Tras un año del #MeToo (#YoTambién): Sus implicancias sobre la legislación

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En octubre de 2017, un polémico informe de periodismo de investigación, en la revista The New Yorker, puso al descubierto la extensión y gravead de las acusaciones por agresiones sexuales contra el magnate cineasta Harvey Weinstein. Mientras algunos lectores manifestaron no poder creer que semejante comportamiento pudiera haber pasado inadvertido durante tanto tiempo, muchas lectoras comenzaron a compartir sus relatos sobre agresiones y acoso. Así nació el movimiento #MeToo, para destruir a hombres poderosos del gobierno, del mundo del entretenimiento, de los deportes y empresarial, y para hacer notar las limitaciones de la forma en que la ley procesa y resuelve las denuncias de acoso y agresión sexual. En comparación con toda la atención que recibió el movimiento inicialmente, a un año de su creación, las implicancias legales del #MeToo no están claras.

Según un estudio realizado por la organización The Pew Charitable Trusts en julio de 2018, la respuesta legislativa al #MeToo fue positiva. Según el estudio, seis estados aprobaron nueva legislación para abordar cómo se han utilizado los acuerdos de confidencialidad para restringir las demandas por acoso sexual. Las nuevas leyes en estos estados pusieron fin a esas restricciones. Según los términos, un acuerdo de confidencialidad puede impedir a una víctima de acoso sexual hacer una denuncia penal o iniciar una demanda, o incluso hablar de cualquier acuerdo al que se haya llegado en un litigio, o bien hablar del litigio en sí. Este silencio contractual puede perpetuar este acoso en el tiempo: si una víctima de acoso o agresión sexual tiene prohibido hablar al respecto, el agresor tiene vía libre para acosar a nuevas víctimas. Los seis estados que han aprobado legislación relacionada con los acuerdos de confidencialidad –Arizona, Maryland, Nueva York, Tennessee, Vermont y Washington– han encarado el asunto de diferentes maneras. Por ejemplo, la ley de Arizona no impone una prohibición total de los acuerdos de confidencialidad, pero estipula que no se puede apelar a estos acuerdos para que las víctimas no puedan iniciar causas penales por haber sufrido una agresión. Sin embargo, el proyecto de ley de Washington estableció que no se puede obligar a un empleado a firmar un acuerdo que preventivamente prohíba hacer denuncias por acoso sexual, como condición para su contratación. Washington también dejó sin efecto los contratos existentes de este tipo.

Las respuestas al #MeToo han tomado otras formas: derivaron en investigaciones de agresiones del pasado y en nuevas políticas para abordar el comportamiento abusivo. Por ejemplo, algunos estados han intentado solucionar la demora en las pruebas de los kits de violación: Alaska asignó casi tres millones de dólares para ponerse al día con las pruebas, y Carolina del Norte implementó un sistema de seguimiento de los kits de violación (aunque la legislatura de este último estado no asignó recursos para esta tarea). Por otro lado, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, la legislatura en la mayoría de los estados ha sido diligente en cuanto a las políticas para casos internos: actualizaron o implementaron políticas relativas a las denuncias sobre acoso o agresión sexual que involucraban a legisladores y sus empleados. Estas medidas sugieren que el #MeToo está teniendo cierto impacto sobre la ley.

Sin embargo, estudios más recientes señalan que este impacto es menor de lo esperado. Según una investigación realizada por USA Today, el incremento de la legislación relacionada con el acoso y la agresión sexual respecto del año pasado es leve. Entre octubre de 2017 y octubre de 2018, se aprobaron 261 proyectos de ley sobre este asunto, en comparación con los 238 proyectos que se aprobaron el año anterior. Solo dos de esos proyectos abordan más de un tema: Vermont prohíbe el uso de acuerdos de confidencialidad para evitar denuncias de acoso sexual y ofrece protección ante casos de este tipo, tanto a contratistas independientes como empleados; mientras que Delaware aprobó una ley en virtud de la que la responsabilidad también recae sobre los empleados que no toman medidas ante denuncias de acosos sexual, refuerza la prohibición de las represalias y permite que el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos (US Department of Labor) inicie investigaciones nuevas. Mientras estas medidas son prometedoras, la singularidad relativa implica que la ley aún tiene un largo camino por recorrer para responder al impacto del #MeToo.