la LHWCA se aplica a los trabajadores marítimos, además de los estibadores, que trabajan en aguas navegables y muelles o zonas aledañas realizando tareas relacionadas con la actividad marítima. A diferencia de la Ley Jones (Jones Act), la LHWCA no se aplica a los tripulantes y su objetivo es brindar compensación para trabajadores en los casos en que los programas de compensación para trabajadores no lo hacen.

¿Quién está cubierto por la ley LHWCA?

Cuando el Congreso modificó la LHWCA en 1984, los trabajadores que tradicionalmente estaban excluidos de su cobertura fueron entonces incluidos de acuerdo con el tipo de trabajo realizado y la proximidad del lugar de trabajo con respecto al muelle o a las aguas navegables. Mientras que si en el pasado un mecánico o un operador de grúas se lesionaba en un almacén terminal lejos de la orilla del agua se le habría negado la cobertura, actualmente, la LHWCA modificada brinda cobertura para ellos y para los siguientes tipos de trabajadores:

  • Cajeros
  • Trabajadores portuarios de construcción
  • Empleados que cargan y descargan mercadería
  • Trabajadores encargados de los equipos y herramientas
  • Mecánicos
  • Trabajadores de la plataforma fija de producción de petróleo
  • Trabajadores que reparan barcos
  • Trabajadores que desarman barcos

Las lesiones y la Ley de seguro de compensación para trabajadores marítimos y portuarios

La cobertura conforme a la LHWCA incluye beneficios médicos y por incapacidad. No sólo se encuentran cubiertas las lesiones sino también las enfermedades que se originan como consecuencia de ciertos tipos de trabajo. Por consiguiente, los trabajadores marítimos y estibadores que trabajan expuestos a químicos tóxicos pueden reclamar beneficios por condiciones médicas crónicas causadas por enfermedades relacionadas con la exposición tóxica.

Demandas conforme a la ley LHWCAYacht

Según la LHWCA, los trabajadores lesionados pueden recuperar los gastos médicos, los salarios perdidos y alguna otra compensación por gastos relacionados con las lesiones sufridas en el trabajo. Los trabajadores marítimos elegibles lesionados en el trabajo deben notificar al empleador dentro de los 30 días de ocurrida la lesión para reclamar los beneficios conforme a la Ley de seguro de compensación para trabajadores marítimos y portuarios. Como la LHWCA es un programa federal, también se requiere que los trabajadores lesionados presenten un reclamo por beneficios ante el Departamento de Trabajo dentro del año de ocurrida la lesión.

Responsabilidad de terceros y la Ley de seguro de compensación para trabajadores marítimos y portuarios

Además, según los términos de la Ley de seguro de compensación para trabajadores marítimos y portuarios, los trabajadores lesionados pueden llevar adelante una acción judicial por daños contra terceros negligentes (personas o partes distintas del empleador o compañeros de trabajo) que son responsables de las lesiones sufridas.

Reclamos de la ley LHWCA impugnados por el empleador

Si bien no es necesario demostrar la culpa o negligencia del empleador para recibir los beneficios conforme a la LHWCA, un empleador puede impugnar un reclamo. Si un empleador llegara a rechazar el reclamo de un empleado, se requerirá la mediación. Si las partes no pueden llegar a un acuerdo, un juez de derecho administrativo del Departamento de Trabajo llevará a cabo una audiencia y tomará una decisión vinculante.

Contratación de un abogado

Los términos y la aplicación de la Ley de seguro de compensación para trabajadores marítimos y portuarios pueden ser complicados. Es fundamental comprender cómo proteger sus derechos y no dejarse engañar o intimidar por el empleador. Antes de aceptar lo que le diga el empleador con respecto a si usted tiene motivos para iniciar un reclamo conforme a la ley LHWCA, es importante consultar a un abogado con experiencia que pueda asesorarlo sobre sus derechos y las opciones de las que dispone según la ley.