Las políticas y la legislación de centros para inyección de narcóticos supervisados

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La epidemia de opioides ha hecho que médicos y legisladores recurran a todo tipo de opciones en busca de soluciones. El Gobierno federal ha intentado impedir el acceso a los opioides y mejorar las opciones de tratamiento para los adictos. La comunidad médica ha recurrido a la capacitación especializada y a cautas prácticas de prescripción. Pero estas medidas no se limitan a organismos federales o profesionales médicos. A lo largo del país, los funcionarios de salud pública municipales han intentado hacer frente a la crisis de otras formas. Al menos trece estados y ciudades están considerando la implementación de centros de inyección “seguros” o supervisados, en los que se podría brindar supervisión médica y un lugar específico para que los adictos usen narcóticos.

Quienes proponen los centros de inyección seguros, argumentan que pueden reducir el índice y la frecuencia del uso de narcóticos, reducir el número de muertes, prevenir las sobredosis, conectar a los adictos con un tratamiento y controlar la propagación de enfermedades (como el VIH) relacionadas con el uso de narcóticos. Estos centros ya se han implementado en docenas de países. Ahora, varias ciudades de los Estados Unidos, que han sido víctimas de los efectos de la crisis de opioides, están tomando medidas para abrir centros similares. Filadelfia está considerando un centro de inyección seguro en el que los adictos puedan traer drogas que obtuvieron previamente e inyectárselas utilizando instrumental estéril. Otras ciudades, incluidas San Francisco, Seattle e Ithaca, están considerando medidas similares.

Sin embargo, a pesar de un respaldo cada vez mayor, la idea de centros de inyección seguros sigue siendo un tema controversial. Cuando Filadelfia anunció su intención de abrir un centro de prueba, el fiscal general adjunto Rod Rosenstein dijo que un plan de este tipo violaría las leyes de drogas federales y que se enfrentaría a una rápida represalia por parte del Gobierno. Rosenstein advirtió que el centro haría que las leyes municipales entraran en conflicto con las leyes federales, con lo que insinuó que el interés de la ciudad en reducir las muertes relacionadas con el uso de opioides, no superaba el interés federal de mantener leyes penales coherentes.

Este desacuerdo entre las intenciones de reforma municipales y las leyes federales no es más que el último frente en la guerra contra las drogas. En los últimos años, las leyes estatales en materia de drogas se han vuelto más flexibles conforme más estados han aprobado el uso medicinal (y recreacional) de la marihuana. El establecimiento de centros de inyección seguros es tan solo la última controversia en el ojo público.