Acerca del ius soli (ciudadanía por nacimiento)

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Recientemente, el presidente Trump admitió que su administración está analizando sacar un decreto presidencial para poner fin al ius soli, o ciudadanía por nacimiento. Esta declaración dio lugar a una oleada de reacciones que van desde la confusión hasta la indignación. La Decimocuarta Enmienda parece recoger sin lugar a dudas el concepto de ius soli. Ratificada en 1868, dicha enmienda estipula que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residen”. El lenguaje llano de la enmienda parece establecer que cualquier niño que nazca en los Estados Unidos se vuelve automáticamente ciudadano estadounidense aunque sus padres no lo sean. Cuando la enmienda se ratificó, se excluyó solo a los hijos de diplomáticos y de los pueblos nativos de Estados Unidos (a los que más tarde se les concedió el derecho a la ciudadanía estadounidense bajo el amparo de la Ley de Ciudadanía Indígena de 1924 (Indian Citizenship Act of 1924). El ius soli se sometió a escrutinio en un caso de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, en el que a un descendiente chino, nacido en el país tras un viaje a China, se le prohibió volver a ingresar a los Estados Unidos. El fallo, emitido en una era de sentimientos agresivos hacia los chinos, defendió la idea de ciudadanía basada en el lugar de nacimiento en lugar de la sangre.

Sin embargo, este principio no es exclusivo de los Estados Unidos. En contraposición a las declaraciones de Trump en las que sostiene que solo Estados Unidos otorga el derecho a la ciudadanía por nacimiento a quienes nacen dentro del territorio, en la actualidad más de 30 países ofrecen algún tipo de ciudadanía amparada por esta figura. Estos países incluyen naciones de todo tipo de cultura y tamaño como Canadá, Lesoto, Argentina y Pakistán por decir algunos, aunque esta práctica es más controvertida en aquellos países que atraen grandes grupos de inmigrantes.

Algunos comentaristas conservadores han declarado que el presidente tiene derecho a eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto presidencial; sin embargo, este respaldo es limitado. La mayoría de los académicos (incluidos abogados constitucionalistas, como Laurence Tribe) dan por sentado que el ius soli solo puede eliminarse a través de una enmienda constitucional. La mayoría de los conservadores que respaldan la idea de poner fin a la ciudadanía por nacimiento no son tan extremistas, pero tampoco creen que el presidente deba hacerlo mediante un decreto presidencial. Sostienen que una ley sometida al Congreso y firmada por el presidente aclararía quién tiene derecho a adquirir la ciudadanía por nacimiento de conformidad con la Decimocuarta Enmienda. De acuerdo con los conservadores, el caso de Wong Kim Ark solo se refirió a la ciudadanía para los hijos de residentes legales y se necesita una ley o un fallo del Tribunal para determinar si la ciudadanía por nacimiento se extiende a los hijos de residentes que no están de forma permanente o legal en los Estados Unidos. Recientemente, el senador Lindsey Graham declaró que presentará una ley para enmendar la Constitución y eliminar la ciudadanía por nacimiento.

Es importante destacar que incluso quienes están a favor de la eliminación del ius soli proponen una ley en lugar de un decreto presidencial. A diferencia de la legislación (que puede aclarar o modificar una ley existente), un decreto presidencial tiene como objetivo imponer una ley existente en lugar de crear una nueva interpretación o cambiar drásticamente la interpretación actual. Si el presidente Trump insiste en poner fin a la ciudadanía por nacimiento a través de un decreto presidencial, es posible que esta medida termine en un largo y complejo litigio.